Se cumplen 49 años del golpe cívico militar que inauguró uno de los tramos más oscuros de la historia argentina. Sin embargo, a pesar del transcurso de casi medio siglo, sigue reconstruyéndose esa memoria a retazos y con enorme esfuerzo.
El jueves pasado, en el Archivo Provincial de la Memoria estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC entregaron a la Justicia Federal el fruto de una labor minuciosa de enorme valor. Sistematizaron y digitalizaron información contenida en documentos inéditos que se encontraron fortuitamente en el 2022, en una casona de José de la Quintana, donde funcionaba el Grupo de Artillería 141 del Ejército –entre los años ‘50 y ‘90–, y donde se instaló en los ‘70 un centro clandestino de detención.
Se trata de 354 documentos de inteligencia del Ejército, referidos a la etapa que va de 1970 a 1978, a lo que hay que sumar 74 documentos de educación e instrucción, verdaderos manuales de formación de las tropas. Encontraron también cartas de familiares a conscriptos, libros y planillas de responsables y de personal militar. Hay algunos documentos escritos a máquina y otros a mano.
Fueron rescatados del olvido, cuando se decidió hacer una remodelación hace tres años. Al remover un entretecho aparecieron hojas de papel desparramadas, llenas de polvo y telarañas. Es difícil imaginar por qué quedaron ahí. Existen sospechas de que abundante documentación fue quemada para no dejar huellas.
Inmediatamente se dio aviso al Juzgado Federal N°3 y fueron enviadas al Archivo Provincial de la Memoria.
María Eleonora Cristina, directora del espacio, relató que “son fragmentos de series documentales” y “hubo que sacar, traer, acondicionar el material en un laboratorio documental”. “Se transformó mugre en sistematización”, subrayó.
Una vez en el Archivo, había que catalogar y analizar su contenido. Fue ahí donde surgió un trabajo colaborativo con la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC. Cristina señaló que la tarea consistió en detectar a los “sujetos del terrorismo de Estado, perseguidos u observados”, a “los funcionarios públicos perpetradores involucrados en el aparato represivo” y luego se hicieron observaciones, por ejemplo “que el nombre de un detenido aparecía en la lista de Montoneros de otra jurisdicción, hay datos de Mendoza”, indicó.
Como tarea de extensión de la unidad académica, y a propuesta de la Cátedra de Derechos Humanos, a cargo de Carol Solís, una veintena de estudiantes trabajaron en duplas sobre el material, a lo largo del segundo semestre del año pasado. Son jóvenes que no vivieron la dictadura argentina. Se acercaron a los contenidos sin la vivencia en primera persona, pero fueron capacitados y guiados para entender y poder descifrarlos.
Cargaron hasta el mínimo detalle, en archivos Excel, los datos contenidos en cada documento: todo fue digitalizado.
Los pendrive con esa información fueron entregados el jueves pasado al juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja y al fiscal de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad, Facundo Trotta.
Ambos agradecieron el aporte cuyo análisis legal correrá por cuenta de la justicia donde se tramitan las causas del terrorismo de Estado.
En diálogo con Perfil Córdoba, Trotta dijo que, salvo a grandes rasgos, no conoce qué información contienen esos documentos pero reconoció que tienen un valor enorme. “Lo que no abunda en los juicios de lesa humanidad es prueba documental sobre el aparato represivo”, afirmó. “Cuando nos damos cuenta de que ahí había informes de inteligencia que se encontraban en una zona sobre la cual no hay demasiadas investigaciones y sabemos que hay nombres de personas que se desempeñaban y de víctimas, todo eso nos servirá para reconstruir los hechos que todavía no pudimos dilucidar”, explicó.
En el acto realizado el jueves pasado estuvieron presentes los magistrados judiciales; los estudiantes que hicieron el trabajo; la titular del Archivo, María Eleonora Cristina; la decana de Ciencias Sociales, María Inés Peralta; la docente de Derechos Humanos Carol Solís, y Adrián Camerano, responsable del área de Memoria y Derechos Humanos del Refugio Libertad, que se levanta sobre parte del predio militar, cuyas paredes conocieron el horror.
Refugio Libertad, con impacto social
Un sector del amplio predio donde tuvo base el Escuadrón de Artillería 141 del Ejército se ha transformado en el llamado Refugio Libertad.
Según relató el periodista Adrián Camerano, es gestionado por la ONG ‘Trabajadoras Unidas por la Tierra’, que consiguió el permiso de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
“Lo bautizaron Refugio Libertad y en estos casi seis años, además de cultivar la tierra y criar animales, el colectivo de trabajadoras rurales enrolado en la Utep desarrolló un galpón de reciclaje, una bodega y sala de extracción de miel, un merendero, un ropero comunitario, un espacio para infancias y una biblioteca y centro cultural”, explicó Camerano.
Agregó que hay “una experiencia que incluye un secundario para adultos y una granja para jóvenes en recuperación del consumo problemático de sustancias, además de un sitio de Memoria, porque el predio está reconocido como CCD (Centro Clandestino de Detención) desde 2018, oficialmente señalizado desde el 2 de julio de 2022”.
