Los círculos empresarios comenzaron a tomar nota esta semana de la sucesión de señales que desde el comienzo de febrero dio el gobierno nacional en un sentido, al menos, que genera atención.
Para algunos ejecutivos, la fuerte impronta pro Trump y contra sectores y movimientos progresistas -en sus palabras el wokismo enfermizo- comenzaron a evidenciar cierta radicalización en la narrativa del presidente Javier Milei. El escándalo en torno a la difusión del token $Libra es una mancha difícil de ocultar, aún no del todo clara y sumamente complicada de justificar para seguidores y votantes. Pero la insistencia en la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como miembros de la Corte Suprema de Justicia apelando a la herramienta del decreto terminó por encender todas las alarmas.
Las primeras voces en ese sentido llegaron de espacios muy reconocidos para el establishment y el círculo rojo como son la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham) e Idea. La entidad que representa los intereses de las compañías norteamericanas en el país remarcó en un comunicado a mitad de semana que “la designación de los magistrados bajo el argumento que el Senado no aprobó los pliegos y que se encuentra en receso, no parece el camino más adecuado” y que “la seguridad jurídica es un pilar fundamental para la competitividad y crecimiento sostenido, y su debilitamiento solo contribuye a demorar la recuperación económica y social que requiere la República Argentina (…) se necesita previsibilidad y seguridad jurídica para construir un futuro de desarrollo”.
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Desde la oficina Córdoba de Amcham, su director, Gustavo Campos explicó: “Con el comunicado no se busca cuestionar la calidad de los candidatos, sino en todo caso alertar un poco desde Amcham que la forma de designación de dos jueces de la Corte Suprema requiere un tratamiento institucional distinto, sobre todo por los riesgos que eso genera, desde nuestra perspectiva ante potenciales inversores y el mundo externo que está viendo esta situación. Y en algún momento reflexionar qué pasaría si hay un fallo con la firma de estos jueces y después estos jueces son destituidos. Puede haber una serie de cuestionamientos para que esos fallos no tengan efecto. Todo eso genera ante inversores externos un indicador de vulnerabilidad del país y de seguridad jurídica importante”.
La preocupación que intentó transmitir Amcham, es, según su parecer muy concreta. Están advirtiendo que jueces que están en un campo de muy probable cuestionamiento pueden ser objeto de controversias e incluso de destitución con la complejidad que eso implica para los procesos judiciales que estén bajo su órbita. Hay, en ese sentido, una genuina preocupación por los ejecutivos de empresas extranjeras y por inversores potenciales.
Por la ventana
Los virajes y volantazos alejados de la institucionalidad ya comenzaron a ser materia de análisis y diálogo en las cámaras empresariales de Córdoba, aunque aún hay cautela a la hora de fijar fuerte posición.
“Esto da una pauta de baja calidad institucional que para el mundo de las inversiones es muy, muy malo. Esta gente tiene algunos criterios que dejan mucho que desear, más allá de la reforma económica que están haciendo. Las grandes inversiones buscan seguridad jurídica. Esto no es seguridad jurídica, esto es falta de calidad institucional. ¿vos invertirías en un país donde no se respetan las instituciones o incluso se hacen cosas mucho más profundas? Acá hacen faltan grandísimas inversiones y si esta gente pone dos jueces por la ventana qué van a hacer con otras cosas”, planteó un empresario industrial con planta productiva en el interior de Córdoba.
En la misma línea de análisis sumó su opinión un ejecutivo de una importante multinacional con presencia en la ciudad: “Estamos viendo cimbronazos. Creo que nadie puede haber tomado una decisión de no invertir por lo de Libra. Eso afecta más a los votantes. Ahora, nombrar dos jueces de la Corte por decreto cuando el Poder Legislativo está cuestionando la constitucionalidad del mismo, nos pone en una situación endeble y el inversor invierte a largo plazo. Es una decisión que puede traer alguna consecuencia negativa ante posibles inversiones. Esto ya es otra cosa, esto trasciende. Antes vimos cosas más o menos tolerables, ahora cuando hay un impacto institucional como puede pasar con esto el inversor lo mira de otra forma. Es delicado”, señala.
Y apunta que, a diferencia de otras acciones del gobierno, cuando se definió, por caso cortar la obra pública, en el caso de la designación de jueces por decreto hablar de una oposición a la medida impulsada por la casta o sectores concentrados no parece ser lo más certero: “Acá no sólo reacciona la política y los senadores de la oposición. Están reaccionando otros sectores y cámaras empresarias que no tienen intereses creados, pero sí están viendo que esto genera una mala imagen que puede costar caro al país”.
Estilo K
Desde la city, un ejecutivo con presencia frecuenta en la Bolsa de Comercio de Córdoba -una institución muy afín al rumbo de la gestión nacional- traza el paralelismo de este momento de la administración de Milei con los gobiernos kirchneristas: “desde el punto de vista político Milei es un tipo complicado. Era la némesis de Cristina, pero al final del día tiene tanto respeto por las instituciones como el kirchnerismo. A los periodistas los vapulea, echan a gente sin ton ni son, hay un triunvirato extremadamente complejo, no hay ningún apego por las instituciones. El problema es que del otro lado tenes unos nenes…ergo creo que Milei necesita aplicar ciertas técnicas importantes para transitar este momento, pero la sociedad, incluidas las cámaras, tiene que ponerle cierto freno, como se le puso al kirchnerismo. Esta buenísimo que baje la inflación y hagan reformas, pero hasta acá. El trabajo económico del gobierno es mucho mejor de lo que uno podría haber esperado, pero desde lo político tiene métodos complejos a mediano plazo y está bueno que la sociedad le marque la cancha”.
Temor e impacto
Para el consultor de empresas Daniel Scandizzo la designación de jueces por decreto es una señal muy importante que alarma sobre la imposibilidad del gobierno de crear consensos, pero también de su manifiesta negativa a tender puentes de diálogo con cualquiera que no sea de su propia tropa. Intolerancia, autoritarismo e impericia en la misma oferta política.
“Davos, Libra, designación de jueces creo que son tres hitos que, como bien dice Mario Riorda, pueden dejar estigmas, no simples secuelas que se van. Se está evidenciando una caída en la imagen, en un contexto mundial muy complejo, ¿no conviene hoy la prudencia? ¿qué quiso hacer en Davos? ¿congraciarse con Trump? Hay que tener cuidado porque Argentina ha logrado consensos importantes que no puede perder, como el consenso democrático, el Nunca Más, ¿ahora preferimos un gobierno poco democrático si eso trae progreso económico? Estoy preocupado porque hay un avance cada vez más manifiesto sobre las instituciones democráticas ¿Hasta qué punto vamos a tolerar eso en pos del progreso económico?”, dice.
-¿Por qué no puede el gobierno construir esos consensos?
-Porque no hay intención de construir esas mayorías. El gobierno no está interesado en eso. Y del otro lado, de la ciudadanía hay un tibio temor. Hay voces que votaron a Milei que comenzaron a cuestionarlo, pero por lo bajo. Conozco de cámaras que están confundidas y no salen a pronunciarse porque noles gusta Milei, pero necesitan confiar. Ese temor ya lo vimos con el kirchnerismo. Entonces Milei comienza a tener comportamiento de casta como esto de nombrar jueces por decreto. Y en los inversores y en los mercados, más temprano que tarde en la economía repercute.
