A las 9:54, este lunes 6 de enero comenzó en los tribunales de Córdoba, Argentina, un juicio sin precedentes por presuntos ataques seriales a 13 recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad, entre el 18 de marzo y el 6 de junio del 2022. Fue la primera vez que se vio a los 11 acusados, todos juntos.
Una foto fuerte si se toma dimensión que no hay registros en el mundo de que se haya juzgado a funcionarios públicos o directivos de hospitales donde sucedieron muertes de bebés en contextos criminales. El tribunal presidido por Patricia Soria, integrado por los jueces técnicos Laura Huberman, José Daniel Cesano y ocho jurados populares, abrió la audiencia.
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Apenas se sentó frente a ellos, la enfermera Brenda Agüero -sobre quien pesa la acusación más grave de homicidio- rompió en llanto. Antes se había fundido en un abrazo con su madre.
Temprano habían llegado Liliana Asís, exdirectora del Neonatal, con prisión domiciliaria y el exministro de Salud, Diego Cardozo, con barbijo por cuidados especiales a raíz del padecimiento de cáncer de pulmón, enfermedad que lo aqueja desde hace tres años.
Después de la lectura de la acusación que duró aproximadamente una hora y 15 minutos, comenzaron a presentar el caso las partes, lo que se conoce en jerga judicial como formulación de los “alegatos de apertura”.
La posición de los fiscales en el caso del Neonatal
En primer término lo hicieron los fiscales de Cámara, Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Balestrini. Hablaron de “horror” de tan solo imaginar “que alguien inyectara sustancias tóxicas a recién nacidos”.
Ruiz Moreno alertó a los jurados sobre dos riesgos: “Cuando se trata de establecer defensas fuera de las pruebas, se llega a mal puerto”, advirtió y dijo: “Escucharán fraccionar la prueba, evitando una evaluación general; para comprender el todo es importante incorporar las conclusiones parciales”.
Sostuvo que “es una causa voluminosa, pero no es compleja”. Marcó cinco aspectos inobjetables: los hechos ocurrieron en el Hospital Materno Neonatal, en algunos se encontró inoculación de potasio e insulina en valores muy altos; los 13 casos están relacionados y las causas se evidencian en los que sobrevivieron.
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Por último, señaló que “de todo el personal, y cruzados todos los datos, sólo una empleada estuvo presente en todos los hechos, fue quien los ejecutó, conociendo la letalidad de la sustancia que les suministraba con la práctica adquirida en su oficio”. Así se refirió a Brenda Agüero.
Balestrini reafirmó el concepto: “Vamos a acreditar con prueba fehaciente que con clara intención homicida inyectó sustancias letales y lo sabía porque era enfermera”.
La posición de los abogados de las madres
Compartieron los conceptos centrales el resto de abogados querellantes: Daniela Morales Leanza, Nicolás Ruades, Carlos Nayi, la asesora letrada Ana Pagliano y las abogadas del niño, Patricia Estanciero y María Cristina Castillo. Cada uno expuso por unos quince minutos, aproximadamente.
Ruades se dirigió a los jurados populares: “Se hizo una excelente investigación; prepárense porque se la van a atacar. Les imploro que cada decisión que tomen sea sin alejarse de la prueba”, les habló a los jurados.
Pagliano, por su parte expresó: “Fueron 13 ataques criminales contra recién nacidos en perfecto estado de salud. Fueron ejecutados fríamente por la acusada. También fueron ocultados fríamente por un conjunto de funcionarios públicos”.
Por su parte, las defensoras del niño -una figura nueva en Córdoba- María Cristina Castillo y Patricia Estanciero afirmaron que hay que “escuchar a los bebés”. Los que fallecieron y los sobrevivientes no pueden hablar pero sí se expresan a través de los testimonios de sus madres y de “sus reacciones cuando fueron atacados”.
