A partir de mañana, Diego Martín Florindo y Fernando Darío Heyd serán juzgados en la Cámara 10a del Crimen por defraudaciones en dos desarrollos inmobiliarios. En un primer momento compraron un lote que pagaron con departamentos que se construirían allí y no se edificaron. Y en el otro, vendieron terrenos en un predio donde prometieron servicios de calidad, al nivel de un country, cuando ni siquiera tenían autorización para edificar porque es una zona categorizada como rural e industrial.
Hay una tercera persona imputada, Carlos Alberto Aristimuño, quien permanece prófugo en México.
La historia de sucesivas defraudaciones comenzó cuando Florindo trabajaba en una inmobiliaria ubicada en Nueva Córdoba. Allí tomó contacto con una familia que tenía un departamento en la calle Mariano Moreno al 200.
La situación de vulnerabilidad de sus dueños, por la edad y situación de salud, permitió el engaño. El primer tramo de la estafa sucedió en el apoderamiento ilegítimo de ese inmueble.
El segundo ocurrió cuando la misma familia les vendió una fracción de otro terreno ubicado en el camino San Antonio. Convinieron que el pago se haría con la entrega de tres departamentos que se iban a edificar en Mariano Moreno al 200.
Cuando el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier elevó a juicio la causa, señaló: “Con este conjunto de acciones programadas, parificadas y convergentes, los confabulados lograron desapoderar los inmuebles sitos en calle Mariano Moreno y camino San Antonio”.
Así, Florindo y Heyd comenzaron a comercializar como un loteo y futuro country el predio de camino San Antonio. Se presentaban como dueños y prometieron servicios de categoría. Hay 30 familias damnificadas, de las cuales una decena fue a la Justicia.
La mayoría son representadas por la abogada Karina Zeverín. “Adquirieron terrenos en el loteo Solares del Sur, de buena fe, edificaron allí sus viviendas con el sacrificio familiar y en la actualidad no poseen escritura de sus inmuebles y el barrio en el que asentaron sus casas no tiene aprobación municipal por encontrarse al lado de una fábrica que utiliza materia prima contaminante”, sintetizó.
Florindo y Heyd continúan detenidos. En caso de ser condenados, se enfrentan a penas de ejecución efectiva y “además, deberían afrontar una indemnización millonaria por el lucro que obtuvieron tras la ilegal maniobra, que además coloca en peligro la salud de más de 30 familias”, advirtió Zeverín.
La causa judicial se inició en 2016 por la intervención de un funcionario municipal que observó que Heyd había presentado el proyecto de prefactibilidad del loteo, cuando ya habían vendido todos los terrenos.
Quien detectó la maniobra fue Santiago Giunta, director de Planeamiento de la Municipalidad de Córdoba en aquel momento.
Para comercializar el emprendimiento, crearon un perfil en Facebook y un sitio en Youtube, con videos que mostraban el camino hasta llegar a lo que luego sería el country.
Presentaban a Solares del Sur, como un barrio privado, ubicado en el camino San Antonio sobre el kilómetro 8 ½, más precisamente sobre avenida Valparaíso. La descripción incluía datos como la subdivisión de 99 lotes, con superficie que iban desde 410 hasta 2.500 metros cuadrados, “cerco perimetral olímpico, ingreso con portón automático y guardia portería, amplias calles tipo bulevares, luz y agua de red, alumbrado, gran plaza central con espacios de esparcimiento, piscina, cancha de fútbol 7 oficial, salón de usos múltiples con asador, baños, locales comerciales y juegos para niños”.
Hoy es un barrio que nada tiene que ver con esas características. Epec les provee conexiones provisorias, carecen de los servicios básicos por no ser una zona residencial.
La causa se juzgará en la Cámara 10a del Crimen, que ha previsto más de 10 fechas de audiencia atento la complejidad de la causa, multiplicidad de víctimas e interés social de la estafa. El fiscal es Gustavo Arocena.
