El gobierno nacional planteó públicamente la intención de remover del Código Penal la figura femicidio que existe en la normativa argentina, sin nombrarla expresamente. La vida de una mujer no vale más que la de un hombre, es el argumento que expuso el presidente Javier Milei y respaldó en redes sociales el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
Añadieron el concepto de igualdad, contrapuesto al supuesto privilegio de las mujeres ante los hombres, por la protección especial que contemplan las normas vigentes.
En nuestro país, la ley 26.791, sancionada el 14 de noviembre de 2012, reformó el artículo 80 del Código Penal para criminalizar de modo agravado los homicidios vinculados con la violencia por razones de género. Sin mencionarlo expresamente –como sucedió en otras legislaciones– se introdujo la figura del femicidio.
La ONU tiene registros del fenómeno. Según el sitio Chequeado, el documento ‘Asesinatos de mujeres y niñas por razones de género (femicidio/feminicidio)’ del organismo internacional, señala que si bien el 81% de los homicidios en todo el mundo se cometen contra varones y niños, las mujeres y las niñas se ven afectadas por la violencia homicida en el ámbito privado. “Aproximadamente el 56% de todos los homicidios de mujeres son cometidos por sus parejas íntimas u otros miembros de la familia, mientras que sólo el 11% de todos los homicidios de hombres se cometen en el ámbito privado”, señala el reporte. Hay causas culturales evidentes que muestran la asimetría en la relación.
Perfil Córdoba entrevistó a tres ciudadanos comunes que juzgaron y condenaron a femicidas en Córdoba.
Natalia Soria y Pablo Solsona integraron el tribunal en la Cámara 4ª del Crimen en el juicio que condenó a prisión perpetua a Fabián Alejandro Romero por el homicidio de su pareja, la ciudadana chilena Margarita Bascuñan Sánchez.
El ataque se produjo en la vivienda que compartían en Salsipuedes. El tribunal –por unanimidad– consideró acreditado que Romero la golpeó en la cabeza, lo que provocó su desvanecimiento y posterior muerte en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba.
En tanto, Marta Onorato integró junto a la Cámara 6ª del Crimen el tribunal que condenó a Santiago Campos Matos por el femicidio de Anahí Bulnes, una trabajadora sexual que tuvo un encuentro con él.
El caso tuvo gran repercusión pública porque estuvo rodeado de detalles escabrosos referidos al hecho y a la personalidad del victimario.
Los integrantes del tribunal sostuvieron que no hubo dudas de que se trató de un femicidio, pese a que “no hay cuerpo, no hay autopsia y tampoco testigos”. Quedó acreditado con certeza que Campos Matos trozó el cuerpo de Anahí y lo sacó de su vivienda arrojándolo en contenedores de basura. “Una situación reveladora de la enorme cosificación de la víctima por parte del acusado, en el contexto de violencia de género del delito”, dijeron en la sentencia.
A los tres jurados se les propuso responder dos preguntas:
1-¿Qué significó intervenir como jurado en un juicio por un femicidio?
2-¿Qué opinión tiene sobre la propuesta del Gobierno nacional de sacar el agravante de violencia de género del Código Penal?
A partir de ellas, los jurados reflexionaron sobre el impacto del proceso judicial en sus perspectivas y opiniones sobre la violencia de género y el poder ejercido sobre las mujeres. Mostraron diferentes puntos de vista, pero expresaron unánimemente preocupación por la posible eliminación de la figura de femicidio, considerando la iniciativa oficial como un retroceso en la lucha por la igualdad y la visibilización de la violencia contra las mujeres.
Natalia Soria (administrativa, 45 años).
