Al escribirse estas líneas, a miles de kilómetros de distancia, resulta tan complejo auscultar de manera exacta lo que sucede en las calles de Caracas y otras ciudades de Venezuela, que ayer llamaron otra vez a repletar oficialismo y oposición, como sustraerse a las interesadas y parciales descripciones de la evolución de la crisis que se muestran en distintos medios, redes y plataformas.
Hechas estas salvedades como atenuantes de un escrito que quizá a la hora de su lectura sea obsoleto o se vea refutado por nuevos hechos en una intrincada trama de intereses que combina lo grave, lo trágico, lo incoherente, lo absurdo, habrá de intentarse un repaso seguramente incompleto de lo acaecido en la semana en aras de imaginar posibles derivaciones en los días por venir.
A esta altura del sábado posterior a los comicios del pasado 28 de julio y tras un segundo boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dio el viernes ganador por siete puntos de diferencia al actual presidente Nicolás Maduro frente al abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, las actas oficiales del escrutinio que deberían servir para refrendar ese resultado seguían sin hacerse públicas.
“No las han requerido; cuando las requieran…. Las tengo a todas”, dijo Maduro ante la pregunta de una periodista acerca de si había llevado las actas al Tribunal Supremo de Justicia, donde el viernes fueron citados los 10 excandidatos del domingo pasado. Finalmente acudieron ocho de ellos, con la ausencia más notable de González Urrutia a quien a esa hora el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, daba por ganador de la elección, al igual que lo hacían otras naciones de la región de manera oficial o con pronunciamientos personales de sus gobernantes.
Los reconocimientos como vencedor al candidato de la PUD, ungido como tal por la dirigente opositora María Corina Machado (inhabilitada por un fallo judicial para encabezar la coalición opositora), fueron sucediéndose con el correr de los días y las horas. Algunos gobiernos (como el de Javier Milei) lo dieron por ganador incluso antes de que el CNE diera su primer boletín hace una semana, o de que en un sitio web se publicaran actas aportadas por la oposición en las que González duplicaba en votos a Maduro, pero cuya veracidad fue negada por el gobierno venezolano y no pudieron certificar distintos medios y organismos.
Mora inaceptable
Las denuncias de fraude de la PUD y las contrademandas en igual sentido de parte del oficialismo, que atribuyó las demoras iniciales en los datos a ‘un hackeo’ del sistema de transmisión de cómputos, delineado como parte de un plan conspirativo de pasos y ejecutores diversos, quedaron en manos de un Poder Judicial al que los opositores no consideran imparcial.
La demora en la presentación de las mentadas actas oficiales no sólo dio pie a reclamos internacionales en el seno de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y mandatarios situados en las antípodas del actual inquilino del Palacio de Miraflores, sino que motivó el pedido de otros gobiernos clave en la región, como los de Luiz Inácio Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro (presidentes de los tres países más poblados de Latinoamérica), que desplegaron acciones conjuntas para evitar que las tensiones sigan creciendo.
La ausencia de México y las abstenciones de Brasil y Colombia, entre otros, impidió una condena de la OEA esta semana en Washington y hay versiones recogidas por medios como el diario El País, de España, que indican que estos tres gobiernos no sólo presionan para la publicación de las actas oficiales como modo imprescindible de dar legitimidad al resultado, sino que también analizan eventuales salidas democráticas o soluciones negociadas que eviten enfrentamientos, represión, violencia y más víctimas en las calles, como ocurriera en 2014 y 2017.
El tenor de los discursos de estos días no pareciera augurar señales de entendimiento o racionalidad y tal vez ni la aparición de las actas, con una mora teñida de sospechas y acusaciones cruzadas que remiten a las últimas dos décadas, termine de resolver el conflicto.
Diferencias que afloran
Quienes sostienen las posturas ideológicas más extremas y antagónicas, dentro y fuera de Venezuela, aluden por un lado a este presente como el comienzo del fin del chavismo y su “Socialismo del siglo 21” metiendo a Maduro y su desgastado esquema de poder en una misma bolsa y sin distingos con lo que fue la llegada a Miraflores, a fines de 1998, de Hugo Chávez y su posterior “Revolución Bolivariana”. En aquella sociedad fragmentada que había mostrado la cara oculta de la “Venezuela saudí” en los días de saqueo, represión y muerte del “Caracazo” de 1989, Chávez fue el disruptivo cambio del orden establecido. Y cimentó su liderazgo a base de carisma entre los sectores más pobres a los que la riqueza del país petrolero no les daba ni un documento de identidad.
