Mientras el poder libertario, a partir de los dichos del presidente Javier Milei, fogonea que el Congreso nacional apure el paso con la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años (de los 16 actuales), la Unicameral cordobesa sancionó la ley de procedimiento penal para menores que cometen delitos.
La nueva normativa, que recibió el apoyo casi unánime del cuerpo (salvo por la izquierda y el peronismo K), incluye un capítulo especial de reglas aplicadas a menores –no punibles– ante la existencia de delitos graves. De este modo, se incorpora la medida de “resguardo institucional”, un dispositivo que implica que el menor “no podrá externarse por su propia voluntad”, aunque no es coercitivo y con plazos estipulados por la ley.
Tras celebrar la sanción de la norma, que fue fruto de una amplia ronda de consultas con diversos sectores, operadores del sistema e integrantes del Fuero Penal Juvenil, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, sostuvo que la “normativa aporta claridad” y “permitirá abordar en mejores condiciones una realidad compleja”.
La funcionaria afirmó que la ley en materia de procesal penal juvenil “expresa una respuesta con fuerte criterio de realidad”, sin perder rigor técnico. “Resultado de ese trabajo de construcción colectiva es el consenso que obtuvo en el cuerpo, aprobado prácticamente por unanimidad, donde valoramos el aporte de todos los bloques parlamentarios”, destacó.
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Ante la necesidad de poner en sintonía los procedimientos penales con la realidad social de los adolescentes en conflicto con la ley penal en medio de la complejidad de la temática, la titular de la cartera que tiene a su cargo la Senaf valoró el “equilibrio” de la norma.
“Expresa un justo equilibrio entre los derechos de los niños y niñas adolescentes como elemento central, el marco normativo internacional al que adherimos como país, el vacío legal de un verdadero sistema nacional penal juvenil, las necesidades del sistema judicial local para poder actuar dentro de la normativa vigente y las herramientas que necesitamos desde la política pública para abordar a los jóvenes que ingresan al mundo del delito a temprana edad”, aseveró.
A su vez, Montero advirtió el contexto social en que se enmarca dicha normativa: “Todo esto, en una realidad social atravesada por el consumo problemático, las dificultades de las familias para poder contener y cuidar frente al negocio del narcotráfico que encuentra en esas vulnerabilidades el resquicio para ganar más y más a costa de los más jóvenes, y la impotencia de la comunidad que ve que sola no puede y que con el Estado solo no alcanza".
A raíz de la consulta de Perfil Córdoba, la ministra se refirió a las reglas a aplicar –según la ley– ante la existencia de “delitos graves”. “Al incorporar un capítulo especial para jóvenes no punibles estamos dando una respuesta realista con medidas específicas bajo estándares internacionales, limitando el resguardo institucional a casos excepcionales –de acuerdo a delitos graves– y con plazos acotados”, dijo Montero.
