Martina Carivali es lo que siente ser: una mujer capacitada para prestar servicio como agente policial, con casi 13 años de experiencia en dos comisarías de Córdoba. “Me estresaba mi doble vida y decidí hacer la transición definitiva en febrero de 2022”, contó a PERFIL CÓRDOBA. Desde entonces no pudo volver a usar el uniforme de la Policía y se siente afectada laboral, económica y emocionalmente.
Actualmente, la Policía de Córdoba cuenta con cuatro personas que decidieron cambiar de género: son tres varones trans y Martina, la única mujer trans del personal policial en toda la provincia. Ellos prestan servicio uniformados, pero ella sigue en Tareas No Operativas (TNO) sin la autorización para usar el uniforme que utilizó 10 años seguidos, cuando se desempeñaba en la comisaría 29na de barrio Parque República como agente varón.
“Desde mi cambio de género, he experimentado numerosos perjuicios laborales que han afectado gravemente mi desempeño y bienestar en mi puesto dentro de la Policía de la Provincia de Córdoba. A pesar de haber cumplido con todas las prescripciones médicas y homologaciones correspondientes, y de recibir altas médicas que me declaran apta para tareas de seguridad y defensa, el Departamento de Medicina Laboral de la Policía ha continuado rechazando estas altas y prescribiéndome tareas no operativas”, escribió en una carta presentada el 24 de julio pasado ante el Plan para el Abordaje de Situaciones Complejas del Ministerio de Trabajo provincial.
En los últimos dos años y medio, la mujer presentó en la institución policial casi una decena de informes y altas psicológicos y psiquiátricos con las mismas prescripciones, todas ellas discrepadas por Medicina Laboral de la Policía.
Por ese motivo, en la misiva solicitaba la realización de una junta médica extraordinaria, “imparcial e integrada por personal idóneo y especializado en perspectiva de género”, a fin de obtener una evaluación justa y precisa que determine o no su aptitud para tareas de seguridad y defensa.
Sin embargo, el pasado 26 de agosto Martina se sometió a una junta médica tradicional en la que le indicaron “inadecuados mecanismos defensivos y baja tolerancia a la frustración”. Por este motivo, le ordenaron seguir en TNO por al menos seis meses más.
Por todo esto, Martina siente que ha sido objeto “de un trato discriminatorio en las valoraciones médicas” en las que se vulneraron sus derechos y su integridad laboral, con la consecuente afectación emocional y económica. “Mi condición sexual no condiciona mi trabajo”, aseguró.
PERFIL CÓRDOBA procuró entrevistar a las autoridades policiales a cargo del departamento de Recursos Humanos y desde el área de prensa de la Policía de Córdoba únicamente indicaron que la resolución de la junta médica “nada tiene que ver su condición de género”.
“Sigo trabajando el mismo horario, pero me descuentan 130 mil pesos por estar en TNO. A la última junta médica no pude asistir con un perito de parte porque ya no tenía plata para pagarlo y tuve que ir sola. Tampoco puedo ascender por estar estancada en mi grado del escalafón”, reprochó la denunciante.
Dos vidas en una
Martina tiene 35 años y es cabo de Policía de la Provincia de Córdoba. Egresó de la Escuela de Suboficiales en diciembre de 2011 y enseguida entró a la institución de seguridad.
Durante 10 años fue Martín en la comisaría y en las dependencias policiales a las que lo mandaron, pero se autopercibía mujer al regresar a su casa: “Iba a trabajar como hombre y me vestía como Martina en mi vida privada”, admitió.
Su madre y su padre aprendieron a aceptar sus elecciones. Su mamá vive en La Rioja y la sostiene emocionalmente a distancia; su papá es policía retirado y le pide que siga luchando, pero le dice que la fuerza de seguridad “es una institución de hombres creada para hombres”.
“Muchas veces me pregunto para qué sigo luchando si no puedo contra todo un sistema. Eso me angustia. Yo solo quiero trabajar con uniforme porque soy buena funcionaria y tengo buenas calificaciones, independientemente de mi condición sexual”, relató Martina, quien en su credencial de policía tiene el nombre autopercibido que ya figura en su acta de nacimiento y pronto en su DNI.
Trans en la Policía
Martina transita su decimotercer año como agente policial. Por los motivos explicados, hace más de 24 meses realiza tareas no operativas y actualmente se desempeña en el área de personal en la comisaría 6ta, ubicada sobre la avenida 24 de Septiembre en barrio General Paz.
Contó que durante su etapa como varón homosexual sufrió varias veces discriminación por parte de sus superiores, algunos de los cuales fueron denunciados ante el Tribunal de Conducta Policial. “Todo era por mi condición sexual”, aseguró.
Años más tarde, antes de su transición, recibió apercibimientos dentro de la fuerza cuando quiso dejar crecer su pelo. “A la mujer cuando se corta el pelo cortito no le dicen nada, pero si el varón se deja el pelo largo te empiezan a llamar la atención, te arrestan. Ni hablar si vas con las uñas pintadas o maquillada”, describió.
La provincia de Córdoba adhirió a ley 27.499, llamada “Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los Tres Poderes del Estado”. Para cumplimentar con la misma, la Policía de Córdoba realiza capacitaciones obligatorias para todo el personal.
Sin embargo, siguen existiendo actitudes y acciones, implícitas y explícitas, dentro de la fuerza policial que vulneran derechos de las personas que forman parte del plantel de la institución, así como tratos discriminadores y descalificadores a ciudadanos cordobeses en general.
Más informes presentados por la denunciante ante la Policía:
