El aumento de siniestros viales en las rutas cordobesas, que ya se cobró 21 vidas en lo que va de 2025, encendió las alarmas en la provincia. En este contexto, Guillermo Pacharoni, abogado y especialista en seguridad vial, aseguró que las soluciones deben buscarse “de forma integral”, considerando aspectos de infraestructura, emisión de licencias, fiscalización y control, y educación.
Según Pacharoni, la gestión de la velocidad es un aspecto crítico que debe abordarse mediante tecnología avanzada e infraestructura más segura. Entre las propuestas destacadas, señaló la posible implementación de un sistema de fotomultas actualizado con "pórticos lectores de patente", capaces de realizar controles métricos de velocidad. Esto permitiría detectar y sancionar a los infractores con mayor eficiencia, superando el enfoque meramente recaudatorio de las multas tradicionales.
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Sin embargo, el experto advirtió que la solución no radica únicamente en más controles o sanciones. "Necesitamos un enfoque integral", afirmó en el programa Punto y aparte (Punto a Punto Radio), señalando la necesidad de invertir en educación vial, mejorar la infraestructura -como la instalación de barreras centrales que prevengan colisiones frontales- y reformar el sistema de sanciones para incluir medidas como la inhabilitación y el decomiso de vehículos.
Pacharoni remarcó que el exceso de velocidad es una causa más frecuente de accidentes graves que el consumo de alcohol, el cual está presente solo en un 12-15% de los casos. "El gran desafío es cambiar conductas y generar un compromiso colectivo con la seguridad vial", expresó.
En cuanto a la viabilidad de estas medidas, mencionó que el proyecto podría enfrentar reclamos judiciales, pero enfatizó la importancia de aprender de modelos internacionales exitosos, como los implementados en Chile y Europa. "No podemos seguir repitiendo patrones que ya sabemos que han fracasado", concluyó.
El Gobierno provincial ya trabaja en un plan que incluye radares, cámaras y sanciones automáticas, cuya implementación requerirá ajustes legislativos.
Foto en texto: Pedro Castillo