Alejandro ´Jano´ Pedrosa continuará detenido en Bouwer, imputado por participar de una asociación ilícita que estafó a adquirentes de lotes del barrio Santa Lucía, ubicado sobre Ruta 5 camino a Alta Gracia.
Así lo resolvió la Cámara de Acusación al rechazar el pedido de los abogados defensores Juan Manuel Araoz y Gabriel Pognante para revocar la prisión preventiva dictada primero por el fiscal que investiga la causa, Enrique Gavier, y confirmada luego por el juez de Control, Milton Peralta.
Con el voto de la jueza Patricia Farías, al que adhirieron los vocales Mario Capdevila y María Susana Beatriz Blanc Gerzicich, la Cámara de Acusación rechazó el planteo.
La causa investiga una asociación ilícita de la que habrían participado también Raúl Bizocchi, el escribano Gonzalo Argarate, el abogado Omar Llamil Badrán, entre otros. En el expediente se plantean 68 hechos de estafa. Sin embargo, sostiene la jueza Farías “el perjuicio no se reduciría a los 68 adquirentes de los lotes, sino también, según la hipótesis fiscal, a los más de 380 propietarios particulares originarios”.
Al argumentar la confirmación de la prisión preventiva, también destacó que los imputados en la causa se presentaban a los inversores como representantes de las sociedades que habían sido propietarias del loteo en sus orígenes.
“Falsificaron numerosos documentos e iniciaron trámites administrativos para aparentar licitud. Además, utilizaron diversos recursos técnico-jurídicos y constituyeron diversas sociedades y fideicomisos a los fines de diferenciarse de las sociedades loteadoras originales y evitar responder personalmente por los incumplimientos”, se lee en el fallo.
La justicia valoró que mostraron “desprecio por el sistema judicial (penal y civil), registral y catastral provincial, diseñando una sofisticada trama de instrumentos públicos, poderes, estructuras jurídicas y presentaciones sólo en apariencia regulares por ante los organismos públicos encargados de su tutela”.
Al ponderar los elementos para decidir que Pedrosa continúe en prisión, Farías recordó que el empresario violó una medida cautelar de no innovar sobre la fracción del loteo originario a nombre de Mi Valle SA. Conocía que no debía realizar ningún movimiento y, sin embargo, lo hizo.
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También valoró el hecho de que, conociendo la irregularidad en la que se encontraban todas esas tierras sobre las que se levantó Santa Lucía, dio directivas respecto de la licencia ambiental para ‘disfrazar’ el proyecto y vendérselo a reconocidos desarrollistas ”para ganar todos”, como se lee en un intercambio de mensajes con Bizocchi.
La Cámara de Acusación analizó el pronóstico punitivo: “En función de la naturaleza de los hechos, la modalidad comisiva, el elevado perjuicio económico ocasionado (estimado en US$ 50.000.000), la cantidad de víctimas, los medios utilizados para cometer los hechos –el grado de premeditación, organización y gran complejidad–, la duración de la organización ilícita y las demás circunstancias valoradas por el fiscal y el juez de control –a las que cabe remitirse en honor a la brevedad–, cabe estimar que en caso de ser declarado responsable, la condena que recaiga en su contra estará alejada del mínimo de cinco años”.
Al considerar que hay riesgo procesal resolvió que continúe detenido.
