El juicio por las descompensaciones y muertes de bebés entre marzo y junio del 2022, en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, entrará mañana en la cuarta semana. Como ocurre en los debates largos, que insumen meses, se desarrolla en capítulos temáticos. Permiten armar un rompecabezas cuyas piezas primero lucen aisladas y después se van integrando con los detalles que aportan testigos y pruebas documentales y periciales.
La nitidez de la imagen final es la que decidirá a los jurados inclinarse por la culpabilidad o la inocencia de cada uno de los 11 acusados: la enfermera Brenda Agüero y los 10 funcionarios del hospital y del Ministerio de Salud.
Se juzgan dos situaciones: presuntos ataques intencionales que provocaron lesiones y muertes y la inacción, ocultamiento o entorpecimiento –según de quién se trate– de las autoridades que tenían la obligación de denunciar ante la Justicia las sospechas que tenían.
Concluidos los testimonios de las mamás, papás, tías y abuelas de los recién nacidos cuya salud se complicó a poco de nacer, declaró la pareja que posibilitó la apertura del expediente judicial.
Ese es uno de los puntos que complica más a los funcionarios acusados. Ni las autoridades del hospital ni las del ministerio denunciaron a la Justicia lo que sucedía. Quien lo hizo fue una persona externa, el ingeniero Francisco Luperi, esposo de la médica Virginia Zamora, que trabaja en el Neonatal desde hace 11 años.
Ambos prestaron su testimonio el jueves último y explicaron por qué, cuándo y cómo decidieron ir a tribunales para realizar la denuncia.
Luego declaró una psicóloga y finalizó Fabiana del Soto. Actualmente es jefa de Enfermería del hospital. En el 2022 era supervisora en el Centro Obstétrico, el lugar donde las mujeres dan a luz.
Los tres testimonios evidenciaron que existió –por lo menos en los sectores del hospital donde Zamora y Del Soto trabajaban– un estado deliberativo y de sospechas mucho antes de que se formalizara la denuncia que, además, no la presentaron las autoridades que tienen como carga pública llevar a la Justicia cualquier presunción de irregularidad.
Del Soto dijo que ya “la segunda muerte”, en abril del 2022, resultó alarmante. Explicó que es razonable que fallezcan bebés internados en terapia intensiva por patologías, pero no que mueran bebés que nacieron sanos. Ahí radica lo insólito de los casos.
Y la médica Zamora, que es anestesióloga y trabaja en el área de quirófanos, dijo que a fines de mayo crecieron los rumores sobre muertes inexplicables de bebés nacidos sanos.
Quedó pendiente la declaración de Viviana Martínez, una empleada del hospital delegada del gremio SEP. Había sido citada para el jueves pasado, último día de audiencia de la semana, pero la extensión de los dos primeros testimonios obligó posponer su exposición que, se presume, será larga.
Es quien refirió Zamora como la persona que interactuaba –por su rol gremial– con trabajadores de distintos sectores del hospital y le comentaba sobre los hechos que iban sucediéndose. Fue a partir de la información que recibía de ella, más situaciones puntuales por su tarea de anestesióloga, lo que generó en ella preocupación, alarma y angustia, por lo que decidió junto a su esposo la presentación de la denuncia.
Francisco Luperi, el denunciante, relató que cuando su esposa volvía a casa después de las guardias de los viernes, “comentaba lo que le pasaba, como hace cualquier pareja”. Dijo no recordar fechas precisas pero señaló que compañeras de trabajo de su esposa “le refirieron que había casos que no tenían explicaciones, muertes de las que no se sabía la causa.
Obviamente lo tomamos como una noticia triste, con preocupación”. “A medida que se fueron acumulando los hechos, charlábamos cada vez con más alarma y preocupación”, agregó y precisó que su esposa iba recibiendo información a destiempo, no inmediatamente apenas se producían las situaciones inexplicables.
“Recuerdo que un día, al volver del hospital comentó que había más bebés muertos o con lesiones que no se sabía la causa, entonces tomamos la decisión en conjunto de que esta información tenía que ponerse a disposición de la Justicia para que tomara conocimiento. Eran hechos graves que involucraban vidas de recién nacidos. Desconocíamos si había una investigación policial o judicial. Alguien le había comentado que había una investigación, no sé si a nivel hospitalario o ministerial”, relató y explicó: "Yo hice la denuncia para tratar de resguardarla a ella”, para no exponerla porque era empleada del hospital.
La fecha en la que hubo múltiples bebés descompensados fue entre el 6 y 7 de junio del 2022. Él formalizó la denuncia el lunes 4 de julio.
El testimonio de Virginia Zamora, su esposa, fue coincidente. Ella agregó detalles sobre un episodio puntual.
Por trabajar en el sector quirúrgico, supo que se iba a hacer una biopsia a una bebé por una lesión cutánea. “Me pareció raro que se hiciera en el quirófano porque suelen hacerse en sala con anestesia local”, recordó. La explicación que le dieron fue que era por una cuestión de “seguridad del procedimiento”.
Ella no estuvo el día de la biopsia pero dijo que le recomendó a su colega “sacar una foto de la lesión”. La situación le pareció extraña. También refirió que los médicos que intervinieron obtuvieron poca información de la paciente, algo que también es raro.
La anestesióloga explicó el contexto en el cual se iba enterando de estos episodios. ”Era grave y nadie sabía y nos tendrían que haber informado. Hasta pensé que podría ser un virus pospandemia. Acabábamos de salir de una pandemia y nos dicen que algo está pasando con bebés sanos, acá al lado; pared de por medio”, afirmó y fijó como fecha “finales de mayo y principio de junio”, cuando “ya se hablaba de pinchazos”.
Recordó que Viviana Martínez les decía que “las autoridades pedían que no pregunten porque iban a entorpecer la investigación. Ese era el mensaje”. Le preguntaron de quién era esa consigna y respondió: “De la doctora Liliana Asís”.
