Hay dos casos patentes. Un chico de 15 años (M.S.) lleva 19 intervenciones de Senaf, con detenciones policiales incluidas, por comisión de delitos o por salir de los espacios en los que recibe tratamiento para recuperarse de sus adicciones a las drogas y para salir de la marginalidad. El otro, es un adolescente de la misma edad que tuvo 40 intervenciones. Es raro, pero este último todavía no fue noticia.
En las últimas horas se supo que la Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) pidió a la jueza penal juvenil Daniela Bianciotti que la autorice a colocarle una tobillera electrónica a M.S. Es el mismo que días atrás asaltó a un chofer de Uber, le robó el auto y sobrevivió a una persecución policial de película. Ayer salió sin permiso de la residencia donde estaba alojado.
La magistrada no dijo que “no” a la medida. Se declaró incompetente.
Acá va la explicación de esa respuesta. El Tribunal Superior de Justicia, desde que puso en funciones -en 2021- la reforma del Fuero Penal Juvenil fijó límites férreos a la actuación de las juezas. Sólo pueden intervenir con los jóvenes punibles; es decir los que tienen 16 y 17 años.
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Con los menores de esa edad, les está vedado porque son chicos que deben recibir protección y no ser “judicializados”. Y esa “protección” la debe disponer la Senaf, que se convierte en el brazo del Estado para brindar contención a los niños y adolescentes que no tienen adultos responsables que se hagan cargo de ellos.
El sistema, consagrado por los tratados internacionales y leyes de protección de las infancias, es perfecto; pero lo es para contextos sociales con un tejido más compacto y no deshilachado cultural y económicamente como el nuestro. Tenemos niñas y niños absolutamente solos que comienzan a delinquir a muy temprana edad. Uno de los casos más graves es un adolescente no punible (menor de 15 años) que es sobrino de Mandrake Quinteros, el asesino condenado del panadero Corradini. De esa familia salió el adolescente.
La única intervención judicial posible en esos casos es un “control de legalidad” sobre las medidas de protección que adopta la Senaf. Ese control lo realizan las juezas de Niñez, Adolescencia y Violencia Familia. No el Fuero Penal Juvenil.
Los casos de niños y adolescentes de 15 años o menos, reincidentes en el delito -cada vez más graves y con armas- que están sumidos en consumos problemáticos de drogas desde corta edad y que no tienen madres, padres, tíos, abuelos que puedan contenerlos y corregir el trayecto de sus vidas están poniendo en evidencia que faltan leyes o espacios para ellos.
Los pedidos de Senaf de alojamientos “excepcionales” en el Complejo Esperanza -eufemismo para evitar la palabra detención- o de tobilleras electrónicas -medida de coerción- resultan un pedido de auxilio ante la situación desbordante de estos casos puntuales.
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Hoy por hoy la Senaf es la única responsable de esos chicos sin padres y sin nadie que se haga cargo de encauzarlos en la vida. La Justicia Penal Juvenil no puede hacer nada, ni siquiera si cometen un delito. Así lo dijo en reiterados fallos el TSJ. Así interpretó la ley el máximo tribunal provincial, que también es responsable de la situación.
No todos los adolescentes desprotegidos están en la misma situación. Los casos sobre los que versa esta nota son sólo algunos, pero sus situaciones son lo suficientemente graves como para pensar qué hace falta y encontrar más soluciones a las existentes.
Ni la Justicia ni la Senaf están dando respuesta a esos jóvenes, ni tampoco a la sociedad que se pregunta por qué tanta inacción.
