Ante las crecientes dificultades para acceder a la información sobre el manejo de los recursos públicos, puesto en evidencia con el reciente escándalo de los contratados en la Legislatura, pero también por la negativa del gobierno de Martín Llaryora que deriva en la crítica opositora por “la opacidad del Estado provincial”, desde la bancada UCR fogonean una nueva ley de acceso a la información pública en Córdoba.
Su autora, la legisladora Brenda Austin, le dijo a Perfil Córdoba que el proyecto de 43 artículos responde a la necesidad de “una nueva ley” de orden público alineada a los estándares nacionales e internacionales y que garantice la transparencia de la gestión pública provincial. Se busca crear un ente autárquico para el efectivo ejercicio de este derecho.
“Esta es una vieja deuda que tiene Córdoba en relación a la transparencia, un tema que una y otra vez vuelve al centro de escena en relación a la información sobre gastos públicos o decisiones del Estado”, dijo. Si bien Córdoba tuvo en 1999 “una ley que supo ser pionera en la materia”, lo cierto es que, a la luz de los estándares internacionales y a la ley nacional, “ha quedado completamente desactualizada”, argumentó.
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“Córdoba está lejos de tener estándares de transparencia aceptables en términos comparativos. Si a eso le sumamos que el peronismo de Córdoba y el gobierno de Llaryora se niegan sistemáticamente a brindar información que es pública, porque involucra fondos que son de todos los ciudadanos, la situación de la provincia se vuelve crítica. La falta de transparencia es un nicho de corrupción”, cuestionó la radical.
Qué dice el proyecto
Entre sus principales puntos, el proyecto busca garantizar que el Estado cumpla el principio de “transparencia activa” y ponga a disposición toda la información relevante en portales de acceso público, además de mejorar las herramientas para requerir información específica. Amplía su alcance al incluir no sólo a los funcionarios, sino también a todos los actores que manejen fondos públicos (contratistas y proveedores del Estado).
A su vez, aumenta el alcance en relación al Poder Judicial, al Poder Legislativo y también a todas las agencias y entes del Estado. “Esta ampliación garantizará que cualquier área que reciba recursos públicos esté obligada a rendir cuentas de manera clara y abierta. La norma alcanza también a municipios y comunas”, según la iniciativa de Austin.
Frente a la negativa a brindar información o ante el silencio, se fijan herramientas administrativas y judiciales para obligar a su cumplimiento. También se mejoran los tiempos de respuesta, se implementan sanciones para los funcionarios que se nieguen a brindar información y se fijan criterios específicos en cuanto a las excepciones, conforme a los estándares nacionales e internacionales.
Con más de un cuarto de siglo del PJ en el poder, Austin advirtió de “una cultura pseudo institucional de quienes se creen por encima de la ley”. “Córdoba tiene que frenar el deterioro de su calidad institucional”, acentuó. La nueva ley viene “a garantizar mayor transparencia y evitar el ocultamiento de la información”, cerró.