Nayi rechazó las versiones que apuntaban al desligar a la enfermera Agüero de cualquier acción voluntaria de matar y que no se está ante una "perejil" en la causa: "de ninguna manera es un chivo expiatorio".
Tras un receso de 45 minutos, poco después de las 13 reinició el debate con la exposición de los abogados defensores.
La defensa de Brenda Agüero
Comenzó Gustavo Nievas, abogado de Brenda Agüero. Protagonizó fuertes cruces con los fiscales y abogados querellantes. Desde el comienzó planteó el “contexto político en que se realizó la investigación penal en un año preelectoral”. Tras ser instado en varias oportunidades a hacer más concreta su exposición, lanzó la invitación a los jurados populares de “un pacto”. Si lograba probar un decálogo, “el día de la sentencia voten por la inocencia de Brenda”, les pidió.
Los 10 puntos que prometió probar son:
- Hubo manipulación de la investigación que tenía que estar en el distrito IV y terminó en el III.
- Desaparecieron dos partidas enteras de remedios y el fiscal (Garzón) no investigó.
- El Centro Obstétrico fue desmantelado para cubrir que era una “mugre”.
- El sector de Farmacia no tenía conducción; remedios que debían estar bajo llave estaban repartidos en mesas sin ningún tipo de control.
- Brenda no bajó ningún pdf (con información sobre inoculación de potasio) a su teléfono. Lo recibió en un grupo de WhatsApp.
- Peritos psicólogos y psiquiátricos evidenciarán el “rebusque” de argumentos que chocará con el resto de la prueba.
- Perito informático mostrará que todos los correos electrónicos entre funcionarios públicos fueron vaciados.
- Desaparecieron dos teléfonos en la época en que ellos se comunicaron.
- Testimonio de enfermeras que denunciaron sobre la asepsia.
- No todos los bebés murieron por la misma causa. Algunos por descuidos, enfermedades heredadas de la madre, como HIV, sífilis o problemas hepáticos.
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Fueron aspectos que expuso para presentar el carril por donde transitará la defensa. "¿Cuándo se enteraron los funcionarios de lo que sucedía?", se preguntó el defensor de Agüero.
La defensa de los funcionarios
Los abogados de los exfuncionarios rebatieron las acusaciones relativizando la posibilidad e incumbencia según sus cargos para realizar la denuncia de las irregularidades que se detectaban.
Pablo Pigini, defensor de la jefa de enfermería, Alicia Beatriz Ariza, señaló lisa y llanamente que “no le correspondía denunciar”. Creyó en la palabra de sus superiores, sabía que había una investigación administrativa y pensó que todo había desembocado en una denuncia judicial.
Germán Matheu, abogado del exministro Diego Cardozo, aseguró que “no tuvo conocimiento de los hechos antes del 7 de junio” y enumeró las medidas que adoptó a partir de esa circunstancias, como una auditoría, sumario administrativo, la separación de todos los empleados sospechados hasta dar la orden de presentar la denuncia penal.
Justiniano Martínez, defensor del exsecretario de Salud, Pablo Carvajal, en la misma línea indicó: “No hay precedentes de que haya existido un asesino serial y menos de las características que hoy se investigan. Nadie podía representarse en marzo del 2022 o hasta en junio que hubiera una persona perversa dentro del ámbito de la salud estuviera intencionalmente matando criaturas, bebitos recién nacidos”. Y fijó como fecha en que tomó noticia de lo que acontecía el 7 de junio, al igual que Cardozo.
El resto de los letrados que asisten a los acusados sostuvieron, con diferentes matices, que la acusación es “absurda”, que son “profesionales de la salud que trabajan para preservar la vida” por lo que lejos están de encubrir a alguien que pueda haber asesinado a niños en un ámbito sanitario.
También anticiparon que se abordará el organigrama de un ministerio con más de 15.000 dependientes, más los organismos descentralizados para explicar los canales por donde son informados de las novedades y la adopción de medidas.
Mañana comenzarán a declarar los imputados. La primera será Brenda Agüero.
