La Fiscalía analizó la información bancaria contenida en la respuesta de la Autoridad Central de los Estados Unidos, todos los movimientos bancarios y quiénes los hicieron. Esos datos se cotejaron con las intervenciones telefónicas y los resultados de las pericias sobre los teléfonos celulares de los integrantes de la financiera ilegal.
Con ese mapa se pudo determinar la identidad de quienes operaron elevadas sumas de dinero en dichas maniobras conocidas como “operaciones de cable, compensación o conciliación de cuentas”. Consisten en transferencias internacionales desde y hacia las cuentas bancarias que Azar y su gente manejaban en los Estados Unidos de América y su correspondiente compensación con la recepción o entrega de dólares en billete en la sede de la financiera con sede en el Complejo Vistalba, ubicado en Av. Laplace 5442, oficina 213, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba.
Concretamente, se identificó a cada uno de los remisores y destinatarios de los giros, utilizando herramientas como ‘Open Corporates’, ‘NOSIS’, Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y boletines oficiales del exterior, además de la información que ya se tenía en la Justicia en el expediente principal sobre la financiera de Azar.
La pesquisa –sobre la cual se llevan adelante numerosas indagatorias en las últimas dos semanas– contiene abundante prueba, tales como imágenes de transferencias extranjeras realizadas, de cheques extranjeros recibidos para ser posteriormente depositados en los Estados Unidos y hasta conversaciones telefónicas con los clientes.
Los empresarios imputados por evasión agravada y los respectivos montos que habrían sacado o ingresado al país eludiendo controles fiscales son: Christian José Flores (US$ 7.171.479); Luis Alberto Crespo, de Endeavor Program Management Inc (US$ 574.626); Ezequiel y Alejandro Hayes Coni de H&H Oufitters SA (US$ 1.636.176 y U$S 1.257.415); Hugo Bianchi, del restaurante Il Gatto (US$ 725.000); Marcos Manuel Vidal Lascano (intermediario); Agustín Martínez (US$ 605.796); Juan Ignacio Maggi, del Grupo Jean SA (US$ 605.100); Juan Carlos Rabbat, fundador de la Universidad Siglo 21 (US$ 600.000); Eduardo Daniel Salerno (US$ 551.330); Rafael Amuchástegui y Daniel René Hernández (US$ 480.000); Juan Pablo Enseñat, de Medialunas calentitas, y Paola Bianchi (US$ 330.000); Sebastián Fernández (US$ 307.020); Raúl Pedro Ropolo (US$ 280.000); Tomás Frontera Aliaga (US$ 273.366); Horacio Francisco Sebastián Durán Barrionuevo (US$ 270.313); Matías José Mayor Gavier (US$ 262.000); Santiago Andrés Clapera (US$ 237.256); Franco Agustín Chulfaian (US$ 233.500); Julio Eduardo Páez (US$ 328.325); Jorge Mohammed Mur Badrán, de Acord Group SRL (US$ 225.538), y Alberto Rodolfo Rufino (US$ 578.000).
En las dos últimas semanas el juez subrogante del Juzgado Federal 1, Alejandro Sánchez Freytes, inició las indagatorias.
Caso Grido, un faro para los evasores
En agosto de este año, el Tribunal Oral Federal 2 aplicó la ley más benigna y sobreseyó a los dueños de la empresa Helacor SA que fabrica y comercializa los helados Grido.
Cuando estaban próximos a ser juzgados por delitos tributarios, sus defensores solicitaron a los jueces la aplicación retroactiva de la Ley de blanqueo 27.743 y el decreto reglamentario 608/2024, ambos del actual gobierno nacional de Javier Milei.
Por mayoría, el TOF2 concedió la solicitud y dictó la extinción de la acción penal. El fallo no estuvo exento de debate. Uno de los vocales votó en contra, en severos términos, y el fiscal general Carlos Gonella recurrió en casación. Todavía no hay definición de la Cámara Federal de Casación Penal.
Es posible que los defensores del caso Azar intenten la misma vía. Resta esperar la actitud que adoptará el juez Sánchez Freytes.
