A partir de este lunes 6 de enero, los tribunales de Córdoba serán escenario de un juicio sin precedentes.
La Cámara 7ª del Crimen abrirá el debate oral y público para esclarecer responsabilidades en los presuntos ataques seriales a 13 recién nacidos, entre el 18 de marzo y el 6 de junio del 2022, en el Hospital Provincial Materno Neonatal. De ellos, cinco fallecieron y ocho sobrevivieron.
La característica que lo hace único en el mundo es que la acusación no sólo incluye a la enfermera Brenda Agüero como presunta autora material de los hechos, sino también a 10 funcionarios públicos provinciales. Ahí radica la novedad.
En cuatro casos similares reportados en el mundo –dos en Estados Unidos, uno en Inglaterra y otro en México– las condenas recayeron sólo en cuatro enfermeras. Ni un solo directivo de los hospitales donde se constataron los asesinatos fue enjuiciado. Por esa razón, el proceso judicial cordobés no tiene precedentes.
El tribunal técnico está presidido por Patricia Soria e integrado por Laura Huberman y José Daniel Cesano. La responsabilidad para resolver si cada uno de los acusados debe ser condenado o absuelto recaerá en ocho jurados populares, cuatro hombres y cuatro mujeres.
El juicio se desarrollará en una sala de audiencias con capacidad para 111 personas. Ese es el número exacto de sillas dispuestas para los tres jueces técnicos, ocho jurados titulares, 12 suplentes, cuatro auxiliares de la Cámara, 34 de la Fiscalía y los querellantes particulares, 34 para acusados y sus defensores, y 16 para el público.
Los acusados se sentarán con sus abogados, según orden alfabético. Esa decisión hará que las únicas dos imputadas que llegan en calidad de detenidas estén una al lado de la otra: Brenda Agüero y Liliana Asís, exdirectora del Hospital Materno Neonatal, quien continúa con prisión domiciliaria.
Para la realización del juicio se remodeló el tercer subsuelo del sector denominado ´Moplo´ en Tribunales 2. En el lugar, se adaptaron siete salas. En la más grande se realizará la audiencia, según la distribución ya descripta, habrá dos más en espejo para familiares y público y otra para la prensa. En ambas se podrá ver y escuchar lo que ocurra en la audiencia a través de un sistema de transmisión audiovisual interno.
También se han previsto otras habitaciones de apoyo para testigos, para los jueces y los jurados; un dispositivo médico para urgencias y un espacio para cuidado de niños. Habrá psicólogas del Polo de la Mujer con el objetivo de contener a las madres. Si la pérdida de un hijo o de una hija es una situación traumática, lo acontecido en el Hospital Materno Neonatal es aún más excepcional para las familias que perdieron a las y los bebés. Y también lo es para la sociedad que espera una respuesta judicial de calidad.
Si no media ningún imponderable, el juicio se abrirá este lunes a las 9 de la mañana. El Tribunal Superior de Justicia habilitó la feria de enero para posibilitar su realización. La Cámara dispuso que las deliberaciones se extiendan de lunes a jueves hasta las 14:30 durante todo este mes. A partir de febrero serán de lunes a miércoles de 9 a 14. Y luego, continuarán en marzo, abril y mayo, hasta fines de junio. Todo dependerá del ritmo que adquiera el juicio y la cantidad de testigos que concurran a declarar. En principio, hay una lista de más de 200.
Los abogados defensores de Agüero ya renunciaron a la declaración de los padres de la enfermera. Hasta ahora, no se produjeron planteos después de la decisión del tribunal de aceptar todas las pruebas solicitadas. Los jueces procuran garantizar un debate amplio, sin limitar el derecho de nadie. A la par, gestionaron la coordinación para incluir las pruebas estrictamente pertinentes al debate y evitar aspectos superfluos, realizando diferentes reuniones con los abogados y abogadas de las querellas y las defensas.
Las dos primeras semanas, por lo menos, las insumirá la presentación de las partes en el juicio. Recién hacia fin de mes podrían comenzar los testimonios. Una vez abierto el debate y realizados los planteos –en caso de existir alguno– se leerá la acusación formulada en el requerimiento fiscal de elevación a juicio. Ahí figuran los 13 ataques y los hechos por los cuales los funcionarios son acusados.
Luego, los fiscales de Cámara Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Balestrini harán los alegatos iniciales. Continuarán los abogados querellantes y luego los defensores, quienes presentarán el caso en relación a sus asistidos, mostrándolo desde sus perspectivas. Por lo general, cada uno advierte a los jurados dónde deben fijar su atención a lo largo del juicio.
Declararán los acusados. Brenda Agüero será la primera. Se estima que su exposición durará entre tres y cuatro horas. Si bien tendrá posibilidades de ampliar su declaración a lo largo del debate, esta será su primera presentación a los jueces legos.
El Servicio Penitenciario también tendrá presencia en el proceso. Liliana Asís permanece con prisión domiciliaria y por ese motivo llegará desde su casa a tribunales. Agüero, en cambio, será trasladada desde el complejo carcelario de Bouwer. Hay un detalle llamativo. Dos papás de bebés víctimas se encuentran detenidos por hechos diferentes al que se juzgará. Es decir que en la sala habrá guardia cárceles para custodiar tanto a la enfermera como a ellos. Son Matías José Rodríguez –querellante particular– y Walter Matías Gigena –actor civil–.
