Con la confianza de tener los votos para sortear la “cláusula Spaccesi”, es decir los 2/3 de las voluntades para su tratamiento sobre tablas, la bancada oficialista definió llevar a debate en la sesión de hoy la ratificación del convenio por el transporte metropolitano.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que tomó estado parlamentario en el plenario pasado, pero que no pasó por comisión, ratifica el convenio suscripto entre la provincia, la Municipalidad de Córdoba y el Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana conformado por 16 municipios y comunas del Gran Córdoba.
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El objeto de dicho convenio es la implementación del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano de Córdoba (SITMeC) “destinado al fortalecimiento del servicio público de transporte en la ciudad de Córdoba y el Área Metropolitana, a través de la optimización de la infraestructura y los recursos de las distintas jurisdicciones, para la mejora en la interconectividad entre sus ciudades y comunas, con el fin de potenciar y estimular el transporte público”, reza el artículo 1 del texto, siendo el 2º de forma.
En la elevación del proyecto, el Poder Ejecutivo planteó que el servicio que se prestará a través del SITMeC será “multimodal, integrado, bidireccional, con costos diferenciados, medios de pago integrados y aportes necesarios para su correcto funcionamiento”.
“Mediante esta iniciativa conjunta, se pretende dotar de interconectividad y dinamismo al sistema, generando un vínculo institucional de colaboración y cooperación mutua para desarrollar acciones estratégicas con perfil sustentable y sostenible”, argumentó la administración llaryorista.
El convenio de fecha 2 de septiembre de este año lleva las firmas del ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta (por el gobierno provincial), el intendente capitalino Daniel Passerini y el titular del Ente Metropolitano Rodrigo Fernández, en representación de los 16 municipios y comunas que lo integran.
En una asamblea general ordinaria celebrada a fines del mes pasado, la totalidad de los gobiernos locales del ente ratificaron el convenio suscripto. De este modo, el acuerdo cuenta con una base sólida de apoyo de los intendentes y jefes comunales. Lo cual, implica un blindaje ante una posible crítica del arco opositor en la Unicameral.
Ante este escenario, más que el acuerdo institucional en sí, el pase de factura de la UCR estará centrado en el tratamiento exprés de los temas que fogonea el gobierno de Martín Llaryora.
Sobre ese eje, y en medio de la “cláusula Spaccesi” que se originó con la idea de evitar los tratamientos sobre tablas, los radicales halcones se quejarán del debate exprés del proyecto que giró el Ejecutivo. La voz cantante la llevará el jefe del bloque radical Matías Gvozdenovich.
No obstante, el PJ junto a sus aliados apelará a sumar más voluntades de bancadas opositoras para ratificar por ley el convenio por el transporte metropolitano.
Claves del nuevo sistema
Según se informó, el transporte será bidireccional: los colectivos urbanos llegarán a las ciudades del área metropolitana, y los interurbanos podrán prestar servicios en Córdoba Capital. Esto redundará en mayores frecuencias y horarios.
El sistema contempla líneas intermunicipales. En una primera etapa unirán La Calera, Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, el Aeropuerto, Estación Juárez Celman, Colonia Tirolesa, Mi Granja y Malvinas Argentinas. A futuro, con mayor conectividad vial se enlazará las ciudades que conforman el Ente Metropolitano al sur de la Capital.
"La tarifa será diferenciada. Se mantendrá el precio hasta un trayecto de 10 kilómetros, superado ese límite habrá un costo diferenciado. También se ampliará el abanico de medios de pago", esto lo consignó el parte de prensa de la municipalidad de córdoba.
El sistema estará a cargo de la Unidad Ejecutora, que funcionará en la órbita del Ente Metropolitano y estará compuesta por dos miembros designados por la Municipalidad de Córdoba, dos de la Provincia y uno del mencionado ente.
Otros proyectos
El cuerpo legislativo aprobará también la modificación a Ley 6.964 (Áreas Naturales), con el objetivo de prevenir alteraciones de sus ambientes, explotación comercial, la caza o cualquier otro tipo de acción que las ponga en riesgo. Se trata de una iniciativa que cuenta con despacho de los legisladores Abraham Galo (PJ) y Brenda Austin (UCR).
Asimismo, se prevé un nuevo choque de fuerzas por el debate de la seguridad en Córdoba impulsada por el vecinalista Rodrigo Agrelo. Por su parte, el juecista Walter Nostrala intentará abordar sobre tablas su pedido de informes por los $35 mil millones que comprometió el gobierno de Llaryora para un programa de Naciones Unidas.
