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CóRDOBA
JURY DE ENJUICIAMIENTO

La UCR activa avanzada por destitución del funcionario judicial Caeiro y pone en el foco a "los jueces que no funcionan"

El titular de la bancada radical, en sintonía con De Loredo, calificó al tema de "gravedad institucional". Y dejó planteada la duda acerca de "cargos judiciales que no sabemos si fueron o no acomodados durante el tiempo". La espada deloredista apuntó contra "los jueces que no funcionan".

Rodrigo de Loredo junto a Matias Gvozdenovich
Rodrigo de Loredo junto a Matias Gvozdenovich | Cedoc

El diputado nacional Rodrigo de Loredo activó la avanzada radical que busca destituir al asesor letrado Eduardo Caeiro acusado de revelar el contenido de un examen en el marco del concurso de antecedentes y oposición para cubrir cargos como auxiliar colaborador de la Defensa Pública.

Caeiro había sido designado como miembro del tribunal examinador que estaba a cargo de dicha evaluación. Del sumario administrativo en contra del asesor letrado dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se desprende la revelación de traspasar información reservada para permitirles obtener las mejores calificaciones a cuatro agentes judiciales vinculadas con él, “las cuatro mejores calificaciones del examen específico en cuestión”.

“De este modo, Caeiro habría lesionado gravemente la transparencia, imparcialidad, seriedad y confianza en la legitimidad de los mecanismos institucionales de promoción a los cargos superiores en el Poder Judicial de la Provincia”, expresa la resolución del TSJ.

En este marco, el diputado radical afirmó ayer en conferencia de prensa que se trata de “un tema de gravedad institucional que viene siendo silenciado” que “pone en crisis todo el andamiaje de ingresos del Poder Judicial”.

En esa línea, el jefe del bloque de legisladores de la UCR, Matías Gvozdenovich, afirmó a PERFIL CÓRDOBA: “La iniciativa la vamos a presentar”. Así se refirió a lo anunciado por De Loredo de fogonear un jury de enjuiciamiento que persigue la destitución de Caeiro “por mal desempeño de sus funciones”.

Al aludir a la denuncia de parte del gremio de Judiciales, la cual ya investiga la justicia, la espada deloredista en la Unicameral sostuvo que “esto es inaceptable” y puso en duda las designaciones ocurridas de este tiempo para atrás.

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“Esto es de una gravedad que no tiene palabra para describirlo, porque tenemos que remover para atrás todos los que fueron designados durante mucho tiempo”, dijo el parlamentario, al tiempo que remarcó que se trata de “cargos judiciales que no sabemos si fueron o no acomodados durante el tiempo y son los jueces que no funcionan”.

El titular de la bancada radical habló del “desprestigio” que se observa en la opinión pública hacia la justicia “a niveles históricos como nunca se ha dado”. “La gente no confía en la justicia”, subrayó.

“Si queremos tener una provincia mejor, de una provincia que demuestre su centralidad en el país, siendo siempre diferente al resto del país, necesitamos una justicia mejor”, lanzó el deloredista en su crítica que significó un tiro por elevación al gobierno peronista. “Queremos una justicia transparente, limpia y ágil”, remató Gvozdenovich.

Designaciones en la justicia

Por otro lado, el presidente del bloque de legisladores boina blanca ratificó el rechazo de la UCR -anunciado ayer por De Loredo- al pliego de designación de Jessica Valentini para cubrir la vacante en el máximo tribunal de justicia que impulsa el gobierno de Martín LLaryora.

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“Vamos a fondo en contra de la politización de la justicia. El pliego presentado por el gobernador no reúne, ni por asomo, los requisitos que un cargo tan importante en el Tribunal Superior de Justicia y por eso adelantamos nuestro voto en contra de la candidatura de la doctora Valentini”, completó.

De igual manera, la primera minoría opositora adelantó que votará en contra de las designaciones en el Ministerio Público de la Defensa, tanto al defensor general como al defensor adjunto. Se trata de Pablo Alfredo Bustos Fierro y Pablo Damián Pupich, respectivamente. En su momento, la UCR rechazó la ley que crea este organismo judicial.