La muerte de Guillermo Bustamante en una estación de servicio de Córdoba sigue generando conmoción y sospechas sobre la actuación policial. Mientras la esposa de la víctima apuntó contra los policías que participaron en el operativo. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, afirmó que se investigará a fondo el caso y que no se tolerará ningún encubrimiento.
"Hemos puesto todos los recursos y trabajo de investigación para que la justicia determine la verdad. No existe lugar para el ocultamiento y mucho menos para el encubrimiento de hechos de esta naturaleza. Si hubo una actuación indebida, se actuará con firmeza y severidad", declaró Quinteros en una breve entrevista con PERFIL CÓRDOBA.
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El fiscal Guillermo González avanza en la pesquisa y se esperan novedades durante este martes, incluyendo posibles imputaciones o detenciones. Según fuentes judiciales, en el operativo participaron entre 12 y 14 policías, aunque aún se procura determinar cuántos estuvieron directamente involucrados en el incidente que terminó con la vida de Guillermo Bustamante.
La fiscalía analiza videos de cámaras de seguridad y testimonios grabados por testigos, mientras se aguardan los resultados complementarios de la autopsia para establecer la causa exacta de la muerte. También se investiga si Bustamante había consumido estupefacientes.
El fiscal González tiene que determinar si hubo excesos en el operativo o si la muerte fue producto de un accidente.
Versiones enfrentadas
La esposa de la víctima, Agustina Escotorini, denunció que su marido fue golpeado por los efectivos: "Lo metieron al patrullero entre cuatro o cinco policías mientras él gritaba que se sentía mal. Les dije que me lo iban a matar, pero no hicieron caso", dijo a El Doce.
En contraste, la Policía sostiene que el procedimiento fue "correcto" y que Bustamante estaba en un "estado agresivo". El comisario mayor Cristian Barrios afirmó que el hombre "se descompensó" tras forcejear con los agentes.
La familia de Bustamante, padre de dos niños, se constituyó como querellante y su abogado, Carlos Nayi, calificó el hecho como "un caso gravísimo de violencia institucional".
