Desde hace dos años, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) elabora un ranking sobre la eficacia de actuación de los Ministerios Públicos Fiscales (MPF) de todo el país. El último informe refiere a 2022, con datos consolidados por provincia, sobre la cantidad de causas penales que ingresaron al sistema judicial y en cuántas se alcanzó una resolución.
El MPF de Córdoba no figura en el ranking. El Inecip incluyó un solo dato de esta provincia: en el 2022 ingresaron al sistema penal 328.170 causas. La cifra figura en la Memoria Anual publicada en julio del año pasado en su página web.
Fue imposible incluirlo en la tabla porque falta saber en cuántos casos las causas llegaron a ser resueltas por la aplicación de condenas, por suspensiones de juicio a prueba o algún otro tipo de acuerdo reparatorio.
Julián Alfie, subdirector ejecutivo de Inecip, fue consultado por PERFIL CÓRDOBA sobre la carencia de información. “Muchos MPF del país, para no personalizar en Córdoba, no están acostumbrados a rendir cuentas a la ciudadanía respecto a cómo gestionan la conflictividad, cómo representan a las víctimas”, destacó. Y agregó: “Hay una cultura institucional de opacidad”.
Este medio también intentó obtener una explicación de la Fiscalía General, pero no hubo respuesta.
Inecip encaró este proyecto para conocer cuán eficaces son los Ministerios Públicos Fiscales. Y si, en base a las estadísticas, se perfilan nuevas políticas criminales que den respuestas a la sociedad sobre los conflictos que la aquejan. A esta altura no hay toma de decisiones intuitivas sino en base a datos
La búsqueda tampoco es caprichosa. El relevamiento procura determinar cuántas respuestas dieron las fiscalías durante el 2022 y que éstas sean de impacto sobre el control de la criminalidad. Una condición necesaria, no suficiente, para que eso suceda es que se hayan impuesto la realización de algún tipo de acción por su participación en el delito. Estas salidas implican reconocimiento de responsabilidad (formal o informal) y consecuencias de las acciones.
Esto significa que los sectores victimizados han recibido alguna compensación –en sentido amplio– por los daños sufridos, lo cual no necesariamente implica una condena, pueden ser también probation (suspensión de juicio a prueba) o acuerdos reparatorios a las víctimas.
Córdoba no fue la única que aparece “sin datos”. Tampoco respondieron ni exponen la información en sus páginas web Tucumán, San Juan, Tierra del Fuego, Misiones, Formosa, La Pampa y Santiago del Estero.
Sin embargo, Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero y Tucumán son provincias con sistemas acusatorios consolidados. “Esta falta de transparencia activa (no publicar) y pasiva (no responder pedidos de acceso a la información) es una grave violación al derecho a la información pública, reconocido en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, destaca el informe.
Los que sí se midieron. Con un mejor desenvolvimiento, puntean el ranking Jujuy, Río Negro, Neuquén y Mendoza. En el pelotón de abajo están La Rioja, Corrientes, Santa Cruz y San Luis.
No obstante, cuando se observa el indicador, incluso en el mejor de los casos como es Jujuy, el resultado es muy pobre. Menos del 20% de las causas que ingresan tienen una resolución que no sea el archivo.
“Lo que revela el índice es que ocho de cada 10 casos quedan sin respuesta de calidad”, explica Alfie y aclara: “Hay muchas provincias con un grave problema sobre los registros de la información. Cuentan como ingresos penales y no lo son, ya que pueden ser contravencionales u otro tipo de casos.
Santa Fe es una de las provincias que definió los ingresos y cuenta lo que es realmente un delito. Por eso bajó la cantidad de ingresos”, precisó al destacar que con el correr de los años todos van aprendiendo a medir mejor
—¿Por qué es importante la estadística?
—Para tomar decisiones de política criminal. Si no se saben contar los datos más básicos, es imposible gestionar bien y tomar decisiones de calidad.
—¿Es válido hacer un ranking comparando datos de provincias con sistemas procesales diferentes?
—Sí, es válido. Lo que se mide es la capacidad de respuesta. Lo que le ingresa al MPF de Córdoba tiene herramientas para gestionarlo. Si lo comparamos con los sistemas adversariales más modernos, como hay en la Patagonia, tienen mayor cantidad de herramientas; pero lo que se mide es la capacidad de cada sistema. El objetivo es hacer un diagnóstico e impulsar las reformas necesarias para mejorar. No nos metemos en un análisis cualitativo de cada provincia. Esto es un punto de partida
