Las radios FM en Argentina han estado atrapadas en un limbo legal durante décadas, constituyendo una deuda histórica que el Estado debe saldar con urgencia. Detrás de cada emisora con permisos precarios (PPP), medidas cautelares y otras acciones protectivas, hay una realidad humana que incluye emprendedores, trabajadores y familias sumidos en la incertidumbre, sin la seguridad jurídica que deberían tener para ejercer su actividad de forma plena y legítima. Estas emisoras son transmisoras de información y a la vez motores de diversidad, cultura y empleo. Su desarrollo ha sido obstaculizado por la falta de un marco legal definitivo.
El economista peruano Hernando de Soto, autor del libro El Otro Sendero, sostiene que “la propiedad es más que un título, es una fuente de valor”. De Soto es uno de los más relevantes economistas del mundo, que ha dedicado su tarea a demostrar cómo los derechos de propiedad sólidos fortalecen la cultura capitalista de las sociedades. Esta visión es particularmente relevante en el contexto de las radios FM en Argentina. La licencia definitiva, como consolidación del derecho de propiedad, no sólo otorga un documento legal fuerte, sino que crea estabilidad, fomenta la inversión y asegura un marco sólido de derechos.
En este sentido, la precariedad jurídica que afecta a las FM les niega la posibilidad de crecer y mejorar, acceder al crédito, y priva al país de un sector de radiodifusión robusto y dinámico que podría contribuir a la pluralidad y al desarrollo social.
Un país de propietarios: el paradigma del desarrollo del sano capitalismo
El paradigma de la defensa de los derechos de propiedad que defiende Hernando de Soto debe aplicarse también a las radios FM, que han quedado afuera de un sistema de derechos, como ya explicamos, que les permita ser verdaderas propietarios de las frecuencias que operan y obtener la licencia definitiva, como sí la tienen los prestadores de Radios AM, los canales de TV abierta y algunas FM.
El Estado argentino, al no ofrecer licencias definitivas, perpetúa una situación de permisividad precaria, negando la posibilidad de integrarse a un país donde todos puedan ser propietarios y ejercer sus derechos con confianza.
En Argentina, no hay ninguna explicación lógica para que estas miles de emisoras FM tengan que operar en condiciones legales inestables, sin un marco de propiedad formal. Este contexto no afecta únicamente a los radiodifusores; también a los ciudadanos que dependen de estas emisoras para acceder a información local, educación y cultura y a miles de pequeños pueblos y localidades donde esas radiodifusoras son las que les acercan información y entretenimiento propio de sus características culturales y realidades regionales.
Las libertades de expresión y de prensa, consagradas en la Constitución Nacional no pueden ser relegadas a un segundo plano. La inestabilidad jurídica de las mismas violenta el espíritu de nuestra Constitución respecto a los derechos de los argentinos de ejercer toda industria lícita.
La deuda del Estado y la urgencia de la desregulación
El marco regulatorio actual ha dejado a estas radios en desventaja, mientras otros medios de comunicación, especialmente los que operan por Internet, gozan de total libertad y seguridad, dependen de la calidad de su programación y la aceptación del público para financiarse. Internet es una “patria liberada” de trabas, de burocracia y de manipulación administrativa.
Los organismos estatales correspondientes a esta materia han fallado en su responsabilidad de garantizar igualdad de condiciones entre las emisoras FM tradicionales y los medios digitales, lo que ha generado una competencia por un lado sana por la diversidad de expresiones, estilos musicales, corrientes de opinión diversas, pero por otro lado para las antiguas FM es un despropósito la situación inestable.
Es hora de que el estado argentino reconozca esta deuda histórica y avance hacia una desregulación normativa que permita a las radios FM obtener licencias definitivas y operar con derechos de propiedad plenos. Obviamente, eso parte también de reconocer derechos adquiridos por los que, de modo pacífico, constante y conocido, llevan adelante esas transmisiones.
En el actual contexto de cambios políticos que promueven la desregulación de diversas actividades económicas y sociales, éste es el momento ideal para que el Estado argentino resuelva la situación de las FMs de modo permanente y definitivo. El lema “Desregulación normativa de las FM - Regulación técnica del uso del éter” refleja lo que se necesita: una normativa que elimine la incertidumbre jurídica que afecta a estas emisoras, al tiempo que se garantice una regulación técnica adecuada que permita un uso eficiente y equitativo del espectro radioeléctrico.
Un derecho constitucional que no puede esperar
La inacción del Estado no ha perjudicado solamente a los radiodifusores. También ha afectado el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y adecuada, como lo establece el artículo 42 de la Constitución Nacional. El derecho a la libertad de prensa y expresión es un pilar fundamental de nuestra democracia, y debe aplicarse de manera equitativa a todos los medios de comunicación, incluidas las radios FM.
La “libertad de imprenta”, consagrada en la Constitución como expresión de la libertad de prensa, debe extenderse al ejercicio de la radiodifusión sonora, permitiendo que estas emisoras operen con plena seguridad jurídica y con derechos de propiedad definitivos.