Sólo para marcar un par de matices que diferencian a ambos mandatarios cabría mencionar que el expresidente que murió de cáncer no le esquivó nunca al desafío de las urnas, del que salió casi siempre airoso, excepto una vez en la que reconoció de inmediato su derrota.
En el referéndum revocatorio al que se sometió en agosto de 2004, dos años después del fugaz golpe de Estado en su contra perpetrado por sectores del empresariado y parte del ejército, y al que se sumaron algunos jóvenes dirigentes enrolados hoy en la “oposición democrática”, Chávez acabó refrendando su poder por amplio margen, en un proceso que sus detractores tildaron de fraudulento, pero que numerosos veedores internacionales convalidaron, entre ellos el prestigioso Centro Carter, con la presencia del expresidente estadounidense y Nobel de la Paz (Jimmy Carter) en persona.
Algo que no aconteció esta semana con los 17 veedores de ese Centro, que ha fiscalizado la realidad electoral en más de un centenar de países, y quienes dejaron Caracas con un comunicado en el que expresaban que no podían certificar la transparencia democrática del proceso.
Incluso en la última elección que tuvo a Chávez como protagonista, el 7 de octubre de 2012, el entonces gobernante se impuso al candidato de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Henrique Capriles Radonski, quien en la misma noche del escrutinio y tras el primer boletín del CNE reconoció su derrota y felicitó al ganador. Una actitud de civismo que le costó a Capriles duros cuestionamientos de otros referentes más radicales de la MUD.
El deceso de Chávez y su previa indicación de Maduro como sucesor en lugar del exmilitar del ala dura, Diosdado Cabello, abrió otra etapa inaugurada por tensiones y violencia, tras el apretado resultado que dio vencedor al excanciller sobre Capriles, en abril de 2013 y que la oposición en bloque desconoció.
Diásporas
Y si resulta interesadamente erróneo hablar de “los 25 años de chavismo” como un todo inescindible y homogéneo también es parcial y maniqueísta estigmatizar y/o defenestrar cualquier disenso o discrepancia como parte de un eje conspirador al que se debe derrotar de cualquier manera.
Sin el carisma de su líder, con el desgaste propio de los años de un esquema de poder y con un contexto internacional menos favorable en lo económico y más hostil en lo político, el gobierno de Maduro perdió apoyos internos de antiguos referentes o sectores chavistas, y profundizó el éxodo de cientos de miles de personas. Más aún cuando perdió comicios legislativos tras los que endureció y militarizó su perfil, o cuando eludió un referéndum en su contra con evasivas que antecedieron a nuevas protestas, enfrentamientos y represión, además de una andanada de sanciones que se acentuaron con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
En medio de los vaivenes ideológicos de la región, el Grupo de Lima, creado hace siete años con el explícito fin de promover un cambio de régimen en Venezuela, aplaudió bloqueos y barajó incluso una posible intervención militar internacional liderada por Estados Unidos, a cuyo favor se pronunció Machado, la dirigente a la que se impidió ser candidata hace siete días.
Pero reducir las marchas multitudinarias que ahora reclaman un cambio a una conspiración de golpistas financiados para quedarse con el petróleo y el gas venezolano, es no querer ver las razones por las que en muchos bastiones que se pintaban de rojo en cada votación ahora hay otros colores o vacíos de quienes traspusieron fronteras.
En el escenario que dejó la votación del domingo pasado, numerosas voces claman por una salida pacífica que respete el veredicto de las urnas. Claro que hasta aquí, cada quien se atribuye la razón y, quizá, aunque aparezcan las actas oficiales, el proceso ya estará manchado de sospechas.
Mientras, desde afuera, hay quienes suman altisonantes discursos más preocupados en un rédito político propio, que en los legítimos derechos de las y los venezolanos. Ocurre con quienes desde Perú denuncian la feroz represión del régimen de Maduro, pero se olvidan de los muertos propios con que debutó el gobierno de Dina Boluarte, la vicepresidenta que asumió tras el vidrioso derrocamiento de Pedro Castillo. O con el propio Nayib Bukele, que usó al Poder Judicial para presentarse a una reelección que constitucionalmente le estaba vedada en El Salvador, donde este presidente al que muchos funcionarios argentinos profesan admiración y prometen emular, no vaciló en entrar con soldados al Congreso para disciplinar a legisladores que no aprobaban sus proyectos.
No se puede obviar, por último, el papel estratégico y geopolítico que por su ubicación y riquezas, Venezuela ocupa en el continente y en el tablero global, donde países como Rusia o China reconocieron a Maduro como ganador del mandato que empezará en enero de 2025 y durará hasta 2031.
Ojalá sean los venezolanos quienes diriman su futuro cercano, de manera legítima y en paz.
