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Legislatura de Córdoba: la oposición pidió saber dónde están los fondos que dejó Schiaretti y todo terminó en polémica

El “fracaso” del sistema penitenciario y conocer el destino de los fondos que dejó Schiaretti en caja antes de dejar el poder, fueron los ejes de la discusión. Desde el oficialismo acusaron a los cambiemistas de hacer “politiquería” y de “mentir”. Casi al filo del cierre de la sesión, JxC pegó el portazo y se retiró del recinto al denunciar que se les “cercena” el uso de la palabra.

Legislatura de Córdoba y otra sesión caliente
Legislatura de Córdoba y otra sesión caliente | Cedoc

En la sesión de este miércoles se desató el fuego cruzado entre opositores y oficialistas a raíz de dos pedidos de informes que llevaron a debate la radical Alejandra Ferrero (UCR) y el vecinalista Rodrigo Agrelo (EVC). Casi al término de la sesión, Juntos por el Cambio (JxC) abandonó el recinto en señal de desaprobación al accionar de Myrian Prunotto. Los cambiemistas acusaron a la vicegobernadora de “negarles, sistemáticamente, el uso de la palabra”.

En primer término, el radicalismo apuntó por las “irregularidades” en el sistema penitenciario. Por su parte, el vecinalismo demandó saber acerca del destino de los mil doscientos millones de dólares que dejó Juan Schiaretti en las arcas provinciales al cumplir su mandato.

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La bancada UCR machacó por “políticas represivas” ligadas a casos de “torturas” en las cárceles y la “asociación ilícita” encabezada por el exjefe del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Juan María Bouvier, actualmente detenido por la causa que investiga el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier.

Ferrero abrió fuego con su denuncia sobre “una situación delictiva que se dedicó durante más de 24 años a consolidar un tráfico ilegal” en el sistema penitenciario. Así apuntó contra Bouvier, acusado por asociación ilícita en el marco de las “irregularidades” que se investigan en varias cárceles de la provincia, como el penal de Bouwer y el de Villa María.

Legislatura sin bancada opositora

La opositora habló de “un catálogo con precios” donde “vendían sus servicios en connivencia con los reclusos” para mejorarles su estadía en el presidio. De este modo, enumeró los “beneficios” en cuanto a las visitas, traslados, autorización de ingreso de drogas, alcohol y celulares. Como así también fraguar informes para que puedan mejorar su evolución en las fases del tratamiento penitenciario.

Por otro lado, Ferrero puso el foco en “las situaciones infrahumanas de los presos”. Al respecto, alertó de las condiciones de hacinamiento en las cárceles y enumeró casos de “torturas” relacionados con “prácticas de sujeción a camas de cemento” de enfermos psiquiátricos.

En el fragor de su discurso, la radical cuestionó al Tribunal Superior de Justicia por “avalar prácticas de torturas en las cárceles de Córdoba”. A su vez, la opositora se refirió “a la mora en la creación de un mecanismo local para la prevención de la tortura”.

Legislatura de Córdoba y el debate por los fondos públicos

“Córdoba es una de las pocas provincias que carece de este mecanismo tan necesario para hacer oír los abusos y las torturas”, remarcó la parlamentaria al tiempo que acentuó: “Necesitamos políticas públicas de prevención en esta provincia. Veinte años de represión nos demuestran el fracaso de la política carcelaria”.

Por último, Ferrero advirtió que presentó cuatro pedidos de informes en este sentido. “Los funcionarios provinciales no tienen tiempo de responder y dar la cara en la Legislatura”, fustigó.

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Su par de bloque, Alfredo Nigro opinó que “el sistema penitenciario no puede ser sinónimo de corrupción, tortura y mucho menos de muerte”. A su turno, Dante Rossi cargó contra los peronistas que asumieron el 10 de diciembre al no hacer cargo de la gestión anterior. “Lo que pasa en el Servicio Penitenciario lo venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo”, sostuvo.

Por su parte, Gregorio Hernández Maqueda advirtió que “la ocupación carcelaria creció exponencialmente en los últimos años” y señaló que hay “14 mil personas privadas de su libertad”. Sobre este punto, el opositor indicó que el 70% no ha recibido condena. “Hay 9.800 personas privadas de la libertad sin haber tenido el derecho a un juicio justo”, remarcó al calificar la situación como “un escándalo de supresión de derechos humanos”.

Con la misma dureza en la crítica, la radical Brenda Austin reclamó: “15 años estuvo a cargo Bouvier. Necesitaron 15 años para darse cuenta de ese entramado de corrupción hacia dentro del sistema penitenciario”.

“Por qué se fue (Gustavo) Vidal Lascano… se picó a los seis meses”, lanzó Miguel Nicolás en su ácido comentario respecto al interventor del SPC. Y, acerca de la nueva jefa -Carolina Funes-, el radical espetó: “¿En 30 años no supo darse cuenta de lo que estaba pasando en el Servicio Penitenciario? Déjenme el margen de la duda”.

