Más de una decena de prácticas de subrogación de vientres realizadas en dos clínicas especializadas en fertilización asistida de la ciudad de Córdoba, están bajo análisis en la Justicia Federal. Se investiga si mujeres que subrogaron vientres lo hicieron en situación de gran vulnerabilidad, tras haber sido captadas con fines de trata, sometidas a servidumbre y con un importante rédito económico para los profesionales que intervinieron.
También, si los abogados pidieron las autorizaciones judiciales a los tribunales de Familia falseando datos. Y si las psicólogas también concedieron aptitud a las postulantes a subrogar sin que estuvieran en condiciones de hacerlo.
El expediente plantea una acción judicial única en el país por lo que se transformó en un leading case (caso testigo).
El fiscal federal Enrique Senestrari, junto al fiscal general Carlos Gonella y la titular de la Procuraduría de Trata con fines de Explotación (Protex), Alejandra Mángano, firmaron el mes pasado un pedido de acción penal contra nueve personas.
Ellos son el director médico de Fecundart, José Pérez Alzaa; Paula Mariana Liendo, secretaria y cuñada del profesional; la psicóloga Luciana Anabel Szrank y los abogados Edgar Domingo Gribaudo y Romina Vittar.
También fueron imputados el director médico de Nascentis, César Sánchez Sarmiento; el abogado Nicolás Enrique Gigena; la psicóloga María Soledad Expósito y Miguel Ángel Noverto, quien habría actuado como intermediario acercando mujeres subrogantes al abogado Gigena.
Durante las dos primeras semanas de agosto, designaron defensores y fueron indagados en el Juzgado Federal N°2, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.
La existencia del expediente judicial causó preocupación en el Fuero de Familia de la Justicia Provincial. En esos tribunales se autorizan las inscripciones de niños nacidos por maternidad subrogada y se realiza el control jurisdiccional de los acuerdos entre los comitentes (la pareja que desea el hijo) y las gestantes.
Hay un vacío legal y falta un manual de buenas prácticas para la subrogación de vientre.
A través de la casuística, los jueces de Familia fueron aquilatando principios básicos: el interés superior del niño por nacer; la plena capacidad y buena salud física y psíquica de la gestante; que tenga por lo menos un hijo propio y no haya pasado antes por otra subrogación de vientre, y que al menos uno de los comitentes haya aportado sus gametos.
Otro de los aspectos vidriosos es en qué momento puede realizarse el Tratamiento de Reproducción Humana Asistida (TRHA). En principio, los centros de salud no deberían realizar la transferencia embrionaria sin una autorización judicial previa, pero en la práctica hay trámites judiciales que se inician cuando se confirma el embarazo o incluso después, cuando el niño nace.
El camino judicial no es inocuo y pone en juego nada menos que la identidad del recién nacido. ¿Quiénes son sus padres? Si la madre no es quien lo llevó en su vientre, la Justicia debe reconocer la voluntad procreacional de la pareja que lo subrogó.
¿Por qué el delito de trata? Los fiscales federales aplicaron la figura delictiva en los casos analizados. El artículo 145 bis del Código Penal señala: “Será reprimido con prisión de cuatro a ocho años, el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación (...) aunque mediare el consentimiento de la víctima”.
Marcaron como posibles agravantes el engaño, fraude u otro medio de coerción ante una situación de vulnerabilidad, la multiplicidad de víctimas y de partícipes del supuesto delito.
La sospecha es que se montó un negocio de miles de dólares a partir de la captación de mujeres mediante la práctica de gestación por sustitución a cambio de un pago dinerario, poniendo en riesgo su salud y abandonándolas a su suerte, en algunos casos, luego del nacimiento del bebé.
En varios casos, el contacto inicial fue con mujeres que habían donado sus óvulos a cambio de dinero. Luego, les ofrecieron ser subrogantes.
La vulnerabilidad se configuraría por la situación socioeconómica de las presuntas víctimas. En un episodio, a una de ellas se la convocó a 45 días de haber dado a luz. Habría existido presión por parte de las clínicas cuando ellas desistían de continuar con la práctica. En otros casos, el tratamiento invasivo de fertilización les provocó serios malestares.
En el mundo, la maternidad subrogada es una práctica de alto costo. Nadie dice cuánto, pero todos admiten que cada intervención implica “decenas de miles de dólares”.
Ruido político sin impacto por ahora a raíz de la mención a una funcionaria
La entrevista realizada por PERFIL CÓRDOBA a una pareja que realizó la práctica de subrogación de vientre en la clínica Fecundart generó esquirlas en el ámbito político.
La nota fue publicada el 4 de agosto pasado. En el diálogo exclusivo, Daniel y Sebastián –padres comitentes– relataron que a mediados del 2022 tomaron contacto con el director médico, José Pérez Alzaa, quien les confirmó que se podía realizar la subrogación aunque debían esperar una autorización de Nación para recibir los embriones que ellos tenían criopreservados en Estados Unidos.
Según su relato, la clínica los derivó a la abogada Julia Reartes quien los asesoró sobre las vías judiciales que se podían elegir para que el niño que nazca sea reconocido como hijo de ellos. “La primera posibilidad implicaba esperar un tiempo hasta que saliera la sentencia. La segunda, una vez hecha la transferencia y con la certeza de que había un embarazo, informar a la Justicia para resolver al momento del nacimiento su identidad, que probamos que es producto de una subrogación porque son embriones criopreservados”.
Eligieron la segunda opción y cuando el embarazo se confirmó, en agosto del año pasado, no recibieron más respuesta de Reartes. Ante la insistencia –dijeron– ella les mandó el formulario de consentimiento informado.
En ese momento Reartes era directora General de Violencias en el Ministerio de la Mujer. En enero de este año quedó a cargo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). El niño nació a fines de marzo y por la demora en presentar la documentación en el Juzgado de Familia, con la asistencia jurídica de la abogada Romina Vittar, la jueza dio intervención a Senaf.
El niño quedó en guarda un mes hasta que finalmente fue anotado a nombre de Sebastián y luego también de Daniel. La pareja remarcó, en la entrevista, la condición de funcionaria de Reartes, a cargo justamente del organismo estatal que intervino cuando el bebé les fue quitado.
Fuentes cercanas a Reartes informaron a este medio que la funcionaria se apartó del caso cuando tuvo que intervenir Senaf y que por el hostigamiento que recibió por parte de la pareja presentó una denuncia penal.
La abogada Julia Reartes no está imputada en el expediente donde se investiga presunta trata. Pero la mención que hizo la pareja llegó a El Panal.
“Martín, ¿cómo tenemos una funcionaria (hoy en Senaf) que se encargaba de asesorar para subrogar vientres mientras era funcionaria del Ministerio de la Mujer?”, fue la pregunta que le llegó al gobernador Llaryora por parte de legisladoras oficialistas.
No hubo respuesta. El tema, desde lo jurídico, es lo suficientemente novedoso como para alcanzar conclusiones tajantes. Pero la pregunta sigue generando ecos.
