El exlegislador del PJ, Oscar González, declaró este miércoles por escrito y no respondió preguntas en la causa en la que está imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Declaración
"Efectivamente declaró, presentó un memorándum por escrito mostrando el origen de los bienes, de todos sus bienes y cuál fue el origen del dinero o de la venta de bienes que justifican la adquisición de todos ellos", confirmó el abogado defensor de González, Miguel Ortiz Pellegrini.
"Hay un tema que me parece que vale la pena recordar. Cuando nos intimaron el año pasado, nos dijeron que debíamos hacer justificación de todo lo que tenía desde que nació a esta parte. Nosotros dijimos que eso era nulo porque era genérico y violaba absolutamente la garantía de la defensa, que se debe indicar en forma detallada cuáles son los bienes que implican el enriquecimiento", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.
"Con mucha sorpresa cuando nos intiman en el relato del hecho en el día de la fecha, notamos que ahora sí el señor fiscal (Maximiliano Hairabedian), hace un relato detallado de los hechos, lo cual indica que teníamos razón cuando planteamos la nulidad", argumentó.
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Por escrito
Cuando se le consultó si González había respondido preguntas, el letrado respondió: "No. Las pusimos todas por escrito".
"Lo único que teníamos que aclarar es el origen. Y lo hicimos", enfatizó Ortiz Pellegrini.
Además aseguró en declaraciones a El Doce que su defendido cumple la prisión domiciliaria "en una casa alquilada a nombre de su mujer" y que la vivienda está en esa condición "hace cuatro años".
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El caso González
El juez federal Miguel Vaca Narvaja ordenó el lunes la detención de González y le dictó una caución por 150 millones de pesos en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que no tiene relación con la denominada "Tragedia de las Altas Cumbres".
El exlegislador, de 77 años, permanece desde ese día detenido en su domicilio de Villa Dolores, aunque aún no se le colocó la tobillera electrónica.
Vaca Narvaja adoptó esa medida cautelar ante "el riesgo de entorpecimiento de la investigación" y fijo la caución en 150 millones de pesos teniendo en cuenta la inflación, "el tipo de delito que se está investigando y el monto involucrado en la causa".
