Los teléfonos móviles con las aplicaciones de redes sociales pueden constituirse en la prueba clave de investigaciones judiciales. Lo demuestra la pesquisa que realiza el fiscal de Instrucción Juan Pablo Klinger sobre hechos de corrupción en la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
En rigor, son dos expedientes separados, uno de los cuales fue enviado la semana pasada al juez de Control Agustín Cafferata.
Todo comenzó por una denuncia del jefe de la FPA, Adrián Salcedo. En una auditoría realizada en noviembre del año pasado se detectó el faltante de tres ‘rue’ (sobres precintados) con droga secuestrada: 54 gramos de cocaína, que habían sido decomisados en marzo del 2020, y 299 gramos de cocaína y 158 gramos de marihuana que fueron interceptados en octubre del 2022. En total, poco más de medio kilo de estupefacientes.
Por ese hecho, el fiscal Klinger imputó por encubrimiento agravado al secretario de la Fiscalía de Narcotráfico de Cruz del Eje, Patricio Bazán –custodio de todos los secuestros– y al jefe de la Brigada de esa ciudad, Mauricio Oyola. Supieron del faltante y no lo denunciaron.
La semana pasada, Klinger consideró que hay pruebas que permiten sospechar que no sólo ellos encubrieron la situación sino también el fiscal de Narcotráfico de Cruz del Eje, Cosquín y Carlos Paz –Valle de Punilla– Raúl Ramírez. Por esa razón solicitó una investigación jurisdiccional.
El expediente con Ramírez, Bazán y Oyola está ahora a cargo del juez Cafferata.
Huellas en los teléfonos. En enero, cuando se puso en marcha esa pesquisa, se intervinieron los teléfonos celulares de los miembros de la Brigada de Investigaciones de la FPA con sede en Cruz del Eje y Deán Funes.
El 8 de octubre pasado, Klinger ordenó allanamientos, imputaciones y detenciones de los primeros seis efectivos -luego fue detenido otro agente de Cosquín- y de tres civiles que habrían sido los “dateros” de los agentes. Se secuestraron todos los teléfonos y de allí emergieron una serie de datos que evidencian la trama de corrupción que protagonizaron, por lo menos desde el año 2020.
El jueves último, el fiscal ordenó la prisión preventiva de los 10 detenidos. La investigación no está cerrada y puede ampliarse la lista de imputados.
La decisión alcanza a Luis Rubén Benavidez (38), Isidro David Rivero (37), los hermanos Antonio Eduardo Ruiz (35) y Sergio Ruiz (39). Ellos pertenecían en el momento de la detención a la Brigada de Cruz del Eje de la FPA.
También continuarán detenidos Néstor Javier Márquez (45) y Raúl Eduardo Moreno (36), de la base de Deán Funes, y Diego Omar Bertino (42), de Cosquín.
Hay tres civiles en la misma condición que habrían sido los informantes que aportaban datos de tranzas y recibían a cambio droga para consumo personal o, incluso, para venderla.
La calificación legal es “asociación ilícita” y “entrega de estupefacientes de manera ocasional, a título gratuito, en escasa cantidad, agravado por la calidad de funcionario público encargado de la persecución de los delitos previstos por la ley”.
El intercambio de mensajes por WhatsApp y las actitudes adoptadas por los policías investigados son reveladoras de la trama que montaron. No se trata de casos aislados sino de una matriz de actuación que perfilaron los agentes de la FPA, como si fuera algo totalmente lícito.
Podría sintetizarse así:
◆ Cuando secuestraban estupefacientes en los procedimientos no entregaban una parte y la acopiaban.
◆ Con esa droga pagaban a informantes por fuera de la figura del “agente revelador” que prevé la ley de narcotráfico.
◆ De ese modo, generaban más operativos y mostraban eficiencia para obtener ascensos, conseguir traslados engrosando las estadísticas para dar una buena imagen institucional.
Cada detalle de esas maniobras quedó registrado en las mensajerías de sus teléfonos.
“¿Sacaste las papas?”, en alusión a plantas de cannabis; o “¿tenés algo para el ´delta’?”, como se llama en la jerga policial a los informantes. Son tan sólo un ejemplo de las pruebas que figuran en el expediente.
Conocían que eran conductas ilegales porque cuando se abrió la investigación judicial decidieron borrar los historiales de mensajes.
En una conversación, Moreno le envió una captura de pantalla a Márquez para explicarle cómo configurar su teléfono con mensajes temporarios para comunicarse con su “datero”.
Y ante el peligro de que la Justicia les cayera encima, decidieron deshacerse de la droga acopiada que, según ellos mismos comentaron, les alcanzaba para “un año más”, lo que da idea de la magnitud de los faltantes que generaron.
Para hacerla desaparecer, en un mensaje se leen instrucciones de Benavidez para llevarla a un horno de la familia de uno de los policías y quemarla.
Carreras cuadreras, un lugar para la tranza
Raúl Moreno, uno de los siete miembros de la FPA detenidos, confesó todo. Reconoció los hechos que le imputó el fiscal Klinger y pidió un juicio abreviado. Su abogado, Carlos Cardeilhac, solicitó que por su pronta y abierta colaboración se le aplique la pena mínima, de tres años de prisión.
Uno de los episodios en los que participó ocurrió en la pista “Don Sohar”, donde se corren carreras cuadreras. Ese predio es propiedad del padre de los policías de la FPA Sergio y Eduardo Ruiz. Moreno le pidió a Ruiz que entregue droga a un informante que había provisto datos relevantes sobre puntos de venta de narcomenudeo en Villa de María de Rio Seco.
Todo quedó grabado en los teléfonos
