En febrero de 2017, una sucesión de protestas en la plaza central de la localidad cordobesa de San Javier obligó al por entonces intendente José Alejandro Bustos a presentar la renuncia acusado de irregularidades administrativas. Siete años después, elevaron a juicio la causa y el político tendrá que responder por presuntamente desviar fondos millonarios que debían destinarse a una escuela y un polideportivo.
La fiscal de Villa Dolores, Lucrecia Zambrana, envió la solicitud de juicio al exintendente del municipio de San Javier y Yacanto y a varios colaboradores, por defraudación calificada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Según la investigación, José Alejandro Bustos y la empleada municipal Rosa Aída Murúa habrían desviado fondos provenientes del cobro de tasas municipales, en hechos reiterados entre 2011 y 2016.
Presuntamente, Murúa emitía comprobantes de pago a contribuyentes sin registrar las transacciones en el sistema del municipio, o registraba los pagos y luego los anulaba. Se identificaron 935 recibos fraudulentos por un total de $553.000, publicó Radio Juntos.
Además, la fiscal acusa al exintendente Bustos y sus colaboradores Raúl Alberto Parra, exsecretario de Gobierno; Verónica del Valle Moreno Lanatta, exsecretaria del Concejo Deliberante; y el arquitecto Jorge Miguel Koeter, de sancionar una ordenanza falsa para obtener un adicional de $1.131.102,15 al crédito de $3.569.495,63 que el jefe municipal había gestionado para la construcción de un polideportivo. Eso ocurrió en el año 2013.
La obra fue adjudicada a la empresa WSK Constructora S.R.L., que presentó avances de obra inexistentes o deficientes, aprobados fraudulentamente, generando un perjuicio económico total de $6.243.463,15 a la Municipalidad.
Además, según la investigación de la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación de la Sexta Circunscripción Judicial, entre 2014 y 2016, Bustos recibió fondos provinciales (FODEMEEP) por $423.000 para el mantenimiento de escuelas, los cuales no se utilizaron para ese fin.
La renuncia y sus vínculos
José Alejandro Bustos había sido reelecto en 2015 para su tercer mandato como candidato de por Unión por Córdoba. A esa altura ya se había transformado en un dirigente importante en Traslasierra por su fuerte vínculo con el poderoso Oscar González, su padrino político.
En octubre de 2016 pidió una licencia como jefe municipal, tras las acusaciones por las irregularidades en el manejo de los fondos públicos. En febrero de 2017, luego de anunciar que en abril regresaría a ocupar el cargo, un importante grupo de habitantes se manifestaron en la plaza de San Javier para exigir su renuncia.
En ese contexto, los concejales aprobaron por unanimidad el inicio de un juicio político en su contra para destituirlo. Eso devino en su renuncia indeclinable tras perder el apoyo de los ediles de su propio bloque.