Réplica oficialista

Al salirle al cruce, la oficialista Nadia Fernández acusó a la radical de “mezclar todo” por aludir además a cuestiones vinculadas con la Senaf y los casos de torturas. Puntualmente, resaltó que las actuaciones que menciona el pedido de informes “están en manos de la justicia”.

De este modo se refirió a la detención de las máximas autoridades del sistema penitenciario de la provincia. “Esperamos el resultado de la justicia. Es una cuestión que esta judicializada”, expresó la peronista y aseveró: “No sé si tiene mucho sentido”, avanzar con el pedido de Ferrero.

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En su alocución, la integrante de la bancada oficialista salvaguardó el accionar del gobierno. “El 70 por ciento de las denuncias se hicieron desde el Ejecutivo y puso todo lo que hay que poner para que se investigue”, aportó y ahondó: “Acá la justicia funciona. Que caigan los que tengan que caer. No encubrimos”.

Con este argumento, apuntó contra Bouvier y el resto de los acusados que integraron la cúpula del Servicio Penitenciario, pero también fue un mazazo que tuvo como destinarios al ex ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido, al conocerse hoy sus imputaciones en una causa conexa al caso Blas Correas. “No encubrimos”, remató.

Por último, defendió la reestructuración del servicio penitenciario y la decisión de los reemplazos “en mandos medios y jefes honorables” del organismo. Asimismo, destacó la aplicación de “controles más rigurosos” en los centros penitenciarios.

El jefe de la bancada del PJ, Miguel Siciliano disparó munición gruesa contra los opositores al acusarlos de hacer “politiquería”. Además, afirmó que “mienten y siguen mintiendo. Están acostumbrados a mentir”. “Muchos opositores están ahí para obstruir a nuestro gobierno”, reprobó.

La espada oficialista replicó los dichos del ala dura cambiemista que habló de “complicidad entre el poder político y el poder judicial”. En ese plano, enfatizó que “el poder judicial está llevando adelante las investigaciones a ex funcionarios del gobierno anterior o de este gobierno. Y que caiga quien tenga que caer”, sentenció Siciliano en línea con el discurso de Fernández.  “Están acá para politiquear y no para llegar a la verdad”, remató en su contraataque a las acusaciones de la oposición.

Tras el extenso y acalorado debate por el cruce de facturas, el oficialismo decidió no archivar la iniciativa de Ferrero, sino dispuso su vuelta a comisión.

Fondos en caja

Por su parte, Rodrigo Agrelo impulso el debate de su pedido de informes al Ejecutivo respecto a la existencia de fondos disponibles en caja por la suma de 1.267 millones de dólares, según lo informado el día 7 de diciembre de 2023 por el entonces gobernador Juan Schiaretti.

El vecinalista demandó saber el destino planificado que tendrán dichos fondos durante la gestión de Martín Llaryora al advertir la subejecución presupuestaria de una serie de programas.

Rodrigo Agrelo en la Legislatura

Finalmente, el PJ y aliados rechazaron la aprobación del proyecto opositor tras otro fuego cruzado en el debate por las finanzas, la deuda de la provincia y la queja cambiemista por la falta de obras en el interior cordobés.

Portazo cambiemista

La polémica llegó a su punto máximo cuando casi al término de la sesión, los legisladores de JxC abandonaron el recinto en señal de desaprobación al accionar de Myrian Prunotto por “negarles, sistemáticamente, el uso de la palabra”.

“La señora vicegobernadora, por ignorancia, por torpeza o simplemente por autoritarismo, negó, sistemáticamente, el uso de la palabra a los miembros de esta bancada, desconociendo acuerdos previos y, también, el propio reglamento interno de este cuerpo. Nos retiramos como una forma de exigir respeto”, afirmó el interbloque en un comunicado.

Facundo Torres Lima en la sesión de la Unicameral

La respuesta llegó del oficialismo, el mismo Facundo Torres Lima cuestionó a sus pares por "estar constantemente predispuestos a no sentarse o directamente, hasta levantarse durante las sesiones si algo no les gusta. Ya lo vimos con el proyecto de Spaccesi y ayer era el Legislador Dante Rossi, de su propio interbloque quien tenía uso de la palabra mientras ellos abandonaban el recinto. Es una actitud peligrosa, irrespetuosa y antidemocrática". 

Según dejó trascender, se había llegado a un acuerdo en Labor Parlamentaria "pero sus propias diferencias entre distintos partidos e individualismos les complican mantener las posturas acordadas. En ese escándalo de agarrar la pelota e irse, sin fundamentos y con los mismos latiguillos de cada sesión a los que más perjudica es sin duda a los cordobeses y a la calidad de las instituciones", expresó Torres Lima.