La provincia de Córdoba, a través de un decreto, otorgó una indemnización de $76 millones a la familia del fallecido Subcomisario Ricardo Fermín Albareda, Subcomisario de la Policía de la Provincia de Córdoba, quien murió en acto de servicio.
El Ministerio de Seguridad había determinado el ascenso póstumo de Albareda al grado inmediato superior en reconocimiento a su "mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio". Los beneficiarios de esta compensación eran, en un primer momento, Susana Montoya y su hijo, Fernando Albareda. No obstante, Montoya fue asesinada, y su hijo está detenido como presunto autor del crimen.
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Liliana Montero, ministra de Desarrollo Humano de la provincia, al ser consultada sobre el tema, aclaró que la decisión de otorgar la indemnización no estuvo bajo su ministerio.
Según Montoya, su participación en el decreto se limitó a inscribir en el legajo de Ricardo Albareda que su ausencia laboral se debió a su condición de víctima de desaparición forzosa, según lo establece la ley sancionada por la legislatura provincial.
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La ministra enfatizó que la cuestión administrativa relacionada con la indemnización fue tratada en un expediente independiente y que la ley no establece resarcimiento económico alguno, sino que se enfoca en clarificar la causa de la ausencia de Albareda en su trabajo.
La referente tampoco especificó quién se encargará de la realización del pago. Tampoco se mencionó si se ha definido un organismo o entidad responsable de gestionar esta indemnización, ni si se han establecido plazos para su ejecución.
