La fiscalía de Instrucción, a cargo de Andrés Rubén Godoy, ordenó la intervención total de Las Delicias S.A., y designó a tres funcionarios que deberán tomar el control administrativo y de gobierno del country más exclusivo de la capital cordobesa. La decisión se toma en el marco de la investigación por "defraudación por administración fraudulenta" de la cúpula actual de directivos.
"Es necesario intensificar el carácter de la medida cautelar oportunamente ordenada, cuya lógica consecuencia es la designación de tres interventores administradores, con facultades de dirección y gobierno; desplazando provisionalmente a la actual administración por el término de un año, prorrogable según estricta necesidad", expresa la cédula de notificación a las partes.
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El nuevo equipo de interventores administradores, elegidos por sorteo electrónico, tomará control en los próximos días, y sus decisiones será mediante voto mayoritario entre ellos. Tendrán facultades conjuntas de: control, información, gobierno y administración de Las Delicias S.A. Así mismo, deberá elevar un informe quincenal a la fiscalía de Godoy "de cualquier cuestión que pueda influir negativamente en el manejo del patrimonio ajeno y que puedan significar o proyectarse como las consecuencias ulteriores del supuesto delito que se está investigando".
Los funcionarios designados son: Miguel Ángel Leiguarda, Germán Gallo y Laura Sosa. "Reemplazarán provisionalmente a los actuales administradores de Las Delicias S.A.", se reafirma en nuevo decreto emitido por Godoy.
La noticia cayó como un baldazo de agua fría en los vecinos Jorge Lerda, Pablo Dolci, Verónica del Carmen Scarlatta, Ivonne Mariel Hernandorena, Oscar Bonangelino y Daniel Ramos, todos acusados de malversación de fondos del barrio. Por su parte, para los denunciantes es "otra muestra que vamos por buen camino para encontrar la verdad", afirmaron.
Maltratos al co-administrador
Hasta hace unos meses, tras la denuncia encabezada por los vecinos Alejandra Cáceres, Facundo Garade Paneta y Miguel Ortíz Pellegrini, el anterior fiscal designó al contador Walter Sanz como co-administrador del barrio. A lo pocos meses presentó su renuncia "a seguir cumpliendo la función de coadministrador, fundamentando su solicitud en una deficiente información brindada por la S.A." y por un cuadro de estrés luego ejercer esa función.
Según se deja en claro en el expediente: "se retacaba la información financiera" y eran poco claro la manera en que se concretaban algunos pagos. Se menciona a las obligaciones con las empresas de seguridad "Prosegur" y "El Legado". Sanz llegó a revelar un fondo de inversión que buscaba ocultarse y rendición de cuentas de eventos del Club Hípico dudosas. "Dado que he sufrido muchos problemas psíquicos y trastornos de salud por trabajar en esas condiciones, y con esas personas", fue la justificación elegida por Sanz para evitar volver al country y renunciar.
Para evitar un posible sabotaje de las pruebas y los sistemas informáticos del barrio, teniendo en cuenta "motivos bastantes para sospechar que Jorge Osvaldo Lerda, Pablo Dolci, Verónica Del Carmen Scarlatta, Ivonne Mariel Hernandorena, Oscar Bonangelino y Daniel Ramos, quiénes habrían participado en un hecho que encuadraría 'prima facie' en el delito de defraudación por administración fraudulenta", se toma la decisión de imputarlos e intervenir su administración.
