La principal bancada opositora en la Unicameral, con despliegue territorial de los departamentales, aportará su voto positivo junto al oficialismo para ratificar por ley el acuerdo de traspaso de obras de Nación a la provincia, que firmó el gobernador Martín Llaryora con la administración de Javier Milei, en el marco del ‘plan motosierra’ del poder libertario.
El acuerdo marco en materia de obras públicas entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía y la Provincia de Córdoba, que se rubricó en Casa Rosada el 12 de junio pasado, obtuvo despacho de mayoría de la comisión de Obras Públicas y Vivienda y, de esa manera, llegará al recinto para su aprobación en la sesión del miércoles próximo que también promete ser maratónica.
En el marco del tratamiento del convenio Nación-Provincia, desde la bancada de legisladores de la UCR le adelantaron a PERFIL CÓRDOBA su voto de apoyo a lo firmado por Llaryora con la administración libertaria, aunque fijaron condiciones con el foco puesto en las 167 obras a municipios que forman parte del anexo 3 del expediente a ratificar por ley.
El acuerdo macro contempla un universo de 226 obras –encapsuladas en tres anexos– que, en algunos casos venían siendo financiadas por la Nación y en otros, ejecutadas por el Gobierno nacional en Córdoba antes de la llegada al poder de Milei con su plan motosierra.
De las 34 obras del anexo 1 que pasan a la provincia para su continuidad y finalización, se destaca la más emblemática del convenio. El gobierno de Llaryora se hará cargo de los dos tramos que faltan (1 y 3) de la ruta 19 para completar la autopista San Francisco - Córdoba.
Según se aportó durante el debate en comisión con la participación de funcionarios provinciales, el tramo 1 de la autovía tiene tan sólo un 5% de avance de obra. Su ejecución demandará cerca de 2 años, mientras que el tramo 3, que registra más avance, se terminará en un año y medio. Caminos de las Sierras estará a cargo de los trabajos y luego de su concesión a través del peaje.
Por otra parte, en cuanto a las obras de la autovía Holmberg – Río Cuarto y la circunvalación en la ciudad de Villa María, la Nación se comprometió a finalizarlas junto a otras 23 obras en distintos puntos del territorio mediterráneo que integran el anexo 2 del convenio. De todos modos, la provincia introdujo una cláusula para absorberlas en el caso de retraso o incumplimiento de la administración central.
Unicameral: el PJ mira con buenos ojos cómo se parte Juntos por el Cambio en el voto a voto
La madre de la batalla
Debido a su impacto en lo local, más allá de que no son de gran envergadura, resulta vital para los municipios y comunas que se dé cumplimiento a las 167 obras que forman parte del anexo 3. Se trata de plantas potabilizadoras, redes de agua potable, saneamiento, cordón cuneta, pavimentación y adoquinado de calles, entre otras.
La particularidad del caso es que son acuerdos directos de los gobiernos locales con la Nación, sin la participación de la provincia. Sobre este paquete de obras que representa el 10% del acuerdo marco, el gobierno de Milei ya anunció su “discontinuidad”. Ante lo cual se abre una instancia de discusión a raíz de la demanda de los intendentes de que se cumpla con lo pactado.
Entre los jefes comunales que ya fueron a tocar las puertas de Casa Rosada se comenta que “no hay respuesta”. “En Nación nadie está autorizado para firmar. Están sentados sobre la caja”, admitió una voz con tonada cordobesa. “(Luis) Caputo no va a soltar nada hasta que ellos armen la estructura partidaria” en los distritos, fustigó.
Por el “no hay plata” de Milei, el poder central se desentendió de este conjunto de obras que “cambian realidades locales”, en dichos de un intendente. Con lo cual, la discusión se traslada a la provincia. Por lo pronto, en el Ejecutivo cordobés hay silencio.
La única declaración que se conoció, sin mayores precisiones, la aportó el secretario de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Infraestructura, Gabriel Testagrossa. Según sus dichos en la comisión, la provincia analizará caso por caso con los municipios y comunas la situación de las obras para encontrar una solución a su finalización. “No fueron claros”, dijo en su queja la legisladora Inés Contrera (UCR).
“No vamos a dejar de dar la lucha en buscar que estas 167 obras que tienen que venir para el municipalismo sigan viniendo”, afirmó a PERFIL CÓRDOBA el titular del Foro de Intendentes Radicales, Rubén Dagum.
De acuerdo a comentarios de los jefes territoriales, las obras que están avanzadas por sobre el 80% se finalizarían. Las que están por debajo, será cuestión de una negociación. “Vamos a hablar con la provincia y con la Nación, defendiendo la autonomía que cada uno tiene en los convenios que se hayan firmado”, señaló Dagun.
Tras la ratificación por ley del acuerdo Nación-Córdoba, el intendente de Almafuerte expresó que esta cuestión se trasladará a la Mesa Provincia-Municipios, sobre la base del paso al costado del gobierno libertario. “Hay muchas que están en ejecución y no pueden, según nuestro criterio, abandonarse”, remarcó.
De las 167, hay obras que están paralizadas, otras tantas están neutralizadas, una especie de paraguas para que no se caiga el convenio por plazos de ejecución. En menor medida, algunas fueron terminadas con recursos propios de los municipios. Ahí se abre otra discusión.
“Las obras tienen que llegar al municipio. ¿Por dónde? es un problema secundario. Lo que el municipio firmó con la Nación (o la provincia en el medio) el municipio tiene que hacerse de esas obras que las planificó y las está ejecutando”, sentenció Dagun.
En la Unicameral
Al adelantar el voto positivo al convenio, el jefe del bloque UCR Matías Gvozdenovich, expresó el apoyo al gobernador Llaryora “para que la obra pública continúe, pero también que siga en los municipios y comunas”. En ese marco, planteó condiciones: respetar el rol de los legisladores departamentales de la UCR y una compensación para los gobiernos locales que finalizaron las obras con fondos propios.
“Tenemos muchos municipios y comunas representados por los legisladores departamentales para que haya un acuerdo que sea productivo y eficiente para la provincia, pero también para cada municipio”, destacó el radical al poner el foco en la función de los parlamentarios territoriales para que sean parte del acuerdo.
“Vamos a defender cada obra de nuestros municipios. Que se cumpla en cada departamento las obras que estaban comprometidas por la Nación”, enfatizó Gvozdenovich. En tanto, Contrera pidió que se prioricen las “necesidades reales” de los distritos más allá del color político del jefe comunal. A su vez, afirmó que la UCR ejercerá su tarea de control “para seguir de cerca el cumplimiento de las obras”.
Por su parte, el jefe del bloque oficialista, Miguel Siciliano, destacó la decisión de la administración Llaryora “de hacerse cargo de las obras que Nación tiene en provincia y se encuentran paralizadas”.
“Nuestro gobierno no ha parado el plan de obra pública a lo largo y a lo ancho de la provincia; es un signo más de la salud con que gozan las cuentas provinciales”, sostuvo el peronista y subrayó: “No sólo es sinónimo de progreso”, sino que además “es signo absoluto de trabajo”.
“Festejo que la provincia no sólo no pare el plan de obra pública propia, sino que también haya decidido continuar con la obra pública que Nación descontinúa en nuestra provincia. No parar es esto; avanzar es esto; progresar es esto”, concluyó Siciliano.
