Una excadete de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba fue abusada en la madrugada del 19 de mayo del 2019, durante una fiesta en una vivienda particular, por dos cadetes de cursos superiores. Uno de ellos se quitó la vida un día antes de ser juzgado por ese hecho y el otro fue condenado a tres años de prisión condicional en un juicio abreviado.
La víctima de esta historia es Ángeles (se omite su apellido para resguardar su identidad), actualmente tiene 26 años.
Además de padecer el abuso que probó y condenó la Justicia provincial, ella vivió un calvario en la institución que depende de la Fuerza Aérea Argentina. Cuando decidió denunciar lo sucedido, las autoridades y profesionales que debían contenerla pusieron en duda sus dichos, intentaron que desististiera de acusar a los abusadores y llegaron a aplicarle sanciones, hasta que le dieron la baja.
El trato que recibió evidencia ausencia de perspectiva de género y, más aún, la persistencia de prácticas y creencias habituales como la de que “acostarse con un superior permite ascender en la carrera militar”. Eso es lo que se lee en el fallo judicial que dispone procesar a profesionales y jefes –cuatro de ellas son mujeres– del organismo castrense.
Por el derrotero que padeció Ángeles se abrió una causa en la Justicia Federal. La semana pasada, el juez federal N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, dictó los procesamientos de cinco miembros de la Fuerza Aérea por esos hechos. Los considera responsables del delito de abuso de autoridad en un contexto de violencia de género.
Ellos son: la comodoro Cristina Malpartida (médica) exjefa del Escuadrón Sanidad de la Escuela de Aviación Militar y actual directora médica del Hospital Aeronáutico Córdoba; integrantes de la misma dependencia, la capitán Julieta del Valle Romero (médica) y la psicóloga Andrea Cecilia Berra. También fueron procesados el abogado Luis Ramiro Carranza Torres del área jurídica –ascendido en julio del año pasado– y el primer teniente Gerardo Ulises Moreno, del Escuadrón de Instrucción.
El hecho. El domingo 19 de mayo, cuando volvió a la Escuela de Aviación Militar después de su franco, Ángeles decidió relatar a las autoridades de la institución que dos cadetes de cursos superiores habían abusado sexualmente de ella. Ya había anoticiado a su familia. Su madre tomó el primer vuelo disponible y viajó a Córdoba para estar con ella.
Julieta del Valle Romero era la médica de guardia en el Escuadrón de Sanidad. La escuchó y al interrogarla le planteó que si mentía “podían sancionarla”, le preguntó “si estaba segura de lo que había pasado”.
Al día siguiente, fue entrevistada por Malpartida y Berra quienes le sugirieron que “pensara bien” porque estaba haciendo una denuncia “que comprometía a sus superiores”. Y a continuación la interrogaron sobre la fiesta donde se produjo el abuso, “cómo estaba vestida”, si le “parecían facheros” los victimarios y detalles íntimos del abuso.
Luego, debió repetir el relato ante el abogado Carranza, quien habría intentado persuadirla para que no formulara la denuncia penal en pos de “un supuesto cuidado de la institución”.
Mientras tanto, tardaba la atención que debían proporcionarle en el Hospital Rawson para recibir la medicación indicada en los protocolos médicos para los casos de abuso sexual, según le habían prescripto en el Polo de la Mujer. Hasta allí había llegado para denunciar lo ocurrido acompañada por su madre porque las autoridades castrenses no se lo permitían.
Al regresar fue aislada, no pudo concurrir a clases y en paralelo circularon comentarios sexistas en su contra. Le aplicaron sanciones y el hostigamiento continuó hasta que a mediados del 2021 resolvieron darle de baja. En la práctica fue expulsada de la Escuela de Aviación Militar.
Cuando judicializó esta secuencia hasta su desvinculación, la Justicia Federal ordenó la reincorporación de la cadete, pero la medida cautelar no se concretó.
Ángeles se fue a vivir a Estados Unidos. Regresó en octubre del año pasado para asistir al juicio contra sus abusadores que terminó en condena.
Un ideario militar que resiste
El fallo del juez Sánchez Freytes subrayó siete cuestiones que acreditan –con el grado de probabilidad que requiere el procesamiento– el hecho y la responsabilidad penal de los cinco oficiales. Las enumeró del siguiente modo:
◆ Demoraron y obstaculizaron la salida de la cadete para realizar la denuncia penal correspondiente.
◆ La forzaron a relatar los hechos más de cinco veces, sometiéndola a interrogatorios innecesarios, con cuestionamientos revictimizantes y estigmatizantes, intentando convencerla de no denunciar y “desprestigiar” la escuela.
◆ La presionaron para que no formulara la denuncia penal, “en un claro abuso de poder”, señala el juez.
◆ Obstaculizaron la aplicación del protocolo posviolación, demorando la presentación en el Hospital Rawson para la ingesta de los antirretrovirales.
◆ No le permitieron el ejercicio de sus derechos como víctima en el expediente que se juzgó en la Justicia provincial por el abuso sexual. No le daban permisos para asistir a tribunales para averiguar sobre el trámite de la causa.
◆ La maltrataron con hostigamiento, llegando al tope de sanciones a la cadete inmediatamente después de la denuncia penal del abuso sexual, hasta darle la baja de la escuela. Al ejercer su defensa, los imputados negaron los hechos y cuestionaron la conducta de la víctima. El juez rechazó tales argumentos advirtiendo que no se juzgaba la carrera militar, sino la forma en que las autoridades se comportaron a partir de la denuncia de un hecho de extrema gravedad, como fue la violación que sufrió Ángeles.
