El caso de Oscar González, exlegislador provincial y exministro de Salud de Córdoba, sigue generando controversias a medida que se profundiza la investigación sobre su patrimonio y las acciones que tomó tras el fatal siniestro vial ocurrido en octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres.
La declaración jurada presentada por González en 2020, la transferencia de propiedades a sus hijos y la curiosa clasificación de su mansión en San Javier como “baldío” son algunos de los aspectos que llaman la atención de la justicia federal y la opinión pública.
Imputaron a Oscar González por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y pidieron su detención
En febrero de 2020, Oscar González presentó una declaración jurada ante la Legislatura de Córdoba en la que declaró un patrimonio de poco más de 4 millones de pesos, distribuido en 11 inmuebles. Sin embargo, el juez José María Estigarribia calificó esta declaración como “irrisoria” al compararla con el valor real de las propiedades.
Según el magistrado, “desde la óptica de una persona común con conocimientos mínimos de mercado, se advierte sin mayor esfuerzo que los bienes descriptos conforman un patrimonio de importancia tal que supera largamente la cifra declarada”.
Entre los bienes declarados, González incluyó una vivienda en Córdoba valuada en 924 mil pesos, cuatro departamentos en la capital provincial con valores que oscilan entre 35 mil y 800 mil pesos, y una casa en Villa Dolores por 50 mil pesos, cifras que contrastan con los valores de mercado actuales.
Transferencias sugestivas
Tres meses después del siniestro vial que se cobró la vida de la docente Alejandra Bengoa y dejó a dos adolescentes con graves lesiones, González transfirió dos de sus propiedades a sus tres hijos. El 8 de febrero de 2023, mediante una operación notarial, el exfuncionario puso a nombre de Oscar Martín González, Diego Raúl González y Ana Carolina González un departamento en Nueva Córdoba y una casa en Villa Dolores.
Estas dos propiedades son precisamente las que el juez Estigarribia ordenó embargar por un valor total de 22 millones de pesos, como parte de la demanda civil por 122 millones de pesos presentada por las víctimas del siniestro. Sin embargo, la transferencia de los inmuebles complica el proceso de ejecución de la medida judicial.
Además de estas dos propiedades, González habría transferido al menos otras cinco a sus hijos el mismo día, incluyendo un ostentoso departamento en Nueva Córdoba y un inmueble de 1.401 metros cuadrados en Villa Dolores.
La mansión de San Javier: un “baldío” de lujo
Uno de los aspectos más llamativos del caso es la mansión que González posee en San Javier, Traslasierra. Según los registros de Catastro Córdoba y Rentas, esta propiedad de más de 6 hectáreas figuraba como “baldío” en agosto de 2023, con un valor fiscal de apenas 192.820,95 pesos. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta descripción.
La casona, que perteneció a la condesa austríaca María Eugenia Wenckheim, cuenta con una edificación principal de aproximadamente 600 metros cuadrados, pileta climatizada, helipuerto y un parque exclusivo. Según expertos inmobiliarios, el valor de mercado de esta propiedad no sería menor a los 250.000 dólares.
La discrepancia entre la descripción oficial y la realidad del inmueble generó dudas sobre la transparencia en la declaración de bienes por parte de González. Extraoficialmente, fuentes de Catastro explicaron que la propiedad podría figurar como “baldío” debido a que no se habrían declarado las mejoras (superficie cubierta) en los registros.
Además de la causa penal por el siniestro vial, González enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Según la acusación del fiscal federal Maximiliano Hairabedian, el exlegislador no podría justificar su patrimonio con los ingresos declarados como funcionario nacional y provincial desde la década de 1990.
La transferencia de propiedades a sus hijos después del accidente ha sido interpretada como un intento de ocultar activos, lo que derivó en una imputación por presunto lavado de dinero. Aunque se solicitó su detención, la posibilidad de que sea domiciliaria debido a su edad (mayor de 70 años) sigue en evaluación.