En el banquillo
La enfermera Brenda Agüero, integrante del Servicio de Obstetricia del hospital, está acusada por el delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado (cinco hechos). Asimismo, se le atribuyen otros ocho casos con la misma calificación legal, aunque en grado de tentativa. En agosto de este año se cumplirán tres años de su detención.
También serán juzgados 10 exfuncionarios del Ministerio de Salud de la Provincia acusados por distintos delitos: omisión de deberes de funcionario público; encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público, y falsedad ideológica reiterada. Serán juzgados la exdirectora del Hospital Materno Neonatal Liliana Asís –con prisión domiciliaria– y el exministro de Salud de la Provincia Diego Hernán Cardozo.
La lista se completa con Alicia Beatriz Ariza (enfermera profesional, exjefa de Enfermería del hospital); Pablo Miguel Carvajal (médico, exsecretario de Salud provincial); Julio Alejandro Tomás Escudero Salama (abogado, exsubdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud); Alejandro Gabriel Gauto (abogado, exjefe del Área Legales del Ministerio de Salud); Marta Elena Gómez Flores (médica cirujana, con especialidad en Neonatología), y María Alejandra Luján, Adriana Luisa Moralez y Claudia Elizabeth Ringhelheim (médica, con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología).
El debate
Entre el 18 de marzo y el 6 de junio del 2022 se produjeron los ataques en serie a los recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal.
La acusación sostiene que la enfermera Brenda Agüero es la presunta autora material y que los funcionarios supieron que algo irregular sucedía y no denunciaron a tiempo para frenar la secuencia mortal.
A pedido de la Fiscalía de Cámara, a cargo de Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Balestrini, en el juicio habrá una exposición visual de la línea de tiempo, con gráficos, de los diferentes episodios que se analizan además del contenido de todos los teléfonos secuestrados. La elaboración del informe estuvo a cargo de la Policía Judicial. Para llegar a observar lo acontecido, se incorporaron datos sustanciales de horarios, espacios, personal médico, enfermeros, parturientas y cómo es el circuito de asistencia en el hospital, entre otros aspectos.
Los abogados de Agüero, Gustavo Nievas y Juan Manuel Riveros, también formularon dos solicitudes particulares. Una es la reconstrucción en 3D del sector de Obstetricia donde habrían ocurrido los ataques a los bebés. No es posible una inspección ocular porque luego de que estalló el caso la zona fue desmantelada y refaccionada. La otra es una pericia informática que incluye geolocalización, intercambio de mensajes entre los dispositivos de todos los funcionarios públicos acusados en la causa, sistemas informáticos del hospital para todo tipo de registros, quiénes tenían acceso y aspectos de seguridad, como por ejemplo si permitían la eliminación de datos.
Las pericias y opiniones médicas serán claves en el debate. ¿Fueron eventos seriales y todos tienen las mismas características? ¿En todos ocurrieron descompensaciones por hiperpotasemia? ¿Qué se hizo en cada caso? ¿Qué pasó a partir de la descompensación de los niños?
Secuelas y daños
Un total de 14 personas damnificadas por estos hechos se constituyeron como querellantes particulares y 29 iniciaron acciones civiles contra los imputados y el Estado provincial.
En efecto, además del debate penal habrá un análisis pormenorizado sobre la responsabilidad civil de la Provincia, ya que las muertes se produjeron en un hospital de su dependencia.
En ese sentido, se ponderarán los múltiples daños causados a los niños sobrevivientes y a los padres de todos los bebés, incluyendo los fallecidos.
En diciembre se ampliaron los puntos periciales para verificar la magnitud de los daños.
La contraparte de las acciones civiles está a cargo de los abogados Mariano Andruet y Fernando Maldonado, representantes del Gobierno de Córdoba, con el patrocinio de Pedro Sacone Ocaña.
Las primeras testigos serán las mamás. Así se posibilitará que puedan luego ingresar a la sala y presenciar todo el juicio.
Pautas para la prensa
El debate será grabado y filmado por el sistema Cícero del Poder Judicial, pero ninguna de esas imágenes y sonidos podrán ser difundidos hasta la finalización de la producción de prueba.
La Cámara 7ª del Crimen estableció las siguientes pautas para el público que asista a las audiencias y el trabajo periodístico. Los periodistas acreditados sólo podrán realizar registros sonoros, visuales o audiovisuales, de tres momentos del juicio: la lectura de la acusación y la presentación del caso que realicen las partes al tribunal y a los jurados populares; de los alegatos finales de las partes, y de la lectura de la sentencia.
Por el contrario, está prohibido el registro y la revelación del contenido de los testimonios del juicio.
En ningún caso se podrán tomar y difundir imágenes de los niños y niñas que han sido víctimas en la presente causa.
En caso de no respetar los límites impuestos, el medio o toda la prensa –según se hayan podido determinar los infractores– podrían ser excluidos del juicio. El objetivo, explicaron los jueces, es “evitar nuevas afectaciones de la prueba, según la trascendencia de la información divulgada”.
