Ante la "reforma mordaza" que el PJ logró aprobar sin debate y por desempate de la vicegobernadora Myrian Prunotto en la última sesión, los halcones cambiemistas advirtieron que el "manotazo" del oficialismo se debió a que se venía la avanzada opositora de poner un freno al "impuestazo" del gobierno provincial.
En medio del fuego cruzado con el peronismo que le enrostró a Juntos por el Cambio el no bancarse perder una votación, el interbloque cambiemista acusó a la bancada oficialista, que con ayuda de sus dos "aliados" (Karina Bruno y Agustín Spaccesi) y el voto de Prunotto, avanzó en la reforma del reglamento interno para "silenciar" a la oposición y transformar a la Legislatura en "una escribanía del Poder Ejecutivo".
En un nuevo capítulo de esta fuerte pulseada entre los halcones y las espadas oficialistas, los legisladores Matías Gvozdenovich y Miguel Nicolás (UCR) activaron su contragolpe apelando a la "irretroactividad" de las leyes para poner a salvo los proyectos opositores que fueron presentados con anterioridad a la modificación del reglamento de la Cámara, entre los cuales el foco está puesto en el paquete referido al "impuestazo".
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Los radicales argumentaron que los proyectos del bloque de la Unión Cívica Radical que fueron ingresados bajo el sistema legislativo anterior a la reforma impuesta por el PJ "se deberán regir por el reglamento con el cual fueron ingresados".
El planteo de la bancada radical fue expuesto en una nota dirigida a la presidenta de la Legislatura para que "en el término perentorio de 24 horas se expide favorablemente" a la demanda opositora que busca frenar el "efecto retroactivo" del cambio de las "reglas de juego" en la dinámica legislativas de sus proyectos.
"Sería un despropósito y aportaría un nivel absoluto de inseguridad jurídica que, en la Casa de las Leyes, se modifique una normativa de funcionamiento y el mismo tenga efecto retroactivo a todos los proyectos que fueron ingresados con anterioridad, bajo otro sistema reglamentario de funcionamiento", señalaron el jefe de la bancada UCR y el histórico dirigente boina blanca en la misiva dirigida a Prunotto.
En este marco, los parlamentarios radicales descuentan que su planteo recibirá una respuesta negativa de la titular de la Unicameral. Por lo cual, dejaron expresa reserva de recurrir a la "vía judicial" al encontrarse "frente a la violación de derechos reconocidos por la ley y el principio de seguridad jurídica", destacaron.
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La bancada boina blanca busca de esta manera que no se altere la reglamentación de los proyectos presentados por sus integrantes con anterioridad a la "modificación arbitraria" que impuso el oficialismo con el propósito de que "no sean debatidos".
Impuestazo
La clave de la pulseada entre opositores y oficialistas está puesta en las iniciativas que pretendían frenar el "impuestazo" aplicado por el gobierno de Martín Llaryora que se reflejó en los "aumentos confiscatorios", según el reclamo de Rodrigo de Loredo y sus lugartenientes en la Unicameral, en los inmobiliarios urbano y rural.
El brazo parlamentario de De Loredo tiene bajo la manga una carta por jugar en torno al proyecto de Alejandra Ferrero que impulsa dejar sin efecto el Coeficiente de Equidad Inmobiliario (CEI) correspondiente a la anualidad 2025, causal del "impuestazo".
La legisladora deloredista reclama que se derogue el ajuste del CEI para el periodo 2025 y que utilicen el del 2024 para calcular los aumentos de los inmobiliarios. Además, hay otros seis proyectos de la oposición que intentan alivianar esta situación.
El radicalismo intentará desplegar su jugada en la sesión del miércoles, aunque con pocas chances de prosperar, aunque el propósito es que el “costo político” lo pague el PJ y sus aliados.
Por otro lado, hace casi una semana, De Loredo -junto a Gvozdenovich y Ferrero- amplió un pedido de acceso a la información pública ante la Secretaría de Ingresos Públicos demandando conocer la fórmula del coeficiente CEI 2025 al afirmar que la respuesta suministrada resulta "insatisfactoria".
A su vez, cabe recordar que, el referente radical y sus espadas legislativas acompañaron un amparo colectivo ante la cámara contenciosa administrativa demandando la "inconstitucionalidad" del impuestazo del gobierno de LLaryora.
