El Juzgado Federal 1, subrogado por Alejandro Sánchez Freytes, ordenó al gobierno nacional que pague la deuda a Córdoba por el alojamiento de presos federales en las cárceles provinciales. El monto asciende a $274.317.666. Incluye asistencia médica, psicológica, comida, colchón, frazada, y servicios de agua, luz, gas inherentes al alojamiento de los detenidos.
La resolución se dio en un hábeas corpus presentado por el defensor oficial Jorge Perano en representación de presos alojados en la cárcel de Bouwer. La Nación no cuenta con un penal en Córdoba y tampoco hay proyectos para construirlo por eso los presos federales se alojan en estructuras provinciales.
En el mismo fallo, el juez intimó a la Provincia para que mejore las condiciones de habitabilidad y los servicios, como la cobertura de salud. También le pidió que finalice el Módulo 3, ahora reconvertido por la Provincia en el Cemax (Centro de Máxima Seguridad) para descomprimir el resto de los sectores del complejo carcelario.
El trámite del hábeas corpus tuvo varias intervenciones. Se presentó a mediados del año pasado, el Juzgado y la Cámara Federal de Córdoba lo rechazaron. El defensor Perano fue a la Cámara de Casación que, por el contrario, ordenó al juez que analice el planteo de los detenidos.
El expediente bajó nuevamente al JF1 y el 19 de marzo último emitió el fallo, acogiendo los reclamos.
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Cuánto cuesta alojar a un preso en la cárcel
Desde enero del 2024, la Nación se comprometió a pagar $2.000 por interno federal por día. Es menos de lo que cuesta hoy un kilo de pan. Antes de esa fecha, sólo abonaba $375.
La cifra dista mucho de lo que la Provincia estipula como “costo real por interno” en la Provincia, que se ubica en $24.000.
Los datos fueron aportados a la justicia por la titular del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Carolina Funes, quien prestó testimonio en la causa. No sólo dio las cifras sino también expresó la demora con que el Ministerio de Seguridad acredita los pagos.
Cómo viven los presos en Bouwer
En la resolución judicial se describe las condiciones actuales de Bouwer.
Las celdas, previstas para dos, albergan a cuatro y hasta cinco presos. La situación fue constatada durante una inspección ocular que hizo el juez y admitida por la jefa del SPC.
Los inodoros están dentro de las celdas. Los presos hacen sus necesidades fisiológicas frente al resto. “Atenta contra la dignidad”, se lee en el fallo.
El suministro de agua se interrumpe porque no da abasto. La red fue creada para 2.500 internos y el número está ampliamente superado, hay fisuras en las cañerías lo que obliga a cortarlo de forma aleatoria.
No hay suficientes médicos, lo que obliga a realizar constantes derivaciones a hospitales externos con dificultades para conseguir turnos debido al colapso del sistema de salud externo.
El hacinamiento genera más violencia entre los internos y hacia los guardias, lo que provoca que cada vez más personal se retire por daños físicos y/o psicológicos. La superpoblación provoca descontrol y violencia, llevando el equilibrio entre presos y personal al límite de la fragilidad.
Problemas de infraestructura: A pesar de la construcción de un nuevo módulo con capacidad para 896 internos, se prevé que al finalizarse ya estaría superada su capacidad al tener que redistribuir a los internos excedidos de otros establecimientos, señala el juez.
Previo a esta resolución de la Justicia Federal, el Juzgado de Control N° 6 -provincial- también concedió un hábeas corpus por las mismas razones.
Y actualmente se tramita otro en el Juzgado de Control N° 9 por el hacinamiento en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de barrio Cáceres que tiene capacidad para 600 internos y aloja más de 1.300.
Las intimaciones judiciales y la tensión que se advierte en los centros penitenciarios llevó al gobierno provincial a anunciar la construcción de una nueva UCA y el replanteo de un módulo en construcción en Bouwer para convertirlo en cárcel de máxima seguridad (Cemax). Prometieron que este último estará terminado en diciembre de este año.
