El jueves pasado se realizó una audiencia preliminar al juicio que debía comenzar el próximo martes contra exdirigentes del gremio de recolectores de residuos, Surrbac, en el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1). Los principales acusados son Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, quienes manejaron –alternando roles– el sindicato, la mutual Amsurrbac y la obra social Ossurbac.
La novedad es que procuran evitar el juicio abierto. Hay siete acusados de asociación ilícita, defraudación y usura, que ofrecieron pagar en concepto de “reparación integral del daño” un total de 814 mil dólares. Si el tribunal lo acepta, implica el sobreseimiento o perdón judicial para todos. Es decir que se cerrará el expediente sin que ellos sumen antecedentes penales en su contra después de una enorme tarea de investigación que lleva más de cinco años.
Los ofrecimientos. El monto mayor lo aportarían, en partes iguales, Saillén y Catrambone. Son 750.000 dólares, distribuidos del siguiente modo: 70.000 dólares para el sindicato –que ellos siguen manejando a pesar de la intervención–; 30.000 dólares para el querellante particular, Venancio Ferreyra, y 650.000 dólares para destinar a una institución de bien público. En el listado incluyeron la Universidad Nacional de Córdoba, por la situación de crisis económica que atraviesa; al Plan de Manejo del Fuego, por los incendios forestales en la Provincia o a cualquier otro organismo que el tribunal considere pertinente.
El resto de los aportes ofrecidos son los siguientes: Juan Carlos Delgado –tesorero del gremio–, 50.000 dólares; Juan Manuel Riba –contador de la mutual–, 8.000 dólares; Juan Manuel Krainbuhl –tesorero de la mutual–, Osvaldo César Medina –contador y asesor– y Daniel René Ayerbe, 2.000 dólares cada uno. Esto completaría la cifra de 814.000 dólares. Todo a pagar en un plazo de 60 días y según la cotización del dólar MEP.
El fiscal general, Maximiliano Hairabedián, objetó las propuestas. Consideró que hay razones de “interés público” por lo que los hechos delictivos deberían debatirse en un juicio abierto. En un debate abierto en una causa de tal complejidad, se pueden conocer los roles, analizar las pruebas y determinar cada una de las responsabilidades. Si se aceptan los montos ofrecidos se cerrará la causa sin condenas.
En lo que respecta a los 750.000 dólares ofrecidos por Saillén y Catrambone, Hairabedián sostuvo que ellos presentaron documentación con certificación de un contador para acreditar capacidad económica suficiente. Pero, opinó que no hay un estudio de trazabilidad para tener certezas del origen del patrimonio del que saldrá ese dinero.
En efecto, todavía se encuentra en la etapa de instrucción la otra parte de la acusación referida al lavado de activos. Hay una enorme lista de bienes muebles y autos de lujo que habrían adquirido con las ganancias espurias del manejo en el gremio.
Las querellas particulares, por el denunciante Venancio Ferreyra y la intervención del Surrbac, convalidaron las propuestas de los acusados.
Un fallo reciente anticipa el voto de uno de los jueces
Para este juicio, el TOF está integrado por los vocales Jaime Díaz Gavier (presidente), Julián Falcucci y José Fabián Asís.
Este último dejó sentada su posición crítica a la aplicación de la “reparación integral del daño” en causas complejas, como la que atañe a los dirigentes del Surrbac.
Fue en un proceso muy reciente, donde los empresarios de la firma de helados Grido llegaron imputados por evasión tributaria. En ese expediente, los acusados habían ofrecido pagar $240 millones para destinar a instituciones de bien público.
Cuando el TOF2 analizaba la propuesta, se promulgó la ley de blanqueo del Gobierno nacional de Javier Milei. Por aplicación de la norma más benigna, terminaron sobreseídos. El fallo no fue unánime.
En la sentencia, Asís –que integró el tribunal con las juezas Noel Costa y Carolina Prado– dejó clara su posición crítica. No sólo no concibió que debía aplicarse la ley de blanqueo, sino que tampoco cabía una solución alternativa prevista en el Código Penal, como la reparación integral del daño, por la naturaleza de la causa.
Así lo expresó:
“Resulta claro que la alternativa a la solución de los conflictos, en ámbito del derecho penal siempre se refieren a hechos de menor lesividad en determinados casos, permitiendo orientar los recursos hacia la investigación y juzgamiento de delitos de mayor gravedad y trascendencia social”.
Toda una definición que puede anticipar el contenido de su voto en el caso del Surrbac, cuya complejidad luce expresa.
El negocio de la basura
La investigación judicial incluye maniobras que se extendieron por 10 años, desde 2009 al 2018. Mauricio Saillén y Pascual Catrambone están acusados de encabezar una asociación ilícita enhebrando actividades que perjudicaron al gremio Surrbac, a la mutual y la obra social. Obtuvieron enormes ganancias a partir del otorgamiento de “ayudas económicas” a los afiliados que, lejos del altruismo, fueron créditos a tasas usurarias muy por encima de las que percibía el sistema financiero.
También generaron empresas proveedoras del municipio que estaban a sus nombres o de familiares. Los rendimientos fueron derivados a sus patrimonios personales. Adquirieron viviendas de lujo –hay una decena y media de inmuebles con medidas cautelares–, una larga lista de autos de alta gama –varios fueron secuestrados–, mostraban públicamente una vida de lujos y viajes onerosos al exterior.
De ese esquema participaron los acusados mencionados. Pero, además de todo lo que se analizó en el expediente del gremio y sus organismos satélites, hay otros dos que atañen al enorme y espurio “negocio de la basura en Córdoba”.
Las otras patas son las irregularidades en los manejos de la empresa estatal Crese y delitos penales tributarios de Cotreco.
La primera se encuentra en la etapa de juicio también en el TOF1, la restante todavía navega sin rumbo por diferentes tribunales. El año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal revirtió el sobreseimiento que había dictado el Juzgado de primera instancia beneficiando a los empresarios.
