El ministro de Justicia de la Provincia, Julián López, admitió que el sistema carcelario “está atravesando una situación de estrés” porque las proyecciones indican que en el 2024 se duplicará el crecimiento anual de la población en los penales cordobeses. Mientras en la última década, la cifra subía cada año entre el 8% y el 10%, en 2024 se calcula que la cantidad de detenidos crecerá el 20%. L
a estimación no es caprichosa. Encuentra sobrados argumentos, como el crecimiento de la pobreza que impulsa el índice de delitos, fenómeno que se da también en el resto del país.
A ello hay que agregar las nuevas políticas criminales fijadas por la Fiscalía General. En los últimos meses, al criterio de reincidencia, donde los aprehendidos quedan en prisión si tienen antecedentes penales, se sumó el de “reiterancia”. Esto permite a los fiscales dictar prisiones preventivas a delincuentes sin condenas previas, pero que ya habían ingresado al sistema judicial anteriormente. Se evita así la denominada “puerta giratoria”.
Y se suma un tercer factor. La puesta en marcha de un sistema integral de flagrancias, que genera no sólo más aprehensiones, sino sentencias judiciales más ágiles.
Entrevistado en el programa ‘Con el diario del lunes’, el ministro López aseguró que cada proyección estadística “va acompañada de un plan de obra pública”.
Actualmente se levanta en Bouwer el nuevo módulo M3 con una superficie cubierta total de 24.617 metros cuadrados sobre un predio de casi 120 m2. Tendrá capacidad para 896 internos condenados distribuidos en 488 celdas y diferenciados en pabellones comunes, atenuados y de preegreso.
Según la información oficial aportada a PERFIL CÓRDOBA, se trata de una estructura con áreas técnicas, locutorios para abogados y videollamadas, habitaciones para visitas íntimas, lavadero, cocina general y economato. También tendrá una escuela. El avance de obra alcanzó el 45%.
También hay ampliaciones en el Establecimiento Penitenciario N°6 (EP6) de Río Cuarto y en el EP2 de Cruz del Eje, donde se sumará –en cada caso– capacidad para un centenar de internos. López señaló que la mayoría de las provincias tienen la misma problemática del aumento de población de sus cárceles.
Lo diferencial, en el caso de Córdoba, es que no hay detenidos en comisarías, algo que sí ocurre en otros distritos. Eso explica también la dimensión creciente de los penales.
NÚMEROS. Actualmente hay unos 13.500 internos en todas las cárceles cordobesas. Si a ese número se suman las personas alojadas en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), en el sector de admisión de Bouwer y en el Complejo Esperanza, el total supera las 15.000 personas.
Hace una década, en todas las cárceles provinciales los detenidos eran 6.347. La mera comparación evidencia la impactante expansión de la población carcelaria.
Las últimas cifras señalan que, en 2022, había 10.914 detenidos; en 2023 la cifra creció a 12.451 –14% más–, y en el primer semestre del 2024 alcanzó la cifra 13.489 internos en los penales provinciales. Por eso la proyección hacia fin de año es que el crecimiento alcance un 20%.
JULIÁN LÓPEZ: Para acabar con la corrupción “hay que romper una matriz”
Durante la entrevista, el ministro de Justicia admitió que hay un proceso “de depuración” interna, “aprovechando las investigaciones judiciales que llevan adelante los fiscales Enrique Gavier y Juliana Companys”.
Hasta ahora hay más de 20 funcionarios penitenciarios imputados –la mayoría presos– por actos de corrupción que alcanzan hasta la cúpula que dirigió la fuerza de seguridad, gobernada durante una década y media por Juan María Bouvier.
López destacó a la conducción actual, a cuya cabeza está Carolina Funes, “junto a un equipo que tienen que devolver la jerarquía que supo tener el Servicio Penitenciario”.
Consultado sobre si hay autocrítica desde la gestión política del SPC que consolidó el poder del ahora preso Bouvier, López afirmó: “Claramente se ha destapado un nivel de corrupción interna que desconocíamos; nadie podría haber acompañado por años a funcionarios que, ahora está claro, no cumplían con su deber”.
Sobre qué significa la depuración, aseguró que “no es un cambio de nombre, hay que romper una matriz”.
“Estamos cambiando los protocolos de actuación, incorporando más personal civil, sumando proceso de innovación tecnológica que permitirán mayor trazabilidad de los internos, los beneficios a los acceden para romper la discrecionalidad con que se daban”, concluyó.
REGISTRO ÚNICO DE REINCIDENCIA
A fines de septiembre se firmó un convenio entre el Ministerio de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal, que permitirá migrar los datos de personas con condenas al Registro Único de Reincidencia. El trámite agilizará la obtención de los antecedentes penales que requieren los fiscales sobre cada persona detenida. Lo que hoy demora hasta una semana, podrá conseguirse en ocho horas. En seis meses calculan poder contar con esta nueva herramienta
