En un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General se puso en marcha el debate de los proyectos referidos a promover la paridad de género en los puestos de toma de decisiones en el Poder Judicial de Córdoba.
De esta manera inició el tratamiento en comisión conjunta de la iniciativa impulsada por la legisladora Brenda Austin, que cuenta con apoyo de sus pares del interbloque Juntos por el Cambio.
El proyecto opositor establece la paridad de género en el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura, modificando las leyes 8435 (Orgánica del Poder Judicial), 8802 (Consejo de la Magistratura), 7826 (Orgánica del Ministerio Público Fiscal) y 10915 (Ministerio Público de la Defensa).
Con la reforma que se plantea se busca promover el acceso e incorporación igualitaria de géneros en las magistraturas, funcionarios y puestos de toma de decisiones en el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba, mediante la aplicación del principio de paridad de género.
En el marco del abordaje en comisión, Austin pidió debatir su iniciativa con el proyecto, que va en el mismo sentido, presentado por las legisladoras oficialistas Julieta Rinaldi, Nadia Fernández y Victoria Busso, “promoviendo el acceso e incorporación igualitaria en los puestos de toma de decisiones en el Poder Judicial, respetando el principio de paridad de género”.
“Sin normativas específicas, no es posible perforar el techo de cristal, es una realidad”, señaló Rinaldi y coincidió con Austin en que se busca “intervenir en los lugares donde la elección es discrecional”.
Claves de la reforma
La iniciativa de la bancada radical persigue el objetivo de consagrar un piso mínimo de integración de mujeres en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), las Cámaras, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, a fin de acercar su participación a un escenario de paridad.
Además, se establece que la paridad de género debe resguardarse en la conformación del Consejo de la Magistratura, como en la elección de autoridades de los tribunales y en la propuesta, designación y reemplazo de magistraturas y funcionarios judiciales.
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En el marco del debate de esta ley aflora el reclamo de JxC para que se ocupe la vacante en el TSJ que se produjo -el 1 de febrero- con la salida de la vocal Mercedes Blanc de Arabel. Por ahora, el Poder Ejecutivo no emite ninguna señal de avance al respecto.
Cuando PERFIL CÓRDOBA adelantó -a finales de agosto- el visto bueno del gobierno de Martín Llaryora de tratar los proyectos de paridad de género en la Justicia, este medio pudo confirmar que el Ejecutivo respetará la cuestión de género. Llegado el momento, será una mujer, quien ocupe la séptima vocalía en el TSJ.
De todas maneras, la iniciativa de la radical fija por ley, en el caso de aprobarse las modificaciones, que sean al menos tres mujeres en la integración del máximo tribunal de justicia, sobre la base del principio de paridad de género.
“La discusión que se abre a nivel nacional sobre la presencia de mujeres en la Corte Suprema de Justicia, nos lleva a mirar qué cambios puede hacer Córdoba en su legislación para que este principio que se reclama a nivel federal también se cumpla al interior de la provincia”, argumentó Austin.
A su vez, la parlamentaria destacó: “Si bien Córdoba ha mostrado avances en cuanto a la integración de mujeres en el Poder Judicial, lo cierto es que se encuentra en el puesto 17 si nos comparamos con otras provincias en cuanto a la participación femenina en puestos jerárquicos, de toma de decisiones”.
Por último, la integrante del bloque UCR remarcó: “Tenemos el ánimo de trabajar en conjunto para armonizar estas dos iniciativas para poder concluir en un despacho en común, tomando en consideración todos los aportes que recibimos”.
Extinción de dominio
En comisión, los legisladores comenzaron además a discutir sobre la creación del Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio, iniciado por los legisladores Gregorio Hernández Maqueda, Ariela Szpanin, Nadia Fernández y Brenda Austin, estableciendo el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio.
