Nueve de cada 10 legislaturas ocultan datos de fondos que manejan, a pesar de estar obligadas a darlos
Córdoba no respondió a un pedido de acceso formulado, pero tiene un portal de Datos Abiertos. Algunos son difíciles de encontrar o interpretar. Cuántos asesores hay, qué presupuesto manejó en 2023. En el resto del país. hay casos escandalosos: diputados con doble salario, una presidenta legislativa con 68 asesores. En otros, opacidad absoluta.
En Argentina la información que debería ser pública todavía no lo es en la mayoría de las legislaturas provinciales. Tan sólo una de cada 10 transparenta datos sobre las contrataciones de personal y cómo maneja los fondos que le son asignados. Este aspecto es uno de los indicadores claves para saber si hay opacidad o transparencia en ese poder del Estado.
El relevamiento fue realizado en las 23 provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires por las organizaciones Ruido y Poder Ciudadano. El escándalo desatado en la Provincia de Buenos Aires a raíz del cobro de Julio “Chocolate” Rigau de por lo menos 50 sueldos legislativos de gente que no iba a trabajar motivó el deseo de saber qué está sucediendo en el resto de poderes legislativos.
La recolección comenzó en febrero pasado, con las presentaciones de Pedidos de Acceso a la Información (PAI) en cada distrito. Se solicitaron datos sobre cantidad de personal, niveles salariales, registros de asistencia o gastos reservados durante 2023, entre 31 ítems necesarios para que la ciudadanía conozca cómo se utilizan los recursos en estas áreas.
El primer hallazgo es que tan sólo tres de las 24 legislaturas, respondieron los cuestionarios enviados. Del resto, 15 provincias no respondieron y seis lo hicieron de manera parcial. La consecuencia es imaginable: la información obtenida para suplir ese silencio a partir del rastreo de publicaciones en páginas web, boletín oficial, reportes periodísticos publicados no fue completo y sobre varios ítems no hubo posibilidad de saber qué se gastó o quiénes trabajan o asesoran.
No obstante el cerco informativo, hay conclusiones que, en algunos casos, resultan escandalosas.
Los diputados de Jujuy cobran doble salario desde hace 25 años. Al haber mensual suman un sobresueldo de uso discrecional. Nunca prosperaron los proyectos para derogarlo. Algo similar ocurre en San Luis donde cobran “módulos” extras al salario.
En Chubut hay legisladores que reciben 130 pasajes aéreos por mes.
Millones de pesos en gastos protocolares sobre los que no se rinden cuentas al menos en forma pública en varias provincias
En Misiones no hay absolutamente nada de información sobre el presupuesto anual de la Legislatura.
En Tucumán, contra leyes nacionales que garantizan transparencia, la Corte Suprema provincial considera que los datos de fondos que maneja la legislatura son “sensibles” y por eso avala que no se entreguen.
En Formosa hay información contradictoria. La Legislatura informa que tiene 1.802 empleados, pero los diputados solo registran 300.
Las legislaturas más herméticas son: Formosa, Jujuy y La Pampa. La Rioja respondió el pedido de acceso a la información, pero sin ninguna referencia que soporte los datos aportados.
Precuelas del caso Chocolate
En Entre Ríos, entre 1995 y 1999 se desviaron fondos del Senado provincial. Por el hecho fueron condenados el exvicegobernador Héctor Alanis (PJ), su sobrino Maximiliano Alanis, el exsenador Huberto Re (UCR) y un exdirector administrativo, José Crettón Pereyra. Se denunció en la misma provincia el funcionamiento de una presunta mesa de dinero en la década del 2010.
Más reciente, en 2018, un asesor denunció que empleados debían dejar parte de su sueldo al exlegislador Ricardo Troncoso. Se destapó un escándalo sobre contratos truchos que todavía debe juzgarse en esa provincia y que habría causado un desfalco de más de 53 millones de dólares a lo largo de una década
En Santa Fe, por el contrario, una denuncia similar fue archivada porque la fiscal argumentó que el hecho “forma parte del ámbito de la moral”.
Córdoba, en la mitad de la tabla
La Unicameral de Córdoba, integrada por 70 legisladores (26 por Departamento y 44 por Distrito Único) respondió parcialmente al cuestionario enviado. La directora general de Datos Legislativos, Thelma Galdeano, orientó dónde encontrar parte de la información en la Página Web o en el Portal del Gobierno de Córdoba, en lo referido al presupuesto.
Es decir, Córdoba no respondió estrictamente el Pedido de Acceso a la Información, pero la funcionaria del área remitió enlaces de la web que tiene el Poder Legislativo, donde hay un portal de Datos Abiertos.
El presupuesto gastado el año pasado fue el siguiente
3er. Trimestre: $ 5.390.270.674
2° Trimestre: $ 3.169.646.454
1° Trimestre: $ 1.097.322.626
Es posible conocer quiénes son -con nombre y apellido- los asesores de cada uno de los 70 legisladores. Hay 2,4 por cada uno, un número aceptable.
No fue posible saber quiénes son los 1.583 empleados registrados a junio del año pasado ni cuánto es el presupuesto asignado a cada bloque. Informalmente, legisladores opositores señalaron que reciben dineros que son entregados discrecionalmente a personas o instituciones que “ayudan”. Esto se debe a que es posible conocer los números, pero no en el portal de Datos Abiertos sino del gobierno provincial, sin desagregados. O sea que están los presupuestos y sus ejecuciones; pero no se posible conocer cuánto dinero es asignado a cada bloque.
La Legislatura de Córdoba no tiene gastos reservados
El portal de Datos Abiertos publica la escala salarial vigente para legisladores, empleados, asesores y otro tipo de contratados.
En relación a la variedad de vinculación contractual, existe el “asistente funcional”. El Estatuto Escalafón del personal legislativo (Ley 9880) así lo define: “Es aquel cuya relación laboral está regulada por un contrato de plazo determinado y presta servicios de colaboración en forma personal y directa a las órdenes de una autoridad superior o personal directivo del Poder Legislativo”. No son asesores ni personal técnico especializado en alguna materia.
Autos de lujo. A raíz de un siniestro vial protagonizado por el expresidente provisorio de la Legislatura, Oscar González, el sábado 29 de octubre del 2023 salió a la luz que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba había entregado nueve vehículos judicializados, la mayoría de alta gama, que se distribuyeron entre algunos de los presidentes de bloque.
Cuatro de ellos estaban bajo responsabilidad de González. Por el siniestro está imputado por homicidio culposo -falleció una persona y dos sobrevivieron con graves secuelas físicas- y también fue procesado por la Justicia Federal por depositario infiel del auto BMW 1 con el que chocó.
Luego del escándalo varios legisladores renunciaron a usar los vehículos judicializados.
