La situación de Márquez y Asociados en el plano judicial se complica cada vez más. A la veintena de denuncias penales que se tramitan desde el viernes pasado en la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Enrique Gavier, hay 92 acciones civiles, dos pedidos de quiebra y reclamos laborales que, por el momento, no han llegado al Fuero del Trabajo, pero podrían hacerlo en los próximos días.
Ninguno de los números mencionados está cerrado, pueden sumarse más personas que reclamen por sus inversiones, lo que aporta gran complejidad a la firma. Perfil Córdoba intentó contactar al abogado de la empresa, Gonzalo Arrieta, pero no respondió a los mensajes.
La firma está inscripta como una sociedad anónima. Es un nombre difícil de pronunciar y escribir. MRQZPABAR Desarrollos SA fue constituida el 5 de marzo del 2014, según consta en el Boletín Oficial. Está integrada por dos socios: Juan Pablo Márquez y Ariel Hernán Márquez, ambos de profesión “comerciante”.
El domicilio social declarado pertenece a Villa Warcalde, mientras que la sede está ubicada en Lino Spilimbergo 3505.
Fuero Civil. De todos los frentes judiciales que debe afrontar en la ciudad de Córdoba, el primero que se abrió fue el Civil. La demanda inicial por incumplimiento contractual se interpuso el 3 de abril de 2023. Ese año hubo 10 en total, a lo largo del 2024 se acumularon 56 y en el corriente año ya se sumaron 26. Son 92 en total.
Fuero Penal. Lo que más ruido hizo en los últimos meses son los reclamos de clientes que se expusieron públicamente, a través de diferentes medios de comunicación. Varios de ellos ya interpusieron denuncias penales. Por sorteo, la Fiscalía General las acumuló en la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Enrique Gavier. Como hay ex pedientes abiertos en el interior, el fiscal decidirá si los acumula o siguen tramitándose en los sitios donde están radicados. Un denunciante se comunicó con este medio totalmente decepcionado porque hace cinco años presentó una denuncia y permanece cajoneada.
Fuero Concursal. Pero, además de las demandas civiles y penales, hubo dos pedidos de quiebra. Uno se presentó en febrero de este año y el otro, el 7 de marzo pasado. El abogado que patrocina a tres acreedores que reclaman el dinero invertido en Márquez y Asociados es Pablo Sebastián Sánchez. Representa a tres inversores que compraron inmuebles que nunca se construyeron. Ya pasaron cuatro años de promesas y nada de concreción. Por conexidad, ambos se tramitan en el Juzgado de Quiebras N° 8. Son secretos, por el carácter de quiebra pedida y todavía ninguna fue decretada. Están en trámite.
Reclamos laborales. A los frentes judiciales se sumó la enorme preocupación de los trabajadores de la empresa. Hasta el viernes pasado, 28 de marzo, no cobraron sus sueldos del mes de febrero. Si bien en otras ocasiones padecieron dilaciones en los pagos, esta vez el contexto de incertidumbre es mayor.
Uno de los abogados laboralistas consultados es Eduardo Carlos Ordóñez, quien sólo mencionó que se están analizando los posibles planteos y vías para el reclamo salarial.
Según trascendió, la empresa tiene una planta de 400 trabajadores. Un grupo es administrativo y está contratado a través del Convenio de Comercio y otro grupo –quizás sea el más grande– está agremiado a la Uocra porque son los operarios en las obras de construcción. Cobran cifras en blanco y otras en negro, como ocurre en muchas actividades.
Además, hay una red de vendedores que perciben comisiones según las operaciones que concretan. El tema será analizado posiblemente por la Justicia porque, de comprobarse la ilicitud podría caber alguna responsabilidad también en ellos.
¿Un sistema Ponzi?
Un extrabajador que estuvo vinculado a la empresa años atrás, señaló que los hermanos Márquez se dedicaron al comercio de autos y motos y luego al rubro inmobiliario. “Captaban fondos, trabajaban el dinero y cubrían los compromisos más cercanos”, sintetizó señalando que se asemeja a un “sistema Ponzi”.
También contó que contrataron un estudio jurídico para hacer “compliance” como una forma de demostrar solvencia, seriedad y estricto cumplimiento del marco legal.
Un simple sondeo a través de Google permite ver una cantidad de publicidades con formato de notas en medios de Córdoba Capital y el interior, como forma de captar clientes.
Los inversores eran seducidos, entre otras cuestiones, por el precio. Les ofrecían la construcción de viviendas a montos sensiblemente inferiores a los que había en el mercado o tenían otras constructoras. Debían cumplir ciertas pautas del contrato y allí venían los requerimientos de la firma, que provocaban las dilaciones en el inicio de obra.
En una entrevista con Punto a Punto, Ariel Márquez –uno de los socios– descartó de cuajo que se tratara de un sistema Ponzi. Narró inconvenientes a partir de la pandemia de Coronavirus (2020) y reconoció “demoras, no incumplimientos”.
Explicó que inventaron el sistema ‘Aportes claros’, que consiste en pagos durante un año para iniciar, recién ahí, los trámites de habilitación y luego la construcción de las viviendas. En esa nota Márquez estimó que, según los metros cuadrados de la vivienda, la obra puede durar entre nueve meses y un año y que algunas casas se llegaron a hacer “en tres meses”.
Según la información que aportaron presuntos damnificados a Perfil Córdoba, los plazos de dilación llegan a cuatro años por eso varios decidieron presentar sus demandas y denuncias.
La empresa está en Córdoba y otras provincias. Según la nota concedida por Márquez, en enero pasado, entregaron 3.755 casas en todo el país y en ese momento tenían 800 en construcción, algunas ejecutadas al 40% y otras al 70% del total.
