El proyecto de ley de las legisladoras Julieta Rinaldi y Nadia Fernández que fija como hoja de ruta garantizar la integración de mujeres en las altas esferas del Poder Judicial, cobrará fuerza en el debate de la Unicameral. La iniciativa de las schiarettistas –casi en espejo con un proyecto de la radical Brenda Austin– cuenta con el visto bueno del gobernador Martín Llaryora.
El tratamiento del expediente de las oficialistas arrancará en los próximos días a buen ritmo conjuntamente con el proyecto de la radical. El eje en común es la paridad de género en el Poder Judicial de Córdoba, con el foco puesto en romper el “techo de cristal” en este poder del estado.
Los dos proyectos promueven el acceso e incorporación igualitaria en los puestos de toma de decisiones en el Poder Judicial, respetando el principio de paridad de género. Para ello, se busca modificar las leyes 8435 (Ley Orgánica del Poder Judicial), la 7826 (Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal) y la 10915 (del Ministerio Público de la Defensa).
Ambas iniciativas recurren en sus argumentos al mapa de género de la justicia argentina elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se puede observar la distribución por género de los cargos del Sistema de Justicia de la Argentina desde 2011 en adelante.
Esta herramienta ha permitido exponer esta circunstancia de “desplazamiento” de mujeres en cargos de jerarquía, que “reflota la necesidad de regular dicho aspecto para evitar el llamado ‘techo de cristal’”, en este caso en el Poder Judicial, señaló Rinaldi en los fundamentos de su proyecto.
No obstante, advirtió que en Córdoba “se vislumbra una mayor participación de mujeres y un acceso menos obstaculizado que en otras provincias”.
En su mirada, Austin aportó: “El Poder Judicial no es ajeno a ello, si bien a nivel agregado la participación es alta, la proporción de mujeres decrece a medida que se asciende en la escala jerárquica”.
Tras destacar la agenda de género de los gobiernos del PJ, la schiarettista afirmó que Córdoba “cuenta con innumerables juristas y académicas con una vasta trayectoria y formación en las diversas ramas del derecho, motivo por el cual no caben dudas de que el Estado debe asegurar a las mujeres la posibilidad de acceder a las máximas esferas de los distintos órganos que integran el sistema judicial”.
Fernández, por su parte, expresó que esta ley, que se construirá de forma participativa, significará “un avance en la provincia referido a todo lo que tiene que ver con la cuestión de los derechos de las mujeres”.
A su vez, la oficialista hizo foco en una particularidad que marca la diferencia con la iniciativa de la radical. La paridad de género en la Justicia no puede ir en contra del cumplimiento de la orden de mérito “porque Córdoba se caracteriza por eso”, aclaró la viguista.
Vacante del TSJ
Con el adelanto del debate de esta ley se reactivó el reclamo de los halcones de Juntos por el Cambio (JxC) para que se ocupe la vacante en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que se produjo –el 1 de febrero– con la salida de la vocal Mercedes Blanc de Arabel.
El jefe del bloque UCR, Matías Gvozdenovich, demandó “un consenso amplio con la oposición y así evitar un daño en la credibilidad de la Justicia”. El planteo del radical apuntó a la cúpula del Ejecutivo ante el riesgo de que el oficialismo “se corte solo” en la definición del tema. “Hay que cuidar las instituciones”, remarcó el deloredista.
En tanto, el liberal Gregorio Hernández Maqueda renovó su crítica por el manejo “dilatorio” del gobierno. En ese plano, le reclamó a Llaryora que remita el pliego y solicite acuerdo para designar al nuevo miembro del TSJ.
Ante la avanzada opositora, en el Panal se dejó trascender que Llaryora “no tienen ningún apuro” por ese tema. No habrá novedades en el corto plazo respecto al pliego que debe girar el mandatario a la Unicameral. “El asunto no forma parte de la agenda urgente del gobernador”, coincidieron en señalar distintas fuentes consultadas.
“El TSJ como está (con sus seis miembros) funciona bien”, dijo una voz del PJ, mientras que otro interlocutor aportó una valoración más política por lo que genera el desgaste de conseguir los votos, aunque sólo se necesita mayoría simple en la Unicameral. “¿Para qué meternos ahora en este quilombo? Solo hay que mirar lo que pasa con (Ariel) Lijo en el Congreso nacional”, razonó. En esa línea, otra fuente sentenció: “Él (por Llaryora) no tiene apuro en nombrar a alguien en el TSJ”.
En el mar de fondo en torno a las especulaciones que se tejen por la vacante en el máximo tribunal, PERFIL CÓRDOBA pudo confirmar que el Ejecutivo respetará la cuestión de género. Llegado el momento, será una mujer quien ocupe la séptima vocalía en el TSJ.
Cuestión de género
Si bien Rinaldi y Fernández no buscan entrar en la polémica que fogonea la oposición, su proyecto establece que “el Tribunal Superior de Justicia se integrará con siete miembros, garantizando el principio de paridad de género en su composición”. Actualmente, está integrado por cuatro hombres y dos mujeres, con un sillón vacante.
En tanto, la iniciativa de Austin no deja margen a la interpretación. “El proyecto busca garantizar el respeto por la paridad e incorpora un piso mínimo de tres mujeres en el TSJ y propone que la presidencia sea ejercida de manera intercalada entre mujeres y varones”, dijo la radical a este medio.
Asimismo, fija un piso mínimo de representación “en otros cargos que se cubren de manera discrecional a propuesta del Poder Ejecutivo como son el Ministerio Público Fiscal –dos mujeres como fiscales adjuntos considerando que hay un fiscal general y cuatro adjuntos– y el Ministerio Público de la Defensa –una mujer como defensora adjunta considerando que hay un defensor general y dos adjuntos–”, ahondó.
Al remarcar que “sin mujeres en la Justicia, no hay una verdadera Justicia”, la parlamentaria sostuvo que “es necesario garantizar la igualdad y equidad en todos los niveles del Poder Judicial y dar un mensaje claro orientado a mejorar la calidad institucional”.
En su planteo, la radical incluyó abrir el debate sobre la iniciativa que presentó la UCR que propone establecer el mismo estándar que la Constitución Nacional fijando que las designaciones de jueces sean hasta los 75 años debiendo luego requerir un nuevo acuerdo.
