Parece que los ductos clandestinos por donde ingresan elementos prohibidos, como celulares y drogas, siguen vigentes en las cárceles cordobesas. El fenómeno no se acaba a pesar de la mega investigación judicial que develó mecanismos de corrupción estructural en el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC).
Mientras avanza esa causa, por la que están detenidos altos jefes penitenciarios, abogados e intermediarios, siguen realizándose operativos en los establecimientos penitenciarios para interceptar o secuestrar teléfonos, cargadores, baterías y estupefacientes.
Con los dispositivos electrónicos, desde los establecimientos penitenciarios continúan digitándose estafas virtuales o, simplemente, los presos muestran con absoluta impunidad la vida cotidiana en el encierro a través de videos y posteos, como si todo fuera lícito y sintieran que nunca serán descubiertos.
Entre el miércoles y el jueves de la semana pasada se realizaron operativos comandados en persona por el fiscal de Instrucción Andrés Godoy, en el Pabellón A1 Módulo MDX1 del complejo de Bouwer. Se secuestraron 42 teléfonos móviles en poder de imputados por homicidios, amenazas y otros delitos graves. Uno de los que tenía disponibilidad de celulares está imputado y detenido por el crimen de Sebastián Villarreal.
Cuando entraron al pabellón, en una sola celda hallaron 20 aparatos. Posiblemente sea la que alojaba al ‘pluma’ o jefe del sector que los alquila o digita la circulación de los teléfonos. Lo llamativo es la forma en que publican las imágenes mostrándose en cuerpo entero.
Sus perfiles de redes sociales están abiertos a todo público, por lo que este medio logró capturar algunas de las imágenes que se publican en este informe.
peligrosos, acusados de delitos graves y muy graves.
Fuentes del Servicio Penitenciario explicaron que el operativo del jueves fue conjunto: participaron efectivos de la Policía de Córdoba, comisionados de la Fiscalía y el Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (Gear). Este último es un equipo táctico a cargo de la seguridad mientras dura el procedimiento en el interior de la cárcel.
Un dato que sorprende: los funcionarios judiciales que ingresaron no tenían señal en sus teléfonos, en los mismos pabellones donde, se supone, los internos usan aparatos clandestinos. Las mismas fuentes del SPC señalaron que existen dispositivos para interferir y neutralizar las señales, pero que puede haber puntos ciegos que escapan a ese control.
Prisión preventiva confirmada. El viernes último, el juez Milton Peralta resolvió que sigan en prisión los primeros imputados en la megacausa por presunta corrupción del Servicio Penitenciario, en la última etapa de la gestión de Juan María Bouvier.
En septiembre del año pasado, por disposición del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, fueron detenidos el exjefe de Seguridad del Complejo de Bouwer, Sergio Alejandro Guzmán (46); Aldo Florencio Campos (66); el exempleado del Ministerio de Seguridad provincial Ramón Salas (62), y los abogados, Alfredo Alberto Ciocca (50), Gustavo Murga Molina (64) y Julio César Páez (47). Fueron los primeros de una lista que luego se completó con la que era la cúpula del SPC.
Todos están acusados de integrar una presunta asociación ilícita para otorgar beneficios a internos de las cárceles a cambio de pagos de dinero o en especies. Guzmán está sindicado como jefe de la organización y el resto, miembros.
En el fallo, el juez Peralta respondió cada uno de los planteos de los defensores y fue analizando las pruebas que los inculpan y el riesgo para la investigación si son liberados.
Las conversaciones por mensajería de sus respectivos teléfonos documentan el vínculo que tenían los abogados con Guzmán, algunos de gran familiaridad y cercanía. En esos intercambios se mencionan pagos para favorecer a detenidos en la confección de certificados médicos o para evitar pericias y así agilizar la salida.
Hay una conversación donde se habla de “una milanesa verde”, se trata de un pago de mil dólares que tuvo que hacer la familia de un preso para conseguir un beneficio, que finalmente no se logró.
“En la asociación habría participado, al menos, un alto mando del Servicio Penitenciario, cuya influencia sirvió para gestionar de manera irregular beneficios para los reclusos y evadir posibles reclamos por parte de las víctimas ante las autoridades penitenciarias;(...) un grupo de abogados con reconocida trayectoria en el ámbito del derecho penal que con su participación habrían intentado dar visos de legalidad a las gestiones realizadas por la organización”, afirmó el magistrado al exponer uno de los argumentos por los que consideró que hay riesgo procesal.
Destacó la gravedad de los delitos porque “el ámbito de actuación de la banda se habría extendido a los distintos complejos carcelarios de la provincia de Córdoba” y porque se afectó “el normal funcionamiento de la Administración Pública y el Poder Judicial”.
La definió como una organización criminal con muchos recursos. “Esta especial preparación y gran capacidad podrían ser utilizadas ahora por los imputados para entorpecer la investigación o darse a la fuga”, concluyó y así confirmó la prisión preventiva para los seis.
INHIBIDORES
A comienzos de este mes, el ministro de Justicia de Córdoba Julián López, viajó a Estados Unidos para contactar empresas que venden equipos para inhibir señales de telefonía y de drones.
Hay gestiones desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, para dotar de esa tecnología a las cárceles federales. La Provincia procura sumarse a esos acuerdos.
El ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, también iba a viajar, pero finalmente no integró la comitiva porque el vuelo estaba programado justo el día en que se encontró el cuerpo sin vida de Susana Beatriz Montoya, viuda de Fermín Albareda, crimen que sigue generando esquirlas políticas por la millonaria indemnización otorgada a la mujer y a su hijo, Fernando Albareda, detenido e imputado por el homicidio.
