La visita que realizaron seis diputados de La Libertad Avanza a un grupo de genocidas, entre ellos Alfredo Astiz, en la cárcel de Ezeiza, es analizada por el referente de los derechos humanos en Córdoba.
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CEDOC PERFIL
Hijas, hijos y familiares de genocidas condenados por crímenes del terrorismo de Estado señalan un camino ético de consolidación democrática, todavía no tan visibilizado. Ellas y ellos hicieron un largo y doloroso proceso hasta la ruptura de mandatos familiares, cuando descubrieron que sus padres, abuelos o tíos ostentaban la doble vida del hogar y el crimen de lesa humanidad. Los interpelaron, pero se negaron a decirles la verdad sobre los desaparecidos y el destino de los niños nacidos en cautiverio.
En ese camino se encontraron con quienes les ayudaron a descubrir nuevas realidades y valores. Y se sumaron al reclamo del juicio justo con las garantías constitucionales, que abrió perspectivas comunes, pero principalmente condenó a los criminales a largas penas. Fue uno de los logros de esa mayoría de la sociedad que encontró eco en la democracia. Y esto valorizó los 40 años ya transcurridos, aunque persistan grandes deudas, especialmente con los más pobres.
Lo que tanto costó no puede ser dilapidado por un grupo minúsculo de diputados de La Libertad Avanza, respaldados en el discurso oficial pre y pos electoral de Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Sin duda no se trató de propósito humanitario alguno. Las declaraciones han tenido un explícito sentido político negacionista y reivindicatorio del terrorismo de Estado, que ejercieron las fuerzas armadas y de seguridad.
Tienen, además, la gravedad de resultar una afrenta a la convivencia democrática, debilitando su credibilidad. Y allanan el terreno a quienes, montados en contradicciones y debilidades propias del sistema democrático, añoran el retorno al autoritarismo, la violencia, la represión y la impunidad, ya sea con “facultades especiales”, derogación de controles democráticos o incremento de legislación que coarta la libertad individual y social de los ciudadanos.
Se constituyen en voceros de los que apelan a fantasmas del pasado, para justificar sus privilegios; y negar un bienestar digno a quienes más necesitan de manos solidarias y un estado presente. No sólo apuntan a lo por venir, sino a respaldar los “protocolos” y medidas para reprimir el reclamo social de hoy.
Algunos critican la “casta”, pero en el escaso tiempo de práctica política han superado el rápido aprendizaje, adquiriendo más los vicios de la intolerancia que las virtudes del consenso. Los diputados que así actúan malversan el mandato del voto y se hacen acreedores de la estafa política.
Los padecimientos de quienes sufrieron las consecuencias del terrorismo de estado, y en muchos casos todavía esperan la verdad y la justicia, nos imponen multiplicar el rechazo de estas actitudes de una “nueva” política que no quiere Estado, ni Justicia. Más aún, el lenguaje esquizofrénico de la tan proclamada “libertad”, que se torna en farsa, para quienes sufren el abandono y la creciente miseria, muchos de ellos, sus propios votantes.
Callar, no hablar, sería avalar este intento de retrotraer la historia, habilitando ante la sociedad a quienes abusando del poder, cometieron graves delitos de lesa humanidad, ya juzgados con condenas a los genocidas. Pero además minaría la credibilidad del país y sus instituciones ante el mundo que se ha mirado en este espejo.
