Sin pretensiones literarias sino meramente informativas es que comparto este “Manual de Instrucciones” para poder entender y seguir el juicio comunmente conocido como del “Neonatal”. En este caso, todo se focalizará en determinar la eventual responsabilidad criminal de la enfermera Brenda Agüero, quien trabajaba en el Servicio de Obstetricia del Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo” de Córdoba.
Se la acusa por el homicidio mediante un procedimiento insidioso, es decir, haber matado intencionalmente a cinco recién nacidos mediante la utilización de sustancias químicas que dificultan su descubrimiento. Además, se la imputó por intentar matara otros ocho bebés en las mismas condiciones, entre los meses de marzo y mayo de 2022. Agüero llega al juicio privada de su libertad.
Luego hay una decena de funcionarios públicos y exdirectivos del hospital. El más importante es el exministro de Salud Diego Cardozo. En términos sencillos, se le atribuye haber ocultado intencionalmente, y con pleno conocimiento, las muertes sospechosas.
El tribunal y el jurado popular
El tribunal estará integrado parcialmente por tres jueces técnicos -abogados-. La presidenta del tribunal será la Dra. Patricia Soria, y los vocales que la acompañarán serán Laura Huberman y José Daniel Cesano. Completan el tribunal ocho jurados populares titulares y cuatro suplentes que deberán estar presentes durante todo el juicio. En definitiva, son personas del pueblo que como regla general no deben ser abogados.
La participación de los jurados populares se impone obligatoriamente en este caso por dos razones: la primera, por el tipo de delito que se investiga -el homicidio agravado-, que merece según lo dispone la ley, de una condena de prisión o reclusión perpetua para el caso que se determine la culpabilidad de Agüero. Pero también la conformación con jurados resulta obligatoria en razón que a muchos de los imputados se les atribuye algunos de los delitos propios del fuero penal económico y anticorrupción administrativa previsto en el Artículo 7º de la Ley Nº 9181.
Qué pasará esta primera semana
El juicio tiene fecha de inicio este lunes, cuando se hará la apertura del debate. Se leerán los hechos que se atribuye a cada uno de los imputados, y quizás, recibirán planteos preliminares por parte de los abogados de las partes. Luego de ello se recibirá la declaración de los imputados que deseen prestarla.
Lo más sustancioso será conocer las estrategias de cada parte en la formulación de los “alegatos de apertura”. Allí, se constituyen en términos sencillos, una mirada de cada abogado para direccionar la prueba e influir sobre los jueces técnicos y los jurados. Como en las películas, se pararán frente al tribunal para hacer su presentación. Por la cantidad de involucrados esto tal vez requiera de varios días de audiencia.
El resto de los acusados
A los funcionarios públicos se les atribuye responsabilidad penal por no controlar las actividades de la enfermera Agüero, lo que habría facilitado las muertes. También se los acusa de encubrimiento deliberado de los hechos, al no realizar denuncias penales oportunamente e, incluso, ocultar pruebas. Algunos hasta falsearon documentación pública oficial.
Es importante recordar que todas estas personas gozan de la presunción de inocencia, lo que implica que no deben demostrar su inocencia; es responsabilidad de los acusadores probar su culpabilidad.
-El médico Pablo Carvajal (especialista en Terapia Intensiva de Adultos y ex Secretario de Salud) fue imputado por el mismo delito que su ex jefe, Diego Cardozo.
-La exdirectora del Hospital Neonatal, Liliana Asís, llega al juicio detenida. La médica especialista en Neonatología e Infectología Pediátrica está imputada por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su rol de máxima autoridad del nosocomio.
-Las médicas Claudia Ringelheim (especialista en Obstetricia y Tocoginecología), Martha Gómez Flores (cirujana con especialidad en Neonatología), Adriana Moralez (neonatóloga) y Alicia Ariza (ex Jefa de Enfermería), todas por encubrimiento y falsedad ideológica. También Julio Escudero Salama, abogado y ex Subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud.
-En el caso de María Luján (Coordinadora de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal) se encuentra imputada por hacer constar manifestaciones falsas en los certificados de defunción de los niños y otra documentación oficial. Finalmente, Alejandro Gauto, abogado, exjefe del Área Legales del Ministerio de Salud, se encuentra imputado por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.
El resto de “las partes”
También participarán del juicio los acusadores “públicos” y “privados”. Los acusadores públicos son los Fiscales: en este caso intervendrán el Dr. Sergio Ruiz Moreno y la Dra. Mercedes Balestrini. Ellos tendrán como función central representar los intereses sociales. Su labor es garantizar justicia. Si la prueba demuestra la inocencia o genera dudas razonables sobre los imputados, los fiscales deben solicitar su absolución.
Los acusadores privados, conocidos como querellantes particulares, son los padres de los niños fallecidos, quienes buscan justicia desde sus intereses personales. Estos no están obligados a mantener la objetividad como los fiscales. Además, actuarán como actores civiles aquellos que reclaman indemnización económica por los daños sufridos, mientras que los demandados civiles serán el Estado provincial, los funcionarios públicos implicados y Agüero.
Finalmente, me interesa señalar dos cuestiones. La primera, es que estamos frente a un juicio histórico, de una magnitud y una relevancia social que, al menos personalmente, no veo desde el súper proceso del Banco Social, y que tuvo diversas aristas que llegaron a vincular a las más altas autoridades provinciales.
En este caso, como en aquel, se discuten también responsabilidades de exfuncionarios públicos, incluido el exministro de Salud de la provincia, que podría terminar en pena de cárcel para los mismos. A lo dicho se suma el carácter especialmente sensible que tiene la investigación por la muerte y lesiones de niños y niñas recién nacidas en una institución como es el Hospital Materno Neonatal, institución de la que se espera, ni más ni menos, que garantice excelencia en la atención de los niños y sus madres.
Esta es la principal razón por la que la cobertura completa de este proceso, creemos, resulta indispensable.
Por otro lado, me preguntaban también si este caso es comparable con el proceso que se llevó adelante por la muerte de Blas Correas, y mi respuesta es que sí. Aquí creo que existe un interés general de alto impacto social por aclarar qué fue lo ocurrió en el Hospital Materno Neonatal, por lo que el empuje del proceso, entiendo, se ha visto liderado institucionalmente por el propio Poder Judicial de Córdoba. Por su parte, en el caso de Blas, ha sido la fuerza de una madre –Soledad Laciar-, la que a la par del esfuerzo institucional, se constituyó en una potencia de tracción indispensable para, por un lado, empujar el proceso hasta las últimas consecuencias y, por otro, poner sobre la mesa de discusión qué clase de fuerzas de seguridad queremos en Córdoba.
(*) Abogado, Especialista en Derecho Penal (UNC y UNL), Magister en Derecho y Argumentación Jurídica (UNC), Magister en Razonamiento Probatorio (UdGirona). Docente de grado, posgrado e investigador en UBP y UES 21.
Perfil Córdoba realizará una amplia cobertura del histórico juicio del Neonatal que se verá reflejada en su sitio web, redes sociales y edición impresa. El doctor Calderón se suma a ese equipo para aportar una mirada técnica y profesional del debate oral y público.
