En la Justicia Provincial, hay por lo menos cuatro casos en los que diferentes jueces o fiscales intervienen porque chicos de escuelas secundarias de Córdoba editaron fotos de compañeras y las viralizaron, vendieron o subieron a sitios pornográficos. El cuadro es preocupante por las consecuencias que provoca en las víctimas y por la reiteración de situaciones similares.
Las acciones judiciales dependen de los casos. En la mayoría interviene la ayudante fiscal Marina Victoria, de la Unidad Judicial (UJ) de Violencia de Género, que los aborda como contravenciones. También, juezas de Violencia de Género que, por lo general, toman las medidas cautelares como prohibición de acercamiento entre el victimario y las víctimas.
Y, tal como informó la semana pasada PERFIL CÓRDOBA, un episodio llegó a la Justicia Penal con consecuencias gravosas para un joven de 18 años que fue imputado por lesiones graves contra compañeras menores de edad cuyas imágenes habría subido a un sitio pornográfico.
Es decir que la Justicia Provincial tiene una multiplicidad de fueros desde donde investigar o abordar la problemática.
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En la actualidad hay cuatro expedientes judiciales sobre hechos de similares características. Escuelas donde varones utilizan las imágenes de compañeras, alterándolas e imprimiéndoles connotaciones sexuales, con inteligencia artificial, para viralizarlas y hasta comercializarlas.
En el programa ´Con el diario del lunes´ que se emite por Canal 10 la ayudante fiscal Marina Victoria alertó sobre las graves consecuencias que están acarreando los episodios que llegaron a la UJ. “Esto no es un chiste, puede tener consecuencias en las víctimas, en un caso se hizo pericia y se comprobó que hay lesiones graves”, afirmó.
En los últimos tiempos, el uso de redes sociales ha generado este fenómeno donde, se ha superado lo que era el “photoshop”. Victoria recalcó que con aplicaciones de inteligencia artificial es "imposible detectar si las imágenes son reales o simuladas, porque las hacen perfectas”.
Las lesiones psicológicas son causadas por el impacto emocional en las víctimas y, si hay problemas previos, puede agravar el cuadro.
Consultada sobre por qué suceden estos hechos, la funcionaria fue contundente: para los chicos comienza como una broma. “Está bien que se dé publicidad a estos casos para que los jóvenes tomen conciencia de que les pueden generar consecuencias institucionales y penales”, indicó y subrayó que “es mucho más que una falta de conducta”.
Victoria aclaró que hay vías diferentes. En la faz administrativa, el colegio debe decidir qué hace. La justicia se ocupa de la investigación. Y el Juzgado de Violencia toma medidas cautelares o preventivas.
La funcionaria también opinó que “se debe adecuar la ley”. El acoso digital es una contravención, que es plausible de una multa o trabajo comunitario, algo desproporcionado al daño. que “deja en la víctima sabor a poco”.
“La ley Olimpia -de protección de derechos digitales- es meramente declarativa, falta que se incorpore en el Código Penal para que existan sanciones más efectivas”, agregó la funcionaria.
