La condena al exsecretario penal Carlos Otero Álvarez fue un acto de reparación judicial ante la complicidad de un poder institucional con el terrorismo de estado. El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, con jueces de otras jurisdicciones, el pasado 31 de marzo le aplicó la pena de tres años de prisión, con ejecución condicional, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, en 92 hechos de detenciones ilegales, torturas y homicidios de presos políticos que estaban también bajo su responsabilidad; como en mi caso y el de mi esposa Marta Juana González, asesinada el 11 de octubre de 1976 luego de ser retirada de la cárcel por el Ejército.
Cinco meses después, el 22 de marzo de 1977, en el penal de Sierra Chica, ante el propio Otero Álvarez y el juez Zamboni Ledesma pedí explicaciones y reclamé investigación del crimen. Nunca investigaron. Recuperada mi libertad, en 1984, insistí ante la Justicia federal. La “verdad histórica” en 2003 fue la primera resolución judicial que estableció la realidad de los hechos. En 2008 puse en conocimiento del Consejo de la Magistratura la incongruencia ética del juez Otero Álvarez con su anterior actuación como secretario penal durante el terrorismo de estado. Y renunció, dejando abstracto un pronunciamiento definitivo.
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En el 2010 fueron condenados los máximos jerarcas militares Videla, Menéndez y otros por los fusilamientos de la UP1. Pero la jueza Garzón de Lascano separó del expediente a los funcionarios judiciales denunciados. Padecimos el calvario de esa “causa maldita” que les quemaba las manos a jueces y fiscales de la democracia. Dilataron el proceso judicial con artimañas leguleyas y connivencias inocultables.
En 2017 buscaron invisibilizar el juicio a los magistrados con el concurso del poder mediático y arrinconando las audiencias en los recovecos de un antiguo palacio –sede del TOF2– para no contaminar las torres sagradas de la Justicia federal. Fueron condenados un juez y un fiscal, pero el Tribunal que presidió el juez Julián Falcucci absolvió al exsecretario penal Carlos Otero Álvarez por considerarlo un simple “fedatario”.
La Cámara de Casación Penal, en 2020, anuló esa absolución y ordenó un nuevo juicio con jueces distintos. Las pruebas documentales fueron los mismos expedientes que Otero Álvarez tuvo en sus manos. Aunque la condena de tres años pareció exigua en relación a los siete solicitados por la fiscalía y nuestras querellas, coincidimos con el fiscal Carlos Gonella: “El sentido de la pena es dar el mensaje de que la persona responsable de estos graves crímenes no debe quedar impune”.
La verdad y la justicia, aunque demoraron mucho, se impusieron. Costó, pero el único juicio a la complicidad civil, judicial, en Córdoba, fue posible. Juicio con las garantías constitucionales que no tuvieron nuestros muertos.
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La primera sensación personal después del veredicto condenatorio es haber honrado la memoria de quienes fueron víctimas del accionar delictivo de este funcionario judicial. Marta puede descansar en paz porque avanzamos en justicia. Y su memoria la mantiene resucitada no sólo en la familia, sino en nuevas luchas que levantan su testimonio, como el barrio que lleva su nombre o la escuela que la recupera como maestra en Villa El Libertador.
De algún modo, este paso de Justicia, también hace realidad la profecía bíblica inscripta en su epitafio del Memorial del cementerio San Vicente: “Tus muertos revivirán. Y en el país de las sombras, darán luz.” (Isaías, 26)
Afrontamos las contrariedades propias de un proceso judicial inmerso en contextos políticos difíciles. No es poca cosa que ante las sombras del embate a las instituciones que padece nuestra democracia desde las más altas esferas del poder, haya visto la luz esta condena por delitos de lesa humanidad. No les sirvió, ni les servirán, la negación de las violaciones de los derechos humanos ni las apologías generadoras de odios y violencias.
Este hecho judicial enseña que vale la pena empujar en todas las instancias; no bajar los brazos y dar los pasos necesarios cuando existe convencimiento de una causa justa, que reclama acciones. Son las que sustentan la esperanza, que nunca es pasiva porque se construye con el esfuerzo y el aporte colectivo.
* Querellante en la causa.