La Constitución no protege a la industria gráfica sino a la libre difusión de las ideas y que los pensamientos se difundan por la prensa escrita, por la radiodifusión o por Internet. El Estado tiene la obligación de garantizar que las radios FM puedan ejercer su actividad en igualdad de condiciones que la prensa escrita o los medios digitales. De hecho en Argentina, el Decreto 1.279 (noviembre de 1997) del Presidente Carlos Menem, establece que “se declara comprendido en la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión al servicio de Internet”, siendo un país de avanzada en esa materia. Con lo cual la cadena de protección de esa garantía, que alcanza a todas las expresiones de difusión de ideas, solamente es débil en la parte de las FMs con permisos precarios, lo cual es una evidente injusticia.
El rol de las iglesias, las ONG, las cooperativas y el sistema educativo
La adecuada regulación de las FM debe ayudar también a normalizar a las que pertenecen a diversos cultos, que integran el Registro de Cultos de nuestro país, para que lleven adelante de modo regular su actividad pastoral como lo hacen hasta ahora, ya que muchas de ellas tienen las mismas limitaciones e incertidumbres que el resto de las FM.
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Del mismo modo, y en esta normalización, deben también ser incluidas las ONG, las cooperativas, mutuales y centros educativos para perfeccionar sus derechos a ser prestadores de medios de comunicación electrónicos fortaleciendo la pluralidad, ya que, aunque es posible hacerlo por el modelo de “streaming” y utilizando plataformas como YouTube, hay zonas del país en las que es imprescindible utilizar la transmisión propia de la radiodifusión.
El impacto social y económico de regularizar las FM
La normalización de las licencias de las radios FM resolvería una deuda histórica y tendría un impacto social y económico relevante en todo el país. Al otorgar licencias definitivas, se garantizará la seguridad jurídica necesaria para que estas emisoras puedan invertir en tecnología, mejorar sus servicios y expandir su audiencia. Además, se fomentaría la creación de empleo y el fortalecimiento de las economías locales, especialmente en las regiones más alejadas de los grandes centros urbanos.
El impacto del derecho de propiedad en la creación de valor, como señala Hernando de Soto, es incuestionable. Al regularizar las emisoras FM, el Estado estaría otorgando derechos y oportunidades a miles de argentinos que dependen de este sector para su sustento.
Saldar la deuda para contribuir a ser un país de propietarios
La deuda del Estado argentino con las radios FM es innegable, y resolverla ayudará al pluralismo informativo. Es ésta la oportunidad. Es ahora, y si no es ahora, ¿cuándo? Hay que avanzar hacia una solución definitiva, otorgando licencias que brinden estabilidad y derechos de propiedad plena a las emisoras FM.
En un país que busca ser un país de propietarios, las emisoras FM no deben quedar al margen. Como ya dijimos, la desregulación normativa y la regularización técnica del espectro radioeléctrico son pasos esenciales para garantizar ese futuro estable y próspero para estas emisoras
El intento frustrado de 1996: una oportunidad perdida
En 1996, Argentina vivió el último intento serio de normalizar el sector de las radios FM a través de la Resolución 142/96, emitida por la Secretaría de Comunicaciones, a mi cargo. Esta norma tuvo como objetivo resolver la ya descripta incertidumbre jurídica que afectaba a miles de emisoras en todo el país, tal como ya describimos, asignando a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) la tarea de ejecutar el Plan de Normalización de las FM. Sin embargo, lo que parecía un paso lógico y necesario hacia la regularización fue frustrado por trabas burocráticas y conflictos internos de poder.
El ex COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), conocido por ser un organismo históricamente politizado y burocrático, planteó un conflicto de competencias que detuvo la implementación de la resolución. El COMFER, al sentirse desplazado de su influencia en la administración de la competencia de temas de radiodifusión, bloqueó la aplicación de la norma, lo que derivó en un estancamiento que hasta hoy sigue afectando a miles de prestadores de servicios de FM. Luego, el tristemente célebre AFTIC, creado por la Ley de Medios y su sucesor ENACOM, tampoco tuvieron voluntad de afrontar la totalidad de la problemática.
A más de tres décadas de aquel momento, está claro que la norma dictada en 1996 era una solución lógica y coherente con la necesidad de regularizar las emisoras de FM. El conflicto de competencias, generado artificialmente por el ex COMFER, solo sirvió para retrasar lo inevitable: la necesidad de una solución justa y definitiva que otorgue licencias a las radios FM, permitiéndoles operar con derechos de propiedad plena y seguridad jurídica.
Recuperar el espíritu de 1996: hacia una normalización definitiva
Este traspié evidencia cómo la politización y la burocracia pueden frenar avances cruciales para la sociedad, perpetuando la precariedad de miles de emisoras que, hasta el día de hoy, no han encontrado la estabilidad que necesitan. La Resolución 142/96 de la Secretaría de Comunicaciones, si hubiera sido implementada, habría resuelto gran parte de los problemas que aún hoy afectan al sector, permitiendo que las radios FM operaran en un marco de legalidad y propiedad formal.
Hoy, el país necesita recuperar el espíritu de normalización definitiva con un enfoque actualizado que resuelva definitivamente este tema y que garantice que las radios FM puedan ejercer su actividad en un entorno de seguridad jurídica y plena legalidad. Saldará así esta deuda con los miles de emprendedores que con su capital, trabajo, colaboradores de todo tipo, conforman una enorme familia. Que no se apaguen sus voces y que tengan plena vigencia. Como se dice popularmente, ”hay que ponerle el cascabel al gato”. Los vientos de desregulación que hoy corren son la gran oportunidad.
Fuente: Resolución 142/96 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación (Infoleg)
(*) Ex Secretario de Comunicaciones de la Nación
