Cinco organizaciones de la sociedad civil expusieron ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) la preocupación por el desmantelamiento de programas y áreas para prevenir la violencia contra las mujeres y la comunidad LGTBIQ+.
Solicitaron al gobierno respuestas, pero los delegados de la Nación que acudieron a la audiencia del 14 de noviembre pasado en Washington, solamente alegaron falta de atribución presupuestaria. Se comprometieron a incluir una adenda en el futuro presupuesto para subsanar la limitación de fondos y recursos.
El freno que puso el gobierno al tratamiento del presupuesto nacional 2025 implica, entre muchos otros aspectos, también una falta de corrección sobre el desmantelamiento de estas políticas.
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En Córdoba, hay implicancias directas que ya se pueden mesurar:
Hubo una disminución sustancial de envíos de tratamientos anticonceptivos. A modo de ejemplo, mientras el año pasado la Nación envió 1,5 millones de preservativos para distribuir; en el primer semestre de este año sólo fueron 200 mil. Lo mismo sucedió con tratamientos hormonales o dispositivos intrauterinos.
Se eliminó la Dirección de Géneros y Diversidad, por lo que tampoco hay envíos de tratamientos de hormonización.
Desde enero, no se envió ningún tratamiento de misoprostol y mifepristona (Combipack) para garantizar el cumplimiento de la ley de interrupción legal del embarazo.
Córdoba se quedó en el intento de sumarse al plan ENIA (Embarazo No Intencional en Adolescentes). Si bien el programa se había creado en el 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, la provincia firmó su adhesión en abril del año pasado. El objetivo es bajar la tasa de embarazo adolescente. Argentina alcanzó una tasa de 25 cada 100.000 habitantes que la colocó como un faro en la región donde es sensiblemente superior, 67 cada 100.000 habitantes. Con la llegada del gobierno de Javier Milei, el plan no existe más y son las provincias las que trabajan para suplir los recursos que deja de aportar la Nación.
Otra baja muy sensible es la del programa Acompañar que también fue anulado. Consistía en un apoyo económico equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por seis meses a las personas que se encontraban en situación de violencia familiar y de género. Era un complemento a los diferentes programas con que cuenta la Provincia, de alto valor para las víctimas. Ya no existe más. En todo el país, en el primer trimestre de este año 2.462 mujeres solicitaron el Programa Acompañar. Apenas 434 recibieron ayuda.
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Argentina fue el único país en votar en contra de la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, frente a 170 votos a favor y 13 abstenciones en la asamblea general de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) expusieron información que evidencia sobre el grave retroceso en las políticas públicas destinadas a atender y erradicar la violencia de género, y a garantizar el acceso a servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva.
Las organizaciones solicitaron que la Comisión lleve adelante una visita al país para observar la situación y elaborar un informe, dada la gravedad del retroceso.
