En un primer sondeo que realizó PERFIL CÓRDOBA tras el anuncio del gobierno provincial que postuló al penalista Alejandro Pérez Moreno para ocupar una Fiscalía General Adjunta aparece además de sorpresa, una grieta entre el gran entusiasmo expresado por algunos y la desilusión con críticas y objeciones de otros. A los cuestionamientos se suman recuerdos que no se borran.
La vacante que ocuparía, si la propuesta pasa por el tamiz de la Legislatura, es la que dejará Pablo Bustos Fierro propuesto como defensor General, una nueva estructura, que antes de ser habilitada ya tiene un nuevo proyecto de ley para crear dos defensorías adjuntas más que se sumarán a la prevista inicialmente. Un enroque de funcionarios judiciales de alto rango a 12 días de que finalice el año.
Los pliegos de Bustos Fierro, de quien se propone como adjunto Pablo Pupich y de la abogada Jessica Valentini para una vocalía del Tribunal Superior de Justicia serán tratados la próxima semana en la Unicameral.
Pérez Moreno es un abogado de larga trayectoria, hermano de la fiscal de Instrucción Eugenia Pérez Moreno y del vocal de Cámara del Crimen, Eugenio Pérez Moreno. Su socio, en el estudio jurídico, es Juan Pablo Rubio, nieto del vocal del Tribunal Superior, Luis Rubio.
En sus inicios como letrado trabajó junto a Oscar Roger y fue testigo directo el día en que la salud del veterano abogado colapsó y falleció en los tribunales de Carlos Paz.
En los últimos años, su voz se hizo escuchar por llevar adelante la querella por el crimen policial de Valentino Blas Correas y, en la actualidad, por defender nada menos que al exjefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, Juan María Bouvier, en una de las causas por presunta corrupción más importantes de la provincia. En esa causa, en su rol de defensor habló de escasez de pruebas contra Bouvier y apuntó al investigador, el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier.
En el caso Blas también hubo ruido interno porque fue socio de Ignacio Mosquera, hijo del ministro de Seguridad en el momento del crimen del joven, Alejandro Mosquera, quien terminó siendo investigado por hechos derivados del crimen y el posterior encubrimiento. Lo notorio es que, en el juicio a los policías que terminaron condenados, Pérez Moreno se sumó al pedido de investigación a Mosquera que formuló el fiscal de Cámara, Marcelo Hidalgo.
Ahora le tocará estar ´del otro lado del mostrador´. Su condición de abogado litigante y defensor con que llegará al nuevo puesto muestra, por igual, los entusiasmos y recelos. Es lo más llamativo de las repercusiones recogidas por este medio a pocas horas de la propuesta oficial.
En las últimas semanas recorrió algunas fiscalías del interior. Además, él conoce a los funcionarios porque integra el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de evaluar y promover a los fiscales.
“Para el Ministerio Público Fiscal creo que va ser muy bueno, él entiende nuestra tarea, estuvo de los dos lados, sus hermanos hacen el mismo trabajo que hacemos todos y conoce los problemas que estamos teniendo, ojalá le vaya bien”, respondió a la consulta un fiscal de Instrucción.
Otro magistrado sumó más expectativas. “En el contexto actual, seguramente contribuirá a iniciar otro escenario de autoridad en el MPF; es nuestro anhelo”, respondió.
Ambas expresiones sirven de muestra para evidenciar las miradas positivas del grupo de fiscales que ponderan el conocimiento que tiene del trabajo de las fiscalías.
Otro funcionario, más medido, dijo simplemente: “Es un gran desafío”, una expresión que genera varias lecturas.
Desde la Fiscalía General “celebraron la futura incorporación por su experiencia y conocimiento”.
No todas fueron expresiones de ese tenor.
Hay otro grupo de fiscales que expresaron desilusión y dudas. Reclaman al gobierno provincial no proponer un magistrado de carrera que garantice independencia del Poder Judicial y seguir ocupando puestos en la Justicia de personas cercanas o ligadas a la gestión política.
En los pasillos, rondan recuerdos poco felices de Pérez Moreno en algunas controversias judiciales.
A comienzos de la década pasada hubo una panfleteada en tribunales organizada por abogados en contra del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. Un memorioso de aquella época señala que Alejandro Pérez Moreno firmó como titular de la Comisión de Defensa de la Defensa del Colegio de Abogados-en 2014- un dictamen muy crítico de la labor de Gavier, uno de los fiscales que tuvo y tiene las causas más calientes de la Justicia Provincial. Es el mismo funcionario que dispuso la prisión preventiva de Bouvier en el escándalo de corrupción penitenciaria, donde Pérez Moreno es el defensor.
Según parece, el episodio no se olvida.
Otra denuncia contra dos fiscales del interior también volvieron a la memoria. En 2017 el Jurado de Enjuiciamiento desestimó las denuncias en contra de los fiscales de Cámara de Deán Funes, Hernán Funes (fallecido) y de Instrucción de la misma sede, Eduardo Gómez. Ambos intervinieron en la investigación al ex intendente Alejandro Teijeiro que culminó en un juicio con condena por corrupción. Uno de los abogados que denunció a los fiscales fue Alejandro Pérez Moreno, defensor de Teijeiro.
Tampoco se olvida.
En la vereda opuesta de los fiscales (hombres y mujeres) que celebran, están los críticos que no dudan en señalar que, desde el puesto que ocupará como fiscal general adjunto le será muy difícil o imposible apartarse de todos los intereses que supo defender con garra a lo largo de su carrera de defensor. Y sospechan que su potente figura puede ejercer un control político de la gestión.
Si asume, deberá trabajar con los mismos fiscales que enfrenta.
No pocos opinan que “perderá dinero” asumiendo como fiscal general adjunto. La pregunta en todo caso es quién heredará los clientes del calibre que supo representar, entre los cuales hay imputados, condenados de mucho poder y dinero, litigantes y numerosas instituciones a las cuales asesora.
