En el Panal crece la preocupación por la reiteración de investigaciones judiciales con policías acusados de diferentes delitos. Durante la mañana de hoy habrá una importante reunión entre funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la Fiscalía General de la Provincia. El motivo: pedir que se activen y avancen todos los expedientes que tienen a miembros de la fuerza denunciados.
El gobierno quiere separar la paja del trigo y saber con qué efectivos cuenta. En público, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, dice una y otra vez que “quien se aparte medio centímetro del obrar dentro de la ley va a dejar de pertenecer a la fuerza de manera inmediata”.
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La reunión entre el fiscal General, Juan Manuel Delgado, y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, será al mediodía. Fue confirmada a este medio por fuentes de ambos organismos.
Hay muchos expedientes sin detenidos -no tienen la misma prioridad de los que tienen presos- que quedan quietos a pesar de contar con policías involucrados. En el gobierno quieren depurar la fuerza. Para eso solicitarán que los fiscales reactiven las investigaciones donde haya efectivos sospechosos. El mensaje es tolerancia cero al delito.
La última causa que salió a la luz tiene a un cabo de la Policía de Córdoba acusado de integrar una banda dedicada a las estafas virtuales. Ayer, la fiscal de Delitos Complejos, Valeria Rissi, ordenó su detención y lo imputó por el delito de asociación ilícita.
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El fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Juan Avila Echenique dispuso la detención de otro policía el miércoles pasado a quien imputó por abuso sexual agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de una persona que trabaja en la comisaría.
La fiscal Lourdes Quagliatti investiga al comisario inspector Mario Ariel Véliz, denunciado por un subalterno por discriminación, homofobia y hostigamiento psicológico.
En Río Cuarto, el fiscal Javier Di Santo imputó y detuvo a un comisario por abusar sexualmente de una detenida en la comisaría y se sumaron luego otras cinco mujeres que lo denunciaron por hechos similares.
La semana pasada una empleada contratada civil del centro de monitoreo del 911 resultó acusada de ser quien pasaba datos a una banda de ladrones.
La lista continúa. Los casos relatados son los últimos que tomaron conocimiento de la opinión pública.
Lo positivo de la situación es que el gobierno no está censurando la publicidad de los sucesos en los que caen los hombres de la Policía. Muchos casos son informados explícitamente.
La duda que queda en ámbitos del Órgano de Control de las Fuerzas de Seguridad, que interviene en la faz administrativa, es por qué hay tantos hechos.
Hay quienes insisten en la falta de capacitación a lo largo de la carrera. Otros se inclinan por pensar en que los controles psicológicos no son exhaustivos para detectar a tiempo perfiles de abusadores, por ejemplo.
En las fiscalías también tienen sus limitaciones: no es fácil investigar a policías con la misma Policía de Córdoba.
Posiblemente todos estos temas se pongan sobre la mesa este mediodía cuando se reúnan las cabezas del Ministerio Público Fiscal y de Seguridad.
