Con la sangre en el ojo, los halcones cambiemistas lanzaron su contraofensiva ante la jugada oficialista que, con lo justo y apalancada en el voto desempate de la vicegobernadora Myrian Prunotto, logró luz verde a una reforma al reglamento de funcionamiento del Palacio Legislativo que fue resistida –sin éxito– por los opositores encolerizados en el último plenario.
El legislador del interbloque Juntos por el Cambio (JxC), Gregorio Hernández Maqueda, formalizó dos denuncias ante el gobierno de Javier Milei y la Organización de los Estados Americanos (OEA) por “atentado al orden democrático y violación de la forma republicana de gobierno” por parte del peronismo en el poder, ante lo sucedido en la Unicameral. En su réplica, el oficialismo acusó a JxC de montar un “show mediático” al no bancarse que “perdieron” una votación.
El halcón opositor enrolado en las ‘Fuerzas del Cielo’ lanzó su contraataque, el cual recibió el apoyo de la deloredista Alejandra Ferrero, en medio de la fuerte pulseada sin descanso con el PJ que se enmarca en el rechazo al “impuestazo” del gobierno de Martín Llaryora.
El deloredismo advierte que los cambios al reglamento de la cámara fueron un “manotazo” del peronismo para frenar el embate cambiemista que se venía por derogar el coeficiente 2025, que causó “un aumento confiscatorio” en el inmobiliario urbano y rural. Por su parte, desde el minuto 1 de la polémica, las espadas del PJ desestimaron la acusación del “impuestazo”.
En su pedido de “intervención” al Ejecutivo nacional, vía una nota al jefe de Gabinete Guillermo Francos, el liberal mileista denunció “una nueva censura a la libertad de los legisladores de la oposición” que implicó “un golpe a la expresión mayoritaria de los cordobeses, que optaron por un Poder Legislativo opositor que ejerciera su rol de contralor”.
Hernández Maqueda cuestionó que la reforma aprobada por el PJ y sus aliados, Karina Bruno y Agustín Spaccesi, más el voto desempate de Prunotto, viene “a agravar las mayorías necesarias para el tratamiento de asuntos sobre tablas, monopolizando el temario de las sesiones y de las comisiones, imposibilitando el trabajo de los representantes del pueblo y deteriorando las facultades de la Legislatura Provincial”.
Ante los hechos denunciados, el opositor cambiemista argumentó que “le corresponde al Gobierno federal –en particular a la Jefatura de Gabinete por Ley 22.520– garantizar la plena vigencia del orden democrático y el normal funcionamiento institucional al interior de las provincias”.
Ejercicio autoritario
En su planteo, el liberal se inclinó por el pedido al Ejecutivo libertario de “un interventor mediador” ante el gobierno de Córdoba y, entre otras medidas, podría disponer del “no envío de fondos” que son discrecionales o Aportes del Tesoro Nacional. Y, en el caso de la OEA, interpelar al Gobierno nacional que “es el responsable de lo que pasa en Córdoba”.
Hernández Maqueda le dijo a Perfil Córdoba que la “intervención” no necesariamente implica, con eje en este caso, “la revocación de los mandatos de las autoridades”. Al margen de esto, afirmó: “Lo que jurídicamente no tiene atribución una provincia es para violar la forma republicana de gobierno”.
En la nota a Francos, acompañada por “un informe de situación” del accionar del gobierno peronista que, según declaró, tiene “la intención de degradar las instituciones propias del sistema democrático liberal”, el opositor duro pidió a la Nación que “intime al gobernador Llaryora a normalizar la situación de la provincia y a respetar la forma democrática y republicana de gobierno”.
En tanto, en la presentación dirigida a Luis Almagro (OEA), el legislador mileista alertó de “una crisis y menoscabo institucional”, marcada por “el ejercicio autoritario y discrecional del poder político” en territorio cordobés. En ese sentido, formuló su denuncia por la “posible violación de la Carta Democrática Interamericana, que los Estados provinciales también deben respetar”, dijo.
Apoyo deloredista
En su respaldo a las denuncias de Hernández Maqueda, la jefa del interbloque JxC, Alejandra Ferrero, pidió no naturalizar “la gravedad del atentado al orden democrático ejecutado por el gobierno de Llaryora en la Legislatura”.
“Cambiaron las reglas de juego, las alteraron y nos obligan a jugar otro juego, afectando las reglas mismas de la democracia, callando o silenciando a la oposición y con ello dejando muda, sin voz, a una porción enorme de la ciudadanía que nos votó”, declaró la deloredista al rechazar “los atropellos del Cordobesismo”.
“Anularon otra instancia de control en esta Legislatura que se daba con la deliberación, a través de una paridad que tanto intentaron fustigar. Doblegaron todos los controles, así gestionan sin control y sin transparencia”, enfatizó la radical.
Réplica oficialista
Rodrigo Rufeil fue el encargado de salir al cruce de las denuncias del liberal mileista. No fue casual la elección ante el antecedente de un histórico enfrentamiento del exintendente de La Calera con Maqueda. Acusó al interbloque comandado por Rodrigo De Loredo y Luis Juez de “recurrir al show mediático, a la denuncia sin fundamentos, al grito y a la acusación como única estrategia”.
“Lamentablemente, nos estamos acostumbrando a ver a algunos opositores eligiendo el camino de la mentira y el espectáculo en lugar de la responsabilidad y el trabajo serio”, contraatacó el peronista.
El parlamentario del PJ señaló que “desde 1999, el pueblo cordobés elige libre y democráticamente a sus gobernantes”, y aseguró que “confundir el respaldo popular con autoritarismo es un intento burdo de deslegitimar lo que la ciudadanía decide en cada elección”. “No tienen derecho a manipular la verdad ni a montar escenografías políticas sin sustento”, fustigó.
“Esperamos que la oposición recapacite y entienda que el camino no es más la vieja política del escándalo”, remarcó Rufeil al tiempo que redobló su crítica contra el alineamiento cambiemista: “No se puede estar en campaña permanente y mucho menos con los peores métodos”.
De este modo, el oficialista destacó que “Córdoba necesita una oposición que proponga” y afirmó que el peronismo está “enfocado” en lo que importa: “Gestionar con responsabilidad y garantizar que Córdoba siga creciendo con democracia y pluralismo, como siempre lo ha hecho”, concluyó.
La “reforma mordaza” atada a la polémica del “impuestazo” que denuncia la UCR aunque el PJ dice que es “mentira”, abrió un nuevo capítulo de la pulseada “recargada” que libran los halcones opositores y el oficialismo.
