La norma del RIGI a la cordobesa aprobada por el oficialismo y sus aliados, sigue siendo el punto de la polémica en medio del choque de fuerzas con la oposición. Más allá de la dialéctica de la confrontación, peronistas y cambiemistas emitieron –por distintos andariveles– una clara señal de apoyo al poder libertario.
EL RIGI de Milei no fue el factor de enfrentamiento entre el PJ y Juntos por el Cambio en la última sesión de la Unicameral, sino las “facultades extraordinarias” delegadas al gobernador Martín Llaryora, blanco de críticas de los halcones opositores. En su réplica, el oficialismo adujo que la oposición sólo sabe poner “palos en la rueda” al Gobierno provincial.
El cruce se produjo a raíz del artículo 3 de la ley sancionada con los votos del PJ y sus aliados, por la cual Córdoba adhirió al Régimen de Incentivo a Grandes Inversores (RIGI) previsto en el Título VII de la ley Bases de Milei. La oposición calificó de “cheque en blanco” a este punto de la norma impulsada por el Ejecutivo provincial.
En el mar de fondo de las críticas opositoras por el artículo en cuestión, que le da la impronta del “modelo Córdoba” al RIGI nacional, el liberal cambiemista Gregorio Hernández Maqueda fogonea un mecanismo de control ante las facultades delegadas a Llaryora.
En un adelanto a PERFIL CÓRDOBA, el opositor halcón confirmó que esta semana ingresará a la Unicameral un proyecto de ley para “auditar” los decretos que rubrique el gobernador en el marco de la “mega delegación de facultades” otorgadas por el RIGI a la cordobesa. En base a lo aprobado el miércoles pasado en la Legislatura, el parlamentario que apoya sin dobleces a Milei afirmó que resulta “preocupante” ante “un régimen que lleva 25 años ininterrumpidos en el poder”.
Del borrador, que ya trabaja Hernández Maqueda junto a su equipo, se desprende que el mecanismo que fija su iniciativa tiene como base de sustento la ley nacional que rige los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Control de validez.
El opositor busca regular el trámite y los alcances de la intervención de la Legislatura respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo en uso de facultades delegadas por el parlamento cordobés. Para aplicar este procedimiento la comisión de Asuntos Constitucionales tendrá un rol clave.
Por este ámbito deberán pasar todos los decretos del Ejecutivo sobre el RIGI cordobés. Dicha comisión deberá expedirse acerca de la validez o invalidez de los decretos y elevar el dictamen al plenario legislativo para su tratamiento, “en un plazo que no podrá ser superior a 45 días corridos, a contar desde su publicación en el Boletín Oficial, caso contrario quedará sin efecto, sin posibilidad de ratificación tácita o ficta”, indica el articulado.
Hernández Maqueda declaró que con su proyecto se busca dotar a la provincia “de procedimientos claros y transparentes para regular los alcances de la Legislatura en lo que respecta a la validez de los decretos del gobernador resultantes de las facultades que se le delegan y de los decretos de promulgación parcial de leyes”.
¿Qué dice el artículo de la polémica? “El Gobierno de Córdoba, a través de los ministerios y organismos competentes, podrá incrementar los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, así como desarrollar y ejecutar obras de infraestructura complementarias, regímenes de incentivos y financiar programas para capacitación y nuevos puestos de trabajo y, en su caso, ‘disponibilizar’ las leyes de promoción vigentes además de otras acciones promocionales que en el futuro pueda crear”, señala el texto.
Más adelante, indica: “Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a otorgar los beneficios previstos en el presente artículo (3), a grandes inversiones que no se encuentren comprendidas en el artículo 1º (de adhesión al RIGI nacional)”. Para la oposición, este artículo es “un cheque en blanco”.
Sobre la base de un expediente anterior que rechazaba el decreto 262, de fecha 17 de julio de este año, el opositor remarcó que “si bien aquel proyecto intentó reparar el procedimiento para asegurar la validez de los decretos que se dictaran en el marco de aquellas delegaciones (por la ley Impositiva anual), queda demostrada la necesidad de un proyecto superador, que regule ampliamente este proceso”.
Versión oficialista
Al defender el “plus” que el “modelo Córdoba” le da al RIGI nacional, el legislador Ricardo Sosa señaló que “el incremento de los beneficios a las grandes inversiones –según la ley aprobada– otorga al Ejecutivo provincial la facultad de aplicar los beneficios fiscales más allá de lo establecido a nivel nacional adaptándose a las particularidades de Córdoba y ofreciendo incentivos adicionales a inversiones estratégicas en sectores clave”.
De este modo, el parlamentario schiarettista habló de las bondades del RIGI a la cordobesa al momento de su exposición en el plenario del miércoles pasado. “En esto no hay que horrorizarse, señores, esto es absoluta facultad del Gobierno de la provincia”, sentenció.
En su contragolpe a las críticas cambiemistas, el jefe de la bancada PJ, Miguel Siciliano, aseguró: “No sólo aprobamos el RIGI nacional, sino que en Córdoba lo ampliamos, generamos mejores condiciones de inversión y buscamos más oportunidades para que el sector privado invierta en la Provincia y genere puestos de trabajo”. “La oposición hizo, respecto de este tema, lo que mejor sabe hacer, oponerse como lo hace siempre”, lanzó la espada llaryorista al tiempo que fustigó: “Buscan que a nuestro gobierno le vaya mal”.
La ley del Ejecutivo se aprobó con 39 votos afirmativos y 28 en contra. En tanto, el artículo 3 recibió varias abstenciones. Su votación, en particular, arrojó 33 positivos y 29 negativos. Los cambiemistas adujeron que impulsaron –sin éxito– un dictamen de minoría en apoyo al RIGI de Milei. El PJ le machaca votar en contra.