Destacó que “fue una responsabilidad gigante” actuar como jurado. “Una cosa es cuando uno lo ve desde afuera o toca de oído el tema y otra es cuando tiene que atravesar el proceso, que es durísimo”, señaló Soria. “Para nosotros, ciudadanos comunes que no estamos en la diaria de lo que es un juicio, es una experiencia que nos aporta mucho porque antes de entrar al debate se hace una capacitación. La idea es no ejercer ninguna clase de favoritismo para ningún lado. Nos tenemos que basar en la evidencia. Y si hay una mínima duda siempre va a ser a favor de la persona que está siendo juzgada, porque en realidad no sabemos si es o no culpable”, explicó.
Destacó que, al estar totalmente fuera del proceso previo de la investigación judicial, aportan una “mirada externa”.
A la segunda consulta, respondió: “Sobre la figura de femicidio me parece que está muy bien. En la capacitación que nos dieron incluyen esto de la diversidad, de la inclusión. Yo tengo más de 40 años y cuando era niña muchos de estos términos no existían”.
Destacó “las diferencias” que subsisten. “Estamos viviendo una etapa en que queremos la igualdad entre las mujeres y los hombres, pero tenemos muchas diferencias, como la fuerza física; por eso tiene que existir una protección a la mujer. También está la parte psicológica y el poder que puede ejercerse sobre una mujer”, finalizó.
Pablo Solsona (empleado de imprenta, 46 años)
Llegó al juicio conociendo qué era un femicidio. “No tenía una definición exacta pero sí sabía qué era. En ese sentido, participar como jurado no me modificó la forma de pensar porque tenía una idea más o menos formada”, afirmó.
“A nosotros nos dijeron que actuemos con el sentido común y que los tecnicismos y las cuestiones más legales las iban a hacer los jueces; decir si el acusado es culpable o inocente es la función del jurado popular. La calificación legal y los agravantes le corresponden a los jueces”, explicó Solsona sobre la función específica que cumplió.
También analizó los aspectos que evidenciaron la asimetría de poder entre la víctima y su victimario. “A medida que iba avanzando el juicio, veíamos que él sí influía sobre ella, había una cuestión de poder” sobre la víctima, explicó.
Opinó que “no hay que sacar el femicidio de la ley”. “Primero, hay que ver de quién vienen esas palabras, vienen de alguien que ha mostrado muchas actitudes misóginas. A partir de ahí, lo que dice no me sorprende”, dijo en relación al presidente Milei.
En ese sentido, añadió que “está muy mal quitar el agravante de violencia de género” y explicó la razón: “La lucha feminista de años sirvió para visibilizar un poco la violencia que se ejerce sobre ellas”. “Es un retroceso, espero que no lo logre, porque no sólo es una cuestión de agravar penas; sino que es una forma de visibilizar las violencias sobre la mujer”, subrayó.
Marta Onorato (psicóloga, 43 años)
Participó del juicio que terminó con condena a Santiago Campos Matos por el asesinato de Anahí Bulnes.
“Fue muy impactante hacer todo el recorrido hasta el dictamen final, donde se lo declaró culpable. Vimos todo lo que antecedió a la muerte de Anahí. Para todos los que participamos como jurados fue muy impactante por la vulneración de esta mujer, por lo expuesta que estaba ella”, señaló Onorato.
“Su familia hizo todo para que se descubriera qué había pasado. Siendo una trabajadora sexual, lo más probable es que a otras mujeres les haya pasado lo mismo, que hayan estado también vulnerables y expuestas a esto. Y aquí viene la respuesta a la segunda pregunta: sacar la figura del femicidio como agravante me parece de muchísima ignorancia, de un desconocimiento teórico de todas las investigaciones, de todo el trabajo de reflexión y de profundización que se viene haciendo”, razonó.
los 12 jurados que estábamos compartiendo, había muchas personas que no tenían conocimiento y el juicio fue una instancia de aprendizaje. Yo estaba conmovida por la conciencia que tienen en el tribunal. Para mí fue muy esperanzador y ahora cuando escucho esto (que se busca derogar la figura de femicidio) es dar marcha atrás, me quita la esperanza”, reflexionó.
