El juicio del Neonatal lleva tan sólo dos semanas. Declararon los acusados, la mayoría se remitió a lo que había dicho en la instrucción del expediente. De los 11 acusados, además de la enfermera Brenda Agüero que hizo una exposición y no respondió preguntas, ampliaron declaraciones tres médicas.
La coordinadora de Seguridad del Paciente del Neonatal, Adriana Moralez, y la jefa de Tocoginecología y exsubdirectora, Claudia Ringelheim, relataron la enorme inquietud que había en el hospital en algunas situaciones precisas.
Por su función, Moralez expuso sobre todos los episodios. Ringelheim, en cambio, sobre los primeros y los últimos.
Las expresiones denotan que había preocupación entre las autoridades por lo inexplicable de los eventos. Señalaron que los médicos neonatólogos que atendieron a los bebés no tenían justificación y ellas –especialmente Moralez– dejaron en claro que el tema se estudiaba y se analizaba.
Ya el 18 de marzo, la primera muerte de Francisco Calderón y la internación en terapia de Uma Martínez, fueron eventos negativos para el hospital. Moralez dijo que en todas las instituciones de salud se estudian este tipo de casos. Hay reuniones de “causa raíz” para analizarlos.
Pasaron los dos hechos de marzo, cuatro en abril y dos en mayo hasta que el 16 de ese mes el subdirector administrativo, Alejandro Escudero Salama, se reunió con el fiscal Guillermo González para manifestarle la inquietud que existía en el hospital ante lo inexplicable de los casos. “No se habló de muertes” se aclaró hasta el hartazgo. Pero, a esa reunión había sido convocado el forense David Dib.
Después de escuchar a las acusadas que evidenciaron la preocupación que tenían y a las madres que prestaron testimonio hasta el jueves pasado, se manifiesta una verdad de perogrullo: el 16 de mayo –cuando ocurrió la reunión en tribunales– las autoridades del hospital y algunos médicos tenían una fuerte preocupación.
Aún sin tener conclusiones contundentes sobre los casos, ¿por qué no salieron del encuentro y pidieron a la Justicia una investigación? ¿Por qué no se abrió ese mismo día un expediente judicial a partir de la noticia, aún suponiendo que haya sido escueta, de lo que manifestó Escudero Salama?
Las madres, carentes de explicación alguna por parte del hospital, hoy expresan un dolor recargado. Además de violencia obstétrica en el parto, las muertes de sus hijos, retumban con eco sus reproches: nadie les explicó que había una investigación interna, que la directora y su equipo también se preguntaban qué estaba sucediendo. Jamás las convocaron para informarles aunque más no sea lo ilógico de la tragedia. No les informaron por qué era importante hacer las autopsias.
“Nos tomaron de estúpidas”, dijo más de una.
Dos fiscales descartaron que en aquella reunión del 16 de mayo del 2022 –de González, Dib y Escudero Salama– se cometiera algún delito al no desembocar en una investigación judicial o una denuncia formal.
Escuchando a las médicas y a las madres, es difícil digerir aquella decisión porque una denuncia sirve justamente para dilucidar si hay o no delito en un hecho. Ni más, ni menos que eso.
