La obsesión por el equilibrio fiscal que se fijó como meta innegociable el gobierno libertario de Javier Milei viene cumpliéndose a rajatabla. Y aunque julio fue el primer mes con déficit fiscal financiero -por el pago de intereses de deuda- la decisión política de que los egresos no superen los ingresos se mantiene sin novedades con el transcurso de los meses.
Esa obsesión y definición política es la que explica el veto con que el ejecutivo nacional tumbará la nueva ley de cálculo de las jubilaciones que implicaría -según el propio Milei, unos US$370 mil millones durante los próximos años. Más allá de esos cálculos y los argumentos aritméticos del oficialismo el encadenamiento de superávit de estos meses se apoya, fundamentalmente, y en más de la mitad de su peso, por la conjunción de dos recortes:
-la fuerte licuación de jubilaciones y pensiones (cerca del 33% del recorte).
-el feroz freno a las partidas de obra pública, de distinto impacto y evolución en todo el país (cerca del 26% del recorte).
Son dos aspectos en los que el gobierno nacional insistirá, por distintas vías. Como se dijo, en el caso de las jubilaciones, vetando el nuevo marco legal para intentar mantener los egresos en valores que consideran manejables. En el caso de la obra pública, con el congelamiento de partidas, el cierre total de transferencias a provincias para obras y, en las próximas semanas, la revisión de los contratos iniciados. Todo en el marco de discusión con el gobierno por los montos de las deudas acumuladas.
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Para referentes de la Cámara Argentina de la Construcción, ya hay certificados de obras no pagados por más de $400.000 millones. Para el gobierno de Milei, esa deuda está muy por debajo de la mitad.
Con todo, la tensión escaló con la reglamentación de la Ley Bases y el paquete fiscal que establece numerosos cambios en la forma en que se definían algunas contrataciones, incorporó criterios internacionales que podrían acortar o alargar los plazos de las concesiones (si se determina que una empresa concesionaria tuvo un excesivo ingreso por rentabilidad se puede acortar el plazo de la concesión), y establece la revisión y la renegociación de los costos de las obras. Los criterios, dicen los empresarios, no están del todo claros.
“Con la reglamentación hubo algunos aspectos que son una modernización y nos acoplamos a criterios internacionales que ya se usan. Pero lo demás…es un espanto. El gobierno quiere avanzar en un programa de rescisión o continuidad de las obras. Por lo que entendemos, el gobierno está buscando actualizar los valores de las deudas contraídas, pero aplicando una quita del 30% sobre el total de lo adeudado para quien decida seguir. Además, que hay que renunciar a exigir moras, multas y costos operativos extras generados. El tema es que esto es obra por obra, no todas las obras van a tener la misma posibilidad de resolución, porque si vos tenes una obra para la que falta poco de terminar y te deben mucha plata, es posible que convenga terminarla y aceptar una resignación del 30% de lo que te deben porque si no la opción es ir a un juicio para intentar cobrarle al Estado en 20 años”, argumentó un empresario local que sigue de cerca las negociaciones entre las cámaras del sector y las autoridades nacionales.
La opción de que el gobierno ofrezca a las empresas un bono estatal, siguiendo la línea de lo trabajado para la deuda de Cammesa no estaría descartada, entre las cartas que baraja el ministro de Economía Luis Caputo. Y es otro foco de temor y tensión para los contratistas.
Aceptar seguir con las obras, sin exigir pagos por moras, y aceptando una quita del 30% de lo adeudado es algo que deberá definir cada empresa, en función no solo de su situación puntual, sino del horizonte financiero futuro y de la macro de un país piloteado por dirigentes que afirman que se puede prescindir de la obra pública o al menos redefinirla de raíz.
“Habrá que ver obra por obra, a lo mejor una empresa con dos obras distintas defina una cosa para un proyecto y otra para otro. Esto en principio es para unas 347 obras que ellos tienen identificadas como prioritarias y que quisieran seguir. Van a pelear la forma en que se siguen o no estás obras. Y hay otras 2.000 con otro nivel de prioridad. Hay muchas cosas que todavía no están claras”, reconocen los empresarios.
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En ese marco, esta semana las delegaciones provinciales de las cámaras empresarias se verán en Buenos Aires para analizar con sus equipos técnicos y legales las propuestas del gobierno. Hay dirigentes que saben que no podrán sostener la continuidad de las obras y para los que el camino de la contienda legal es el que se avizora. Una situación que, si se replica puede ser un auténtico dolor de cabeza para la gestión.
“Estamos halando de mucha plata, de muchas obras y de muchos contratos pactados. Yo no sé si no se dan cuenta, pero están sentando las bases para nuevos reclamos judiciales contra el Estado. Después se quejan del kirchnerismo, acá va a pasar lo mismo que con el reclamo de Repsol por YPF. Pero, además, mientras estos tipos siguen con el manual y la planilla de Excel de tener déficit $0 nada nos garantiza que las cosas van a tener algo de continuidad. Hay mucha gente que compra el discurso ese y aplauden que no haya obras, ¿pero si tenemos US$10 mil millones de soja, por donde los van a sacar?, ¿qué van a hacer cuando las rutas se empiecen a romper? ¿por dónde van a sacar el cobre? Infraestructura es mucho más que una ruta, un sanatorio, una escuela es infraestructura social. Hay muchos aplaudidores que confunden”, se quejan los empresarios del sector.
